SEGURIDAD SOCIAL- Dr. Jorge Rendon Vasquez (1983)

SEGURIDAD SOCIAL
Jorge Rendon Vasquez
Manual de Derecho de la Seguridad Social (1983)

Definición de seguridad social.

A la seguridad social se le puede definir como el conjunto de esfuerzos realizados por una sociedad para prevenir los riesgos sociales y reparar sus efectos. Estos esfuerzos se integran en un sistema de políticas, normas, actividades de administración y procedimientos.

Las políticas de seguridad social constituyen los objetivos y planes trazados por el Estado a fin de lograr la prevención y la cobertura de los riesgos sociales y la seguridad económica necesaria para hacerles frente. Estas políticas están dirigidas no solamente a otorgar prestaciones sino también a acopiar los recursos económicos suficientes para financiarlas. Por consiguiente, ellas deben implicar un esfuerzo de distribución racional del ingreso económico nacional.

En una sociedad capitalista, en que los medios de producción pertenecen a particulares y en la que hay, por lo tanto, grandes diferencias sociales, las políticas de seguridad social, en ciertos casos, se hallan encaminadas a redistribuir ingresos, como sostuvieron Franklin D. Roosevelt y William H. Beveridge, los más importantes impulsores de esta tendencia, transfiriéndolos, por la vía de las prestaciones sociales y los impuestos, de quienes más ganan a quienes menos ganan.

En una sociedad socialista, en que los medios de producción pertenecen a toda la colectividad, ya a través del Estado ya de los propios trabajadores, no hay una redistribución de ingresos sino una distribución planificada de ellos; en efecto, en este caso, el producto social global, o producto nacional, se divide ab initio en una parte que retorna al proceso productivo bajo la forma de medios de producción, y otra que es entregada a la colectividad para el consumo personal; los gastos en seguridad social se incluyen dentro de esta segunda parte, debiendo guardar una proporción racional con las necesidades de la población.

Las políticas de seguridad social pueden consistir en:

— esfuerzos destinados a mantener la salud;

— esfuerzos destinados a conservar los ingresos de los individuos; y en

— esfuerzos destinados a distribuir o redistribuir ingresos, según cada tipo de sociedad.

El aspecto normativo se plasma en el Derecho de la Seguridad Social, que es el conjunto de normas jurídicas destinadas a llevar a la práctica las políticas de seguridad social. La expedición de estas normas corresponde, en el ámbito interno de cada país, a los órganos del Estado encargados de la función legislativa y reglamentaria, y, por vía de delegación, a las instituciones administrativas de la seguridad social; y, en el ámbito internacional, a los organismos internacionales especializados, como la Organización Internacional del Trabajo y las asociaciones de Estados.

La actividad administrativa consiste en el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social y en la captación de los recursos financieros necesarios para ello, a cargo de órganos centrales del Estado o de instituciones descentralizadas.

La estructura administrativa abarca así dos campos bien delimitados: el del financiamiento y el del suministro de las prestaciones, que pueden hallarse confiadas a la misma institución o a diversas. En todo caso, es evidente que debe haber equilibrio entre los recursos financieros y el costo de las prestaciones y de la administración.

Los procedimientos son los caminos formales que permiten acceder a las prestaciones o a otros actos administrativos, propios de la seguridad social.

Noción y bases del derecho a la seguridad social.

Actualmente se entiende, de un modo general en el mundo, que toda persona tiene derecho a recibir las prestaciones de la seguridad social. Estas prestaciones constituyen una materialización de determinados derechos sociales del ser humano. Su justificación surge de dos planos.

En primer lugar, de un plano social. La humanidad ha avanzado ya a un estado de cosas en que el hombre debe estar protegido contra los riesgos que lo amenazan. Es la evolución social la que nos ha llevado a esta situación, evolución propulsada fundamentalmente por la acción de las clases trabajadoras en su lucha contra la explotación y por una mayor participación en el ingreso económico.

En segundo lugar, de un plano jurídico. Las normas sobre seguros sociales en los primeros momentos y luego sobre seguridad social, obtenidas por la presión de los trabajadores y sus organizaciones, se han ido generalizando en todos los países. A ello ha contribuido la acción de los organismos internacionales. Merece mención especial la Declaración Universal de Derechos humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, donde se encuentra esta norma categórica: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social...".

En el Perú, la Constitución (1979) ha reconocido este derecho en forma limitada al decir "El Estado garantiza el derecho de todos a la seguridad social. La ley regula el acceso progresivo a ella y su financiación" (art 12).

Consecuencias del derecho a la seguridad social.

Son las siguientes:

— El derecho a la seguridad social es inherente al ser humano como integrante de la sociedad. Aun cuando la percepción y la cuantía de las prestaciones puedan hallarse sujetas a determinadas condiciones, debe entenderse que el derecho nace, en principio, de la situación indicada. No se debe ya, por lo tanto hacer derivar el derecho a la seguridad social sólo de la condición de ser trabajador o de pagar determinadas cotizaciones. Desde este punto de vista, el derecho a recibir prestaciones de salud de vejez, de invalidez y de muerte debería corresponder a toda persona, el derecho a recibir asignaciones familiares a todo niño joven y hogar, y las demás prestaciones a quienes tengan necesidad de ellas.

— El derecho de todo ser humano a la seguridad social crea correlativamente para los Estados la obligación de realizar todos los esfuerzos necesarios para darles a sus integrantes seguridad social; dado que las prestaciones adecuadas implican un gasto determinado, el Estado debe organizar la distribución del ingreso económico nacional para hacerle frente.

