LA LLAMADA IZQUIERDA EN EL
PERÚ ¿QUÉ ES? ¿QUÉ HA HECHO? EL FUTURO
Por Jorge Rendón Vásquez
Definiciones aceptadas
Los términos derecha,
centro e izquierda se han generalizado en el siglo XX, galopando sobre la
división de la Asamblea Nacional francesa, luego 1789, entre quienes estaban
por la revolución, que ocupaban las bancas de la izquierda, y quienes defendían
al rey, que ocupaban las de la derecha. Pero, en el siglo XX, se les ha atribuido
otras significaciones. A los partidarios de dejar la sociedad y el Estado como
son, manteniendo los privilegios de las clases ricas, se les ha denominado en
conjunto derecha; y, por el contrario, se ha designado como izquierda al
conjunto de quienes quieren las reformas sociales que den como resultado una
redistribución de la riqueza, por lo general moderada. En el fondo, los
mentores de tales definiciones —ciertos intelectuales y el poder mediático
europeo— se propusieron con ellas desterrar del vocabulario político los
términos socialismo, comunismo y anarquismo que, de un modo u otro, suscitaban
la idea de una revolución social.
Esas definiciones en el
Perú
En el Perú, solo a partir
de las primeras elecciones municipales de la década del ochenta, el poder
mediático poseído por la oligarquía comenzó a designar como de izquierda a las
agrupaciones que se reunieron en la Izquierda Unida y llevaron a la alcaldía de
Lima a Alfonso Barrantes Lingán. Pero con esa denominación, el poder mediático ha
buscado insuflar en lo que se denomina la opinión pública desde las ideas de
improvisación y desorden hasta las de terrorismo. Contrariamente, según ese
poder, el término derecha sugiere el orden, la paz social, la experiencia y un
conservadorismo decente. A quienes no están del todo en esta derecha, los
coloca en un púdico centro, bastante aceptable para él. En definitiva, con la
clasificación derecha, centro e izquierda queda erradicada de la nomenclatura
política la realidad de una sociedad dividida en clases sociales antagónicas y
la necesidad de un cambio social a favor de las clases subyugadas.
Siendo la razón de ser de
las agrupaciones de derecha, centro e izquierda, aceptada legalmente, la
posibilidad de llegar al control del Estado para sobreponerse desde allí a la
sociedad civil se debería suponer que, por lo menos, sus dirigentes conocen
bastante bien la composición de la sociedad, su estructura económica y sus superestructuras
política, legal y cultural y que, por lo tanto, cuentan con planes de gobierno
y proyectos de leyes que hagan posible sus propósitos. Como el manejo del
Estado ha evolucionado hasta convertirse en una actividad de profesionales aplicada
a sectores muy diversos y complejos, debería ser obvio que los dirigentes de
las agrupaciones políticas o algunos de sus militantes tienen la aptitud, los
conocimientos y el nivel para dirigir a esos profesionales.
En nuestro país, no es
así. La experiencia demuestra que solo algunas agrupaciones de derecha y de
centro tuvieron (y ¿tienen?) algunos de esos dirigentes, por su cercanía
histórica con el Estado al que tradicionalmente han manejado como cosa propia en
representación de la oligarquía dueña de la mayor parte del poder económico. Y
no han necesitado planes ni proyectos de cambio, puesto que para ellos la
sociedad, la economía y las leyes no deben cambiar; les conviene dejarlas como
están y que evolucionen solas, ya que les permiten continuar usufructuando la
riqueza creada por los trabajadores, como hace siglos desde la conquista
hispánica, aunque con nuevas formas. Más aún, en nuestro país, al poder
empresarial no le ha convenido fomentar la organización de partidos políticos
dirigidos por miembros de sus familias y ha preferido alquilar o financiar
partidos organizados por aventureros a los cuales les ha sido relativamente
fácil obtener el voto de ciudadanos manipulados por su propaganda y el poder
mediático.