— El derecho a la seguridad social es irrenunciable; pero esta irrenunciabilidad podría ser entendida con un doble significado: en un sentido amplio, como el derecho a perseguir la implantación o la extensión de la seguridad social por quienes aún no disfrutan de ella; y, en un sentido restringido, como la imposibilidad jurídica de sustraerse por un contrato a su protección por quienes son beneficiarios obligatorios, lo que no impide el abstenerse voluntariamente de gozar de algunas prestaciones.

Precisiones terminológicas.

— En la evolución de la protección contra los riesgos sociales aparecen algunos conceptos que denotan hechos o instituciones determinados que estimamos importante señalar, porque su uso no correcto podría dar lugar a confusiones. Esos términos son los de asistencia pública, previsión social, seguros sociales y seguridad social.

La asistencia pública o social es la ayuda que presta el Estado a las personas de bajos recursos económicos, ya gratuitamente, ya por un precio muy reducido. Se inspira en la asistencia privada o caridad y no implica, por lo general, un vínculo obligatorio entre la persona necesitada de la atención y la entidad a cargo del servicio. En el Perú, la atención médica en los centros asistenciales del Ministerio de Salud tiene por base la asistencia pública.

La expresión previsión social deriva del término previsión con el cual se señalaba una actividad destinada a dar protección a una, persona o conjunto de personas afectadas por un riesgo social. La previsión era individual cuando una persona mediante el ahorro personal guardaba recursos para gastarlos cuando el riesgo se presentaba; la previsión era colectiva cuando un grupo empleaba este procedimiento organizando mutuales o afiliándose a un seguro privado. Se llamó previsión social luego a la coexistencia de las actividades de previsión individual y colectiva, y de los seguros sociales, que comenzaron a generalizarse a principios del presente siglo. La aparición de la seguridad social ha vuelto obsoleto el término previsión social.

El seguro social es un régimen legal y administrativo conformado por un conjunto de derechos y obligaciones que se traducen en el otorgamiento de prestaciones contra uno o varios riesgos sociales y en la recepción de los ingresos económicos correspondientes para el pago de esas prestaciones. Pueden existir así, el seguro social de enfermedad y maternidad, el seguro social de vejez, invalidez y muerte, el seguro social de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, etc. Cada régimen o seguro social puede hallarse administrado por una entidad propia, a la cual por lo general se le llama caja, o se puede confiar la administración de varios seguros sociales a una sola entidad. La seguridad social, es, como ya lo hemos visto, un sistema integral de políticas, normas, actividades de administración y procedimientos destinados a prevenir los riesgos sociales y reparar sus efectos. Se considera que en un país hay seguridad social si concurren los siguientes elementos:

— Cuando hay una política nacional de seguridad social, concordante con una política económica, orientadas a la distribución o redistribución del ingreso nacional;

— Cuando la mayor parte de la población goza de prestaciones de salud, lo que implica, en el caso de los seguros sociales, necesariamente la extensión de las prestaciones de salud a la familia de los asegurados; y

— Cuando hay un conjunto de seguros sociales que abarcan a la mayor parte de la población activa para la cobertura de los demás riesgos sociales. Según ello, en nuestro país, no hemos llegado aún a la etapa de la seguridad social, aunque se utiliza esta expresión para designar al conjunto de seguros sociales; seguimos en la etapa de los seguros sociales.

El campo de aplicación de la seguridad social.— La evolución de la protección contra los riesgos sociales, desde que aparecieron los seguros sociales, muestra que, en cuanto a su campo de aplicación, se han dado dos grandes sistemas que corresponden a dos etapas: un sistema de protección de carácter laboral y otro de carácter universal.

El sistema de carácter laboral.

— Este sistema ha colocado al trabajador como sujeto fundamental de la protección; es en torno de él y de la actividad económica que desarrolla, que organiza los medios de protección. y de financiamiento de las prestaciones; de él dimana el derecho de su familia a recibir también las prestaciones contra determinados riesgos, como la enfermedad, la maternidad y las cargas familiares. El sistema de carácter laboral, propio de casi todos los países capitalistas, toma, sucesivamente, las tres formas siguientes:

1. La protección exclusiva de los trabajadores con menores recursos económicos o remuneraciones, lo que sucedió cuando surgieron los seguros sociales hacia fines del siglo pasado.

2. La protección obligatoria de todos los trabajadores situados en relación de dependencia respecto de un empleador público o privado, la que se extiende luego a sus familiares (cónyuge e hijos y, en algunos casos, otros familiares);

3. La protección obligatoria de todos los trabajadores dependientes e independientes, urbanos y rurales, y sus familias. El sistema de carácter universal.

— Este sistema extiende la protección de la seguridad social a todas las personas de la sociedad con prescindencia de que trabajen o no. Es más evolucionado que el anterior. Tiene como centro de atención la salud de la población a la cual se brinda gratuitamente los servicios para conservarla o restaurarla y cubre, con diferente extensión, según los países que han llegado a él, los riesgos de vejez, muerte y cargas familiares, también de toda la población, quedando circunscritas al medio laboral los denominados riesgos profesionales, como los accidentes de trabajó, las enfermedades profesionales y el desempleo. Han adoptado este sistema, los países socialistas, Inglaterra, Nueva Zelandia e Italia.

LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1975) Por: Jorge Rendón Vásquez

LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Revista derechos sociales (1975)

Por: Jorge Rendón Vásquez

Hay en nuestro país una cierta corriente que pretendería entregarle al Ministro de Salud la exclusividad en el otorgamiento de los servicios de salud. Se trataría, en apariencia, de restarle posibilidades a la medicina liberal lo que sería loable, pues, como todo el mundo sabe, la medicina liberal ha encarado el problema de las prestaciones de salud como un negocio ubicado dentro del campo de la libre empresa, es decir en la antípoda de lo que debería ser la medicina cuya finalidad es cuidar de la vida y la salud con generosidad social.

Mas no es así, la exclusividad reclamada en este campo para el Ministerio de Salud se halla dirigida a sustraerle a la seguridad social la obligación de proporcionar servicios de salud a los asegurados, sin menguar no obstante las posibilidades de la medicina liberal que continuaría su expansión ante las dificultades del Ministerio de Salud para satisfacer las crecientes necesidades en servicios de salud.

Así planteadas las cosas, quisiéramos señalar aquí algunas consideraciones según las cuales no sólo no debe transferirse los centros asistenciales de Seguro Social del Perú al Ministerio de Salud, sino que, por el contrario, dichos centros deben ser aumentados y mejorados en concordancia con una política realista de extensión de la seguridad social.

LA INFRAESTRUCTURA ASISTENCIAL DE SEGURO SOCIAL DEL PERU

El Seguro Social del Perú cuenta actualmente con 2 hospitales centrales, 5 hospitales regionales, 11 hospitales zonales, 2 policlínicos, 54 postas asistenciales y 100 puestos asistenciales.

Los hospitales de Seguro Social del Perú han sido construidos desde 1939 hasta 1963 en que se termina el hospital de Chimbote. Durante el año de 1974 se han creado casi cien puestos asistenciales de empresa, la mayor parte en zonas urbanas. Asimismo, el hospital Nº 2 de Chiclayo, edificado a pesar de los obstáculos de todo género.

¿Por qué la Caja Nacional de Seguro Social y el Seguro Social del Empleado hasta 1973 y Seguro Social del Perú en 1974 no han construido más hospitales?

Por dos razones: hasta 1970 por una errada política en la materia por la incurría de las autoridades responsables de la seguridad social; y de esa fecha hasta ahora por la oposición de ciertos medios del Ministerio de Salud.

La primera de estas razones no puede serle imputable a las actuales autoridades del Ministerio de Trabajo ni de Seguro Social del Perú.

Veamos lo que sucedió en el pasado. La Ley N9 8509 de 23 de febrero de 1937 estableció por su artículo 219 que en las provincias donde la Caja Nacional de Seguro Social careciera de servicios de salud, los empleadores debían pagar una aportación del 2% sobre el monto total de los salarios de sus obreros. Las sumas cobradas por este concepto sirvieron para la construcción de la mayor parte de hospitales de la indicada entidad.

Además de ello el inciso a) del artículo 14º de dicha ley dispuso que las reservas técnicas y las reservas libres serían invertidas en la construcción e instalación de consultorios, maternidades, dispensarios, sanatorios para tuberculosos, centros de readaptación, hospitales, clínicas y, en general, toda obra que contribuya a mejorar las condiciones de asistencia de los asegurados y la sanidad del país. Pero esta fue la menor parte. De hecho, el fondo creado con aportaciones del 2% dio los mayores recursos.

El artículo 7º de la Ley Nº 11321 de 24 de mayo de 1950 derogó la aportación del 2% con lo cual se aniquiló un fondo que hasta ese momento había sido de gran utilidad. Si bien por esta ley se aumentaron las aportaciones del 6% al 11%, también fueron aumentadas las prestaciones. En adelante sólo quedarían como recursos para la construcción hospitalaria las reservas técnicas y libres. El ritmo de construcción hospitalaria disminuyó, en consecuencia, hasta que a partir de 1963 no se construyó más hospitales por la Caja Nacional de Seguro Social.

A fines de 1970 empieza la transformación de los antiguos seguros sociales con el nombramiento de sendas comisiones reorganizadoras y un replanteamiento total de la política a seguir en este aspecto. Y aún cuando la tarea es difícil, los objetivos trazados están siendo alcanzados con efectos saludables para los asegurados, si bien lo hecho no es aún ni de cerca todo lo que debe hacerse.

Ante la insuficiencia de la infraestructura hospitalaria de los seguros sociales se dio paso a la política de contratación de servicios con el Ministerio de Salud, beneficencias públicas, etc.; lo que no contribuyó a mejorar la atención de los asegurados.

La segunda de las razones indicadas se evidencio con la oposición de algunos funcionarios del Ministerio de Salud que se opusieron que en los presupuestos de inversión de Seguro Social del Perú se registre los fondos necesarios para hospitales pese a la necesidad de hacerlo. Así, por ejemplo, se había programado para el bienio 1973-1974 la construcción de dos hospitales en Lima metropolitana y hasta se consiguió los terrenos. Mas debido a esa oposición no pudo llevarse adelante las obras. El resultado de esta política es que al no extender la seguridad social sus servicios de salud el asegurado que no desee esperar su turno en los congestionados centros del Seguro y su familia se ven obligados a someterse a las exigencias económicas de la medicina liberal.

LA POLÍTICA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

El Plan del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada INCA ha señalado como una de las acciones que deberán cumplirse: "Extender progresivamente la seguridad social a toda la población, asegurando inicialmente al trabajador y a sus familiares".

Si tenemos en cuenta que la seguridad social cubre, entre otros, los riesgos de enfermedad-maternidad y de muerte es obvio que esta extensión alude a la necesidad de proteger contra tales riesgos y mediante la seguridad social a toda la población.