Pero tampoco los partidos
y movimientos de la llamada izquierda han tenido un cuerpo de proyectos para
cambiar de alguna forma nuestra sociedad y darles a las clases dependientes un
nivel de vida mayor, los servicios públicos que necesitan y la posibilidad de
elevarse profesionalmente. No los han tenido porque, por lo general, sus
dirigentes desconocen la realidad social, carecen de una ideología coherente
con esta que les señale los caminos hacia los cambios que se requieren, e
ignoran el manejo del Estado. En suma, nunca se formaron para intervenir de
manera competente en el juego político. Excluyo de esta caracterización al
grupo de militares y civiles reunidos en el movimiento velasquista que
realizaron los cambios más trascendentales de nuestra historia en los planos de
la economía y del Estado.
Los fracasos de la llamada
izquierda
La llamada izquierda accedió
masivamente a intervenir en el Estado con las elecciones de 1978 para
constituir la asamblea constituyente. Se presentó dividida en 7 agrupaciones
que obtuvieron 35 representantes sobre 100, lo que era bastante. Sin embargo,
en el curso de las sesiones, casi todos ellos no supieron de lo que se estaba
tratando; y ello porque sus disquisiciones nada tenían que ver con nuestra
realidad y mayormente con la realidad de ese momento. De hecho, el contenido
del proyecto de Constitución, cuyas líneas generales fueron propuestas por el
gobierno militar, de conformidad con el Plan Inca, fue manejado casi totalmente
por los representantes del Partido Popular Cristiano (25 representantes) con el
acuerdo de algunos representantes del Partido Aprista que había obtenido 37
votos. Fue una excepción el capítulo sobre el trabajo que propusieron los
representantes dirigentes de la CGTP y que fue aprobado casi totalmente por el
voto de los representantes de la izquierda y del Partido Aprista que eran dirigentes
sindicales.[1]
En las elecciones de 1980,
los seis grupos de la izquierda obtuvieron el 14.2%; y en las de 1985, la
Izquierda Unida, integrada por seis grupos, logró el 25%. Sin embargo, su
actividad en el Congreso de la República fue nula.
En las elecciones de 1990,
los grupos de izquierda, divididos en una
Izquierda Unida y otra Izquierda Socialista consiguieron en total 9 senadores y
19 diputados. Todos ellos aprobaron las disposiciones del Congreso de 1991 que
autorizaron al presidente Fujimori a introducir el neoliberalismo en el Perú,
reduciendo los derechos sociales que el gobierno de Juan Velasco Alvarado les
había dado a los trabajadores, privatizando casi todas las empresas del Estado y
otras medidas correlativas.
Luego, los grupos de
izquierda se redujeron hasta desaparecer la mayor parte y los demás a subsistir
como pequeñas sectas. En las elecciones de 2011, el Partido Nacionalista de
Ollanta Humala concedió algunas candidaturas a uno o dos grupos de estas de las
cuales salió un representante.
En las elecciones de 2016,
algunos grupos de izquierda apoyaron la candidatura a la presidencia de la
República de una exmilitante del Partido Nacionalista que fue sugerida y
relievada por el poder mediático como una opción controlable para neutralizar a
una masa votante disconforme con su situación que podía llegar al 30% o más.
Las elecciones de 2021
dieron un resultado sorpresivo. Perú Libre, un pequeño partido de profesionales
provincianos autodeclarados de izquierda, ganó la presidencia de la República y
colocó a 37 representantes en el Congreso de la República sobre un total de
130. Fue una hazaña histórica, puesto que, por primera vez en la historia del
Perú republicano, un hombre del pueblo, meztizo y trabajador llegaba a la
primera magistratura de la nación. Era evidente que la oligarquía blanca, su
poder mediático y sus aliados en las agrupaciones políticas, incluidos muchos
de la izquierda capitalina, a la que se ha denominado caviar, no podían
admitirlo y comenzaron a actuar para sacar del poder a ese maestro de escuela.
Y lo lograron finalmente con la cooperación aberrante de este al leer un
comunicado en el que anunciaba que disolvería el Congreso. Aunque esta lectura
no configura delito, puesto que no lo hizo ni podía hacerlo, ni hubo tampoco rebelión
y ni siquiera una tentativa de esta, los grupos de derecha, centro e izquierda
en el Congreso de la República convirtieron ese comunicado en una causa de
vacancia de la presidencia de la República y dieron un golpe de Estado: no solo
destituyeron ilegalmente a Pedro Castillo, sino que lo enviaron a prisión donde
se halla ahora.