Se infiere de aquí que para que esa atención sea posible es necesario que aumenten los centros asistenciales de Seguro Social del Perú.

El Plan INCA también prescribe, al referirse a las acciones de salud, que se deberá "Planificar e integrar las actividades de salud con criterio social cubriendo a toda la población". El concepto de integración aquí postulado requiere ser analizado.

Se ha partido del punto de vista de que la dispersión de las actividades de salud no favorece el objetivo de proteger en forma cabal y conveniente la salud de nuestro pueblo por la falta de coordinación, la duplicación y hasta triplicación de esfuerzos administrativos y la falta de normas de salud.

Pero esta integración no quiere decir que deba aniquilarse la facultad conferida al Seguro Social del Perú por el propio Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (Decreto-Ley Nº 20212) de otorgar servicios de salud a los asegurados ni tampoco paralizar las iniciativas para ampliar la infraestructura asistencial de esta entidad, como en algunos medios se ha pretendido entender.

Creemos que esa integración es necesaria y que debe ser lograda, en definitiva, pero que es necesario preparar las condiciones para su concretización.

LA ORGANIZACIÓN

Es preciso hacerlas, iguales lo que supone igualar las estructuras organizativas, las condiciones de trabajo y de remuneración del personal asistencial y el régimen de atención.

En el Seguro Social del Perú existe una estructura uniforme en todos los hospitales dado por la Resolución Suprema Nº 051-74-TR de 28 de enero de 1974 y modificado por la Resolución Suprema Nº 248-74-TR de 16 de setiembre de 1974. Es una estructura funcional que responde a las necesidades de suministrar servicios eficientes a los asegurados. La estructura de los hospitales del Ministerio de Salud es diferente.

Las condiciones de trabajo y de remuneración de los médicos y otro personal de los centros asistenciales son igualmente homogéneos en el Seguro Social del Perú. No se podría decir, sin embargo, que se ha llegado al non plus ultra en este aspecto. Al personal de las ciencias médicas, por ejemplo, se le ha aumentado la jornada de trabajo a 8 horas por día y 48 por semana por Decreto-Ley 18902 de 6 de julio de 1971 para ampliar los servicios, pagándosele las dos horas más de trabajo sobre las seis que laboraban anteriormente. Y no han tenido más aumento durante muchos años.

En los hospitales del Ministerio de Salud los médicos y otro personal prestan servicios sólo cuatro horas. Ello da como resultado que sólo atiendan en sala y consulta externa por las mañanas dejando un personal reducido para el servicio de emergencia, lo que constituye un desperdicio flagrante de infraestructura asistencial. Un país en vías de desarrollo como el nuestro con serios problemas de atención médica no debería permitir que sus hospitales se abstengan de utilizar su máxima capacidad de atención al público durante las tardes y aún en la noche.

¿Por qué no lo hacen?

Por dos causas: en primer lugar para permitir que los médicos de sus hospitales practiquen la medicina liberal por las tardes y porque el Ministerio de Salud carece de recursos para pagarles a los médicos por cuatro horas más de trabajo a fin de que la atención sea continuada como ocurre en los hospitales de Seguro Social del Perú.

¿Cuánto le costaría al Ministerio de Salud igualar la de Seguro Social del Perú?

Una suma que no ha recibido presupuestariamente. Ya aquí ingresamos a la esfera del financiamiento.

EL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Las prestaciones de salud que la seguridad social otorga están financiadas por aportaciones de las empresas y los asegurados. Esas aportaciones se basan en cálculos actuariales que consideran el costo total del servicio.

Según la Ley Nº 11321 el Seguro de Salud Obrero debía ser cubierto con una aportación de los asegurados equivalente al 3% de sus salarios, con una aportación de los empleadores equivalente al 6% y con una aportación del Estado del 2%. Según la Ley Nº 13724 el régimen de aportaciones del Seguro Social del Empleado debía ser para empleados particulares 3% de las remuneraciones a cargo del empleado, 3.5% a cargo del empleador y 0.5% a cargo del Estado y para los empleados públicos 2 1/2% a cargo del empleado, 3% de la entidad empleadora y 0.5% del Estado.

Pero el Estado no aportó lo que debía. La deuda a la Caja Nacional de Seguro Social fue cubierta en una mínima parte con el terreno donde se construyó luego el Centro Cívico de Seguro Social del Perú. La deuda al Seguro Social del Empleado nunca fue cancelada.

Esa obligación estatal, en verdad, no favoreció a la seguridad Social. Por el contrario, fue un obstáculo para su crecimiento, pues cada nuevo asegurado le significaba al Estado la aportación de una cierta cantidad que no estaba en condiciones de abonar.

Fue precisamente para desbloquear el camino hacia la expansión de la seguridad social y para contar sobre hechos reales que hubo de darse el Decreto-Ley Nº 18982 por el cual se eliminó la aportación del Estado para prestaciones de salud por asegurado y se le sustituyo por la aportación de los trabajadores 3% y del empleador 6%.

Por consiguiente, las prestaciones otorgadas por la seguridad social se financian con las aportaciones de las empresas y los asegurados realizándose el cálculo matemático actuarial a fin de sostener el sistema, en otros términos, ese servicio lo pagan socialmente los propios interesados en conjunto.

Si quisiera implantarse un sistema nacional de salud gratuito a cargo del Ministerio de Salud, el Estado tendría que financiarlo. Pero ¿podría hacerlo?

El financiamiento de un sistema nacional de salud es posible en los países socialistas por cuanto los recursos financieros son captados en las fuentes de producción directamente debido a que la mayor parte de empresas está socializada.