La victoria de Perú Libre,
en 2021, fue seguida de su fracaso en términos reales. Ni el Presidente de la
República al que habían postulado ni sus representantes en el Congreso
demostraron estar capacitados para el ejercicio de las funciones de gobierno,
ni para enfrentar la campaña que contra ellos emprendió la oligarquía blanca,
los grupos de derecha y de centro que la representan en el Congreso de la
República y sus aliados directos e indirectos en la izquierda. En lugar de
mantenerse unidos, Perú Libre y Pedro Castillo se prestaron al juego del ataque
demoledor de la derecha y el poder mediático y se separaron. Juntos por el Perú
contribuyó a esta separación al condicionar su apoyo a Castillo a dejar de lado
a Perú Libre. El presidente de la República se rodeó de personajes de confianza
menos que mediocres que posibilitaron la infiltración de algunos que querían
obtener algo. Y, tanto la presidencia de la República como los representantes
al Congreso de Perú Libre cerraron las puertas a la cooperación de los
intelectuales y otros profesionales que podían suministrar ideas y proyectos de
cambio necesarios y factibles.
En suma, estamos ante otro
fracaso histórico de la izquierda o de los grupos que si titulan tales: Pedro
Castillo encerrado en una prisión; Dina Boluarte, candidata a la
vicepresidencia de la República por Perú Libre, entronizada en la presidencia
por la derecha; Perú Libre y Juntos por el Perú dándole a la derecha los votos
en el Congreso para vacar a Castillo y aprobar proyectos de ley lesivos a
quienes votaron por ellos. La deslealtad enarbolada como bandera política.
Una mirada al futuro
Con este panorama de
fondo, las multitudes provincianas que llegan a Lima a exigir que Dina Boluarte
deje la presidencia, que haya elecciones inmediatas y que se convoque a una
asamblea constituyente no encajan en las posibilidades legales y materiales
para que suceda eso que piden. Si esas multitudes estuvieran inspiradas por una
ideología y los correspondientes proyectos de reforma social, elaborados por
intelectuales que conozcan a fondo la realidad social y sepan definirlos, el
Perú estaría a las puertas de una revolución social. Pero no lo están. Si se
supusiera que Dina Boluarte renunciara a la presidencia y hubiera elecciones ya
¿por quiénes votarían esas multitudes que protestan? Tendrían que votar por los
partidos políticos inscritos, es decir por los mismos contra los cuales ellas protestan
y por algunos otros resucitados por la oligarquía y el poder mediático, puesto
que, excepto Perú Libre y Juntos por el Perú, las agrupaciones de la llamada
izquierda carecen de inscripción y, por lo tanto, están fuera del juego. Es
verosímil, además, que cada una de ellas nunca podría llegar a reunir las
28,000 firmas que se requieren para ser inscritas en el padrón de partidos
políticos.
Con la exigencia de
convocar a una asamblea constituyente sucede otro tanto. ¿Qué proyecto
aprobarían los grupos de la llamada izquierda y algunos personajes espontáneos si
fueran elegidos para integrarla? ¿Lo redactarían ellos o los representantes de
la derecha y del centro? Si los sectores populares quieren una nueva
constitución lo primero que deben hacer es encargar la redacción del proyecto a
los profesionales que puedan hacerlo y tengan sus mismas inquietudes, y luchar
por él.
En consecuencia es de
prever que los grupos de la llamada izquierda continuarán su yerma vida como
pequeños cenáculos o sectas o como ermitaños, rivalizando unos con otros, y
odiándose por considerar a los otros apóstatas.
Ante esta perspectiva, parece
obvio que las clases trabajadoras, los profesionales y los intelectuales, si
quieren mejores servicios públicos, una redistribución equitativa de la riqueza
social y las oportunidades de promoverse socialmente, tendrían que resetear su
ámbito político, hallar una ideología de la que dimanen los proyectos de
reforma que hagan posible esos cambios, organizarse con confianza y disciplina
en un nuevo movimiento político y promover la formación de los cuadros que los
dirijan.
(Comentos, 23/7/2023)