En el Perú, en cambio, la economía es plural; hay varios sectores. de allí la necesidad de acudir, en general, al tributo como medio de captación de recursos financieros. Pero la tributación, tiene una capacidad límite, según los sujetos y actividades afectas. Por otro lado, no habiendo impuestos destinados, los recursos presupuestarios en su conjunto son repartidos según ciertas prioridades. Desde el punto de vista práctico hay, además, otras situaciones a ser consideradas: las presiones políticas, la fuerza de tales o cuales ministerios y las ideas que se tienen sobre qué aspectos son prioritarios sobre otros; todo lo cual obstaculiza la fluidez necesaria de recursos hacia tales o cuales aspectos.

No faltan quienes piensan que asumiendo el Ministerio de Salud los centros asistenciales de Seguro Social del Perú podría financiarse, con los recursos de éste, las prestaciones de salud para el resto de la población. Aparte de la imposibilidad de hacerlo por las incompatibilidades administrativas ya señaladas, la situación no variaría en absoluto, pues el costo del servicio otorgado a los asegurados tendría que seguir siendo cubierto por las aportaciones que a tal fin se pagan. No se podría tornar este dinero y estirarlo para que pague también los gastos que implica dar servicios a otras personas. De aquí que la tendencia que quisiera que Seguro Social del Perú financie más prestaciones de salud que las que realmente puede sea completamente errada. El quid de dar prestaciones a más personas reside en obtener recursos para financiarlas. O esos recursos los suministra el Estado o se crean nuevas aportaciones.

En suma, el costo enorme que representaría dar servicios de salud gratuitos a toda la población nacional no podría ser financiado con los recursos presupuestarios por ser estos insuficientes y por los obstáculos que se presentan. De allí que se tenga que pensar en otras perspectivas. No cabe sino la vía de la seguridad social que posibilita darle a las prestaciones de salud el financiamiento adecuado.

La extensión de la seguridad social a nuevos trabajadores está financiada con el pago de las aportaciones pertinentes por éstas y las empresas en las cuales prestan servicios. Tal lo que ocurre, por ejemplo, cuando los trabajadores obreros de nuevas provincias son incorporados, a la seguridad social, o cuando se afilian a nuevos trabajadores dependientes, a asegurados facultativos y a asegurados de continuación facultativa en que estos pagan el íntegro de las aportaciones.

La extensión de la seguridad social a la familia de los trabajadores implica, en el fondo y en parte, una traslación de recursos del patrimonio de cada trabajador a la seguridad social, la que se hace cargo del otorgamiento de los servicios médicos a aquélla. Decimos, en parte, porque el costo total de estos servicios no debe ser financiado exclusivamente con las aportaciones de los trabajadores sino también por las empresas.

Estas aportaciones se asemejan a los tributos, pero son diferentes de ellos. Son semejantes porque se hallan determinadas por la ley, porque su pago es obligatorio y porque están sujetas a cobranza coactiva. Son diferentes porque su destino es el financiamiento de prestaciones determinadas y son abonadas por este concepto al Seguro Social del Perú.

Las aportaciones que paga el empleador a la seguridad social son una parte del costo en fuerza de trabajo. No salen del patrimonio particular del empleador. Al igual que ocurre con las remuneraciones pagadas directamente al trabajador, forman parte del precio del bien o servicio objeto de la actividad de la empresa.

Las aportaciones de los trabajadores son una parte de la remuneración que éstos reciben puesto que son deducidas de ellas. De este modo, se puede afirmar que las aportaciones a la seguridad social tienen la naturaleza de las remuneraciones por su origen y por su finalidad de reparar la salud del propio trabajador y la de su familia, no siendo cierto que el consumidor asuma el valor de esas aportaciones como una carga más; el consumidor paga el precio del bien o servicio que adquiere, en el cual hay una serie de componentes: insumos, fuerza de trabajo, impuestos indirectos, beneficios. Es claro que la magnitud de las nuevas aportaciones dependerá de la capacidad de pago que tengan las empresas y los trabajadores y de la elevación de los precios que aquéllas originan por cuanto las aportaciones a cargo de las empresas son trasladadas de inmediato a los precios como ocurre con cualquier aumento en el costo de los insumos, remuneraciones e impuestos.

Como conclusión de lo expuesto se puede decir que el problema de darle a toda la población peruana servicios de salud gratuitos debe ser resuelto mediante la extensión de la seguridad social y de la estructura asistencial de ésta. Dicha extensión debería cubrir, en un primer momento, a la familia de los trabajadores asegurados y luego a los trabajadores independientes. En esta forma se comprendería a toda la población activa y a la familia de esta en forma obligatoria, es decir a más de un noventa por ciento de la población con la certeza de que las prestaciones de salud que se les otorguen estarán correctamente financiadas por aportaciones destinadas exclusivamente a este fin. El Ministerio de Salud cubriría el área no tocada por la seguridad social, hasta que se produzca la integración dentro de la institución pública descentralizada que es el Seguro Social del Perú, (y no empresa pública) al que podría asumir por extensión la atención de la población no asegurada.

En esta forma podríamos alcanzar un objetivo necesario en el Perú, trabajando sobre la base de nuestra propia evolución; sin menospreciar las experiencias ajenas, pero asimismo sin pretender calcarlas en contra de las características de nuestra realidad.

¡INDIGNAOS! O, SI LO PREFIEREN, ¡INDÍGNENSE! -Por Jorge Rendón Vásquez

¡INDIGNAOS! O, SI LO PREFIEREN, ¡INDÍGNENSE!

Por Jorge Rendón Vásquez

 Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Docteur en Droit por l´Universite de Paris I (Sorbonne)

Son cientos de miles, sobre todo jóvenes, que llegan en oleadas a las avenidas y plazas públicas de España, Francia, Bélgica, Israel, Chile y pronto de otros países. Se reúnen en grandes manifestaciones pacíficas, porque los indignan la falta de oportunidades de empleo, la galopante crisis económica, la complicidad de los gobiernos de centro y derecha con ésta, el conformismo de los movimientos antaño contestatarios, y el porvenir para ellos, oscurecido por la incertidumbre y la desesperanza.

Es éste un movimiento muy reciente, aunque en incubación en la mente de los jóvenes desde varios años antes. Un buen día de 2010 bastó una chispa para inflamarlo. Fue un folleto de veintidós páginas (Indignez vouz!) escrito por Stéphane Hessel, un francés judío nacido en Berlín, de noventa y tres años, exalumno de la famosa Escuela Normal Superior de la rue d’Ulm de París y secretario de la comisión redactora de la Declaración de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas, en París en 1948 (que nuestro país ha ratificado y forma parte de nuestro derecho interno).

Stéphane Hessel ha llamado a los jóvenes a la indignación, y ha sido escuchado.

“El motivo de base de la Resistencia (contra el nazismo) —dice— era la indignación. Nosotros, veteranos de los movimientos de resistencia y de las fuerzas combatientes de la Francia libre, llamamos a las jóvenes  generaciones a hacer vivir, a transmitir, la herencia dela resistencia y sus ideales. Nosotros les decimos: ¡continúen la posta, indígnense! Los responsables políticos, económicos, intelectuales y el conjunto de la sociedad no deben renunciar, ni dejarse impresionar por la actual dictadura internacional de los mercados financieros que amenazan la paz y la democracia. Les deseo a todos, a cada uno de ustedes, tener un motivo de indignación. Es preciso. Cuando algo os indigna, como estuve yo indignado por el nazismo, entonces uno se convierte en militante, decidido y comprometido.”

Stéphane Hessel convoca, en suma, a los jóvenes a defender el programa de derechos aprobado por el Consejo Nacional de la Resistencia en 1944, y plasmados en el   de la Constitución francesa de 1946 y en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948.

Es que esta generación, que va de los dieciséis a los treinta años, no cree en los partidos políticos ni, incluso, en la ideología sin renovación de los revolucionarios de antaño. Se sienten traicionados por ellos, o les son indiferentes. Quieren otra cosa. Y tienen razón.

Cuando en la década del ochenta, el neoliberalismo se lanzó a fondo a desmontar el Estado de Bienestar, que había sido el leitmotif del pacto social de la postguerra de 1945, los partidos socialistas se allanaron, teorizaron a favor de esta corriente y la impusieron desde los gobiernos a los que ascendieron con los votos de los ciudadanos que no querían o recelaban de esta corriente. Y fueron tanto o más letales que los partidos de derecha. A excepción del francés—aislado por eso—, los partidos comunistas supervivientes se dejaron seducir también por ella. La mayor parte de teóricos de izquierda en las cátedras universitarias abogaron por el neoliberalismo y su versión de flexibilidad laboral, y los santificaron como un excelente camino hacia la modernidad y el empleo. Veinte años después, las clases trabajadoras europeas habían perdido cerca del veinte por ciento de su participación en el PBI, estaban en peligro de perder más puntos aún y el desempleo las cercaba. Los frutos del pacto social, de la economía social de mercado que ayudaron a implantar y de su trabajo, que los habían provisto de cómodas viviendas, electrodomésticos, buen mobiliario, automóviles, vacaciones en cualquier parte del mundo, seguridad social completa, subsidios de desempleo suficientes para mantener su nivel de vida y excelentes servicios públicos, se desmenuzaban y partían hacia las cuentas de ganancias de los empresarios. Y, mientras tanto, esos teóricos de cátedra: ¡bien gracias! inmunes al desempleo en sus cargos públicos.

La mayor parte de las clases trabajadoras europeas comparte la responsabilidad de sus dirigentes políticos.

Las apoyaron y llevaron al gobierno. Aun ahora, un gran porcentaje de ellas cree en los partidos de derecha a los cuales trasladarán su voto, con la esperanza errónea de conservar ciertos beneficios. Se han apelmazado en la comodidad de su vida desahogada. En Francia, más de un treinta por ciento de los trabajadores se inclina a votar por Martine Le Pen, del ultranacionalista Frente Nacional, por su rencor cerval hacia los trabajadores inmigrantes.

¿Y qué dicen esas clases, cúpulas dirigentes y bases, del ataque de la OTAN a Libia y del financiamiento de los mercenarios y combatientes contra el gobierno de Kadafi? Saben, sin duda, que les seguirá llegando el petróleo para hacer andar sus automóviles y calentar sus hogares en invierno. Como dice un tango de Lepera y Gardel: “Silencio en la noche…”

El movimiento de los indignados en Francia está precedido por otras movilizaciones de la juventud en el siglo veinte.

En mayo de 1968, los universitarios de la Sorbonna salieron a las calles y levantaron barricadas. Las clases trabajadoras los apoyaron. Toda Francia se conmovió. Los universitarios abatieron el régimen de los “mandarines” y lograron la democratización y modernización de la enseñanza; y la CGT suscribió los “Acuerdos de Grenelle”, en los que se reconoció la sección sindical y otros importantes derechos sociales. En 2006, los estudiantes de secundaria y universitarios se lanzaron por millones a las calles contra el contrato de trabajo sin estabilidad que el gobierno derechista de Chirac quería imponerles.

La CGT y FO se unieron a la protesta, y Francia fue paralizada otra vez. El gobierno cedió archivando la ley aprobada. Desde la Revolución Francesa de 1789 las insurrecciones populares, acaudilladas siempre por jóvenes, son temibles para la plutocracia y sus acólitos. Se desbordan de los locales cerrados y arrastran también a los resignados. Y es de prever que esto vuelva a pasar cuando la desregulación y la precarización aumenten la presión y hagan estallar la marmita.

Los jóvenes indignados intuyen que serán ellos las nuevas fuerzas que conduzcan a la sociedad hacia otro estadio.

Pero, ¿a cuál, adónde, con qué caracteres? Ante la epopeya de la revolución rusa de 1917, el poeta Mayakovsky decía: “Silencio oradores, tiene la palabra el camarada mauser”. Los jóvenes tendrán que exclamar ahora: “Silencio oradores, tiene la palabra la camarada ideología”.

Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto los llevó a caminar por el desierto cuarenta años. Quería la desaparición física de la generación de esclavos conformistas que había liberado, incapaces de pensar en un mundo nuevo y mejor, y conquistar la tierra prometida con una nueva generación sana de espíritu.

Tal vez nuestro pueblo haya de pasar también por este cambio generacional. Pero se requerirá en la juventud, indignación, mucha indignación, audacia y buen juicio para no recaer en las fórmulas del pasado, ahora obsoletas.

((8/9/2011)

EL LENIN DE PANNEKOEK Y SUS DIFUSORES PERUANOS- Por Jorge Rendón Vásquez

EL LENIN DE PANNEKOEK Y SUS DIFUSORES PERUANOS

Por Jorge Rendón Vásquez

Hace algunos días, un estudiante de Filosofía y otro de Sociología me trajeron el libro de Anton Pannekoek Lenin Filósofo, editado en Lima, en octubre de 2019, por un grupo autodenominado Dialéctica Editores.

Ilustra la carátula un dibujo de Lenin de perfil en negro sobre un fondo rojo intenso. La mirada de Lenin es segura y la acompaña un discreto aire sonriente, como aparecía en los carteles impresos en la Unión Soviética, cuando lo evocaban como el numen y líder de la gran Revolución de octubre de 1917.

Este Lenin es, sin embargo, vapuleado y apostrofado por el autor y sus comentaristas, como un deficiente alumno de Filosofía, ignorante del marxismo y otras expresiones desdeñosas; por ejemplo: “su pretendido marxismo era simplemente una leyenda. En efecto Lenin ha ignorado siempre lo que es el marxismo real.” (Pannekoek, pág. 205); “Lenin es un personaje que, con el telón abajo, se reconoce y autopercibe muy poco conocedor de la filosofía […] aparenta ser un filósofo desasnado” (Ernesto Makanakuy, pág. 62, quien añade: “Lenin, en sus periplos berneses fechados precisamente en septiembre de 1914, aledaño al frío de los Alpes suecos”; se podría suponer que se refiere a la permanencia de Lenin en Berna, Suiza, muy lejos de Suecia adonde no llegaron los Alpes; por algo se dice que la ignorancia es atrevida).

Los franceses dirían de esto: Quel culot ¡, cuya traducción menos ofensiva sería qué descaro.

El indicado libro de Pannekoek fue publicado en alemán, en 1938, por el Grupo de los Comunistas Internacionales de Holanda. Luego hubo otras ediciones en varios idiomas.

Tuvo como propósito combatir el libro de Lenin Materialismo y emperiocriticismo publicado en ruso en 1908 y reproducido en otros idiomas luego de la Revolución Rusa de 1917.

Tras ese propósito, el interés central de Pannekoek fue atacar “el sistema de capitalismo de Estado (que) tomó cuerpo definitivamente en Rusia, no desviándose en relación con los principios establecidos por Lenin en El Estado y la revolución, por ejemplo, sino ajustándose a ellos. Había surgido una nueva clase, la burocracia, que domina y explota al proletariado.” (pág. 89).

Complementó esa afirmación con esta: “Lenin debía apoyarse en la clase obrera, y como necesitaba proseguir un combate implacable y radical, adoptó la ideología más extremista, la del proletariado occidental que combatía el capitalismo mundial: el marxismo” (pág. 203). En otros términos, para Pannekoek, Lenin fue un simple político oportunista.

“Para poner en claro estas contradicciones que abarcan todos los dominios de la vida y de las luchas sociales —continuó Pannekoek—, hay que ir a la raíz de los principios fundamentales, es decir, filosóficos, de lo que estas corrientes de pensamiento divergentes llaman el marxismo” (pág. 90). Ubicó esa raíz en el libro Materialismo y empiriocriticismo, en el que Lenin expuso “sus concepciones filosóficas” (pág. 90).

Si Pannekoek se preciaba de ser un filósofo, debería haber explicado en alguna parte de su obra cuál habría sido la evolución dialéctica de la sociedad rusa antes y después de la Revolución de octubre de 1917; qué términos dialécticos habrían creado la “nueva clase burocrática” que, como dijo, “explotaba al proletariado”.

Es en vano buscar respuestas a estas preguntas. No existen en ese libro. Tampoco hay en este una conexión de sus afirmaciones antedichas con el contenido de las páginas siguientes.

¿Podría haber dado Pannekoek esas respuestas y explicaciones?

Si se tiene en cuenta su afirmación de que “el marxismo no puede ser una doctrina o un dogma estéril que impone sus verdades. La sociedad se desarrolla, el proletariado se desarrolla, la ciencia se desarrolla […] el método de investigación que (Marx y Engels) forjaron continúa siendo una guía y una herramienta excelentes para explicar los nuevos fenómenos” (pág. 105), cabría suponer que él hubiera podido, por lo menos, intentar emitir las razones por las cuales hacía aquellas afirmaciones. No lo hizo, lo que lleva a colegir que, como otros pretendidos marxistas, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico no pasaban de ser, para él, conjuntos de frases que estaba bien declamar o citar, acompañando sus acusaciones o imprecaciones, mas nunca aplicar a sus realidades concretas para determinar su evolución.

En el examen de Materialismo y empiriocriticismo, al que le destinó el capítulo VII, Pannekoek utilizó el mismo método: hacer afirmaciones sin constatarlas. Si bien citó textualmente varios párrafos de este libro, de ellos no resulta que Lenin se haya equivocado. En todos Lenin se empeñó en señalar la primacía de la realidad material sobre el pensamiento, reflejo de aquella, como habían dicho Marx y Engels.

La causa por la cual Lenin escribió Materialismo y empiriocriticismo fue combatir las ideas de Ernst Mach (austriaco 1838 - 1916) y Richard Avenarius (francés, 1843 – 1896), quienes, en resumen, sostenían la incognoscibilidad del mundo exterior al ser humano, porque la comunicación de este con aquel tiene lugar a través de las sensaciones que podrían, según ellos, no corresponder a los objetos percibidos. La consecuencia de esta afirmación era que el mundo exterior podía ser una creación del pensamiento. Se volvía así al idealismo. Como estas ideas repercutieran en varios intelectuales del Partido Bolchevique, Lenin consideró negativo ese impacto para la unidad ideológica de este.

Lenin dijo: “La cuestión verdaderamente importante de la teoría del conocimiento que divide las corrientes filosóficas no es saber qué grado de precisión han alcanzado nuestras descripciones de las relaciones de causalidad, ni si estas descripciones pueden ser expresadas en una fórmula matemática precisa, sino si la fuente de nuestro conocimiento de estas relaciones está en las leyes objetivas de la naturaleza o en las propiedades de nuestro espíritu, en su facultad de conocer ciertas verdades a priori, etc. Eso es lo que separa para siempre a los materialistas Feuerbach, Marx y Engels de los agnósticos Avenarius y Mach (discípulos de Hume).” (citado por Pannekoek, pág. 176.)

“El materialismo y el idealismo son sin duda partidos enfrentados —proseguía Lenin—. El idealismo no es más que una forma sutil y refinada del fideísmo, el cual, habiendo permanecido con toda su omnipotencia, dispone de muy vastas organizaciones y, sacando provecho de las menores vacilaciones del pensamiento filosófico, continúa incesantemente su acción sobre las masas. El papel objetivo, el papel de clase del empiriocriticismo se reduce enteramente a servir a los fideistas en su lucha contra el materialismo en general y contra el materialismo histórico en particular.” (citado por Pannekoek, pág. 209).

En estas citas se ve claramente la preocupación de Lenin. Marx había puesto al idealismo fuera de combate, y ya no servía como la ideología de las clases propietarias. Kant y Hegel, los mayores exponentes de la filosofía idealista, habían recalado finalmente en la existencia de Dios como el origen de todo cuanto existe, una idea que no tiene su fuente última en la Filosofía, sino en la fe, en la cual se basan las religiones. El cristianismo había reinado en la mente de casi toda la población occidental desde su imposición como la religión oficial y única del Imperio Romano por el edicto de Tesalónica de 380 hasta que fue apartada del Estado por la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y la Revolución Francesa de 1789. Después, al frente ideológico del capitalismo le quedaron como sus bastiones más firmes la religión católica impartida desde el Vaticano y la religión protestante difundida desde varios centros oficiales. Erosionar al marxismo con una intrusión fideista entraba en la estrategia de la superestructura ideológica capitalista.

Luego de las aserciones filosóficas de Marx, la mayor parte de la intelectualidad universitaria se había hecho inmune al idealismo, pero no del todo al espiritualismo que seguía rondando en la mente de las mayorías populares, no sólo en los países de la civilización occidental, sino en los musulmanes y otros. Su fuerza ha sido tal que Rusia, por ejemplo, luego de siete décadas de gobierno del Partido Comunista y con una educación que se suponía era materialista, está ahora tan sometida a los popes ortodoxos como antes de la revolución de 1917 o más, y es capitalista.

A Pannekoek se le ha configurado como un marxista consejista, es decir partidario de la conformación de consejos obreros  (soviets en ruso), por oposición a un gobierno centralizado socialista. Por lo que se supo de su vida posterior, esa fue nada más que una invocación a los obreros a formarlos ¿dónde? ¿cuándo? Nunca los promovió en Dinamarca, su patria, en la que, finalmente, radicó ejerciendo su profesión de astrónomo.

Como colofón, permítame el grupo de estudiantes universitarios editores del libro de Pannekoek una recomendación: deberían volver la mirada hacia nuestra realidad, a esta realidad peruana de todos los días, y tratar de identificar en ella los términos dialécticos que determinan su evolución, tanto en la estructura como en las superestructuras. Sería una tarea consecuente con el marxismo y necesaria para explicar lo que nuestra sociedad es, por qué es así, y hacia donde va.

(Diciembre de 2019)