LOS VIRREYES DE LA REPÚBLICA
Por: Francisco Gómez
Valdez
Ex profesor universitario
A. La imposición de un nuevo
virreinato
El 06 de junio de 2021
será memorable puesto que en una disputa electoral para sellar el destino
político del Perú por cinco años, un modesto profesor de escuela rural, de
aquellas donde el docente imparte de modo simultáneo clases para aulas de
diferentes grados educativos, realidad lacerante que hace ver que el Virreinato
no se zafó del país, al existir un trato diferenciado en la forma de dotar a
los peruanos un derecho fundamental, tal la educación, en el actual siglo calificado
del conocimiento, se enfrentó al
reducto de una escala histórica que no corresponde a los actuales tiempos;
menos 200 años después de celebrar el nacimiento de la república, aupada en un
partido político que se identifica con la primera consonante de su nombre (K), cuyo
apellido Fujimori es el de su padre, ex presidente sentenciado por delitos de
lesa humanidad, al mismo tiempo que ella misma procesada penalmente por cargos
punibles tan graves, que el fiscal que la investiga pide una condena por más de
30 años de prisión.
Las primeras reflexiones
que subyacen de este ultimum refugium
de la razón harto contorsionada por lo antes dicho, son: a) ¿es posible que
extraños al Perú profundo puedan ocupar cargos políticos de tanta trascendencia
que luego de tenerlos hagan escarnio del destino de los que hemos nacido aquí y
que, además, hemos decidido también aquí enterrar nuestros huesos?; b) ¿puede
un extranjero como es el padre de la señora K renunciar al máximo cargo que
ella pretende ahora igualmente ocupar, teniendo por antecedente haberlo
formalizado vía fax –ahora por WhatsApp o internet-, y renunciado también a la
nacionalidad peruana?; c) ¿con los antecedentes del padre apresado y
sentenciado, sin antes haber pagado un solo céntimo de las reparaciones civiles
impuestas en las sucesivas sentencias condenatorias, una hija de un padre con
estas malas facturas puede aspirar ser presidenta del Perú?; d) la señora K admite
públicamente que su padre es su mentor e
ideólogo político, y que tiene por honorario
de éxito de su gesta el indulto
presidencial de llegar a ser presidenta; e) ¿qué podría sucedernos a los
peruanos sí la señora k llegara por un instante a ser la presidenta del país,
cumple con su compromiso de indultar al padre sentenciado, y ambos de consuno
huyen del Perú renunciando también a la presidencia empleando, como su
progenitor, los modernos medios electrónicos?; en fin, ¿puede alguien postular
a la presidencia de un país teniendo graves asuntos penales pendientes por
resolver?
Todas estas hipótesis
políticas folclóricas solo pueden suceder en estos lugares, debido a que las
fuerzas gobernantes sin mayor reflexión las tienen por justificadas; los medios
de comunicación en manos de monopolios periodísticos en comunión con los grupos
económicos de poder que, a su vez, practican la integración económica vertical
y horizontal, forman perfectas sociedades corporativas de manipulación que no
permite siquiera por un instante, pensar que acaso la actual disputa por el
poder debió presentarse hace 200 años atrás y no ahora, debido a que se
justificaba entonces que un nuevo representante del Perú profundo - antes lo
fueron los precursores de raíces nuestras-, se enfrentara con una extranjera para
así dotar de forma a la nueva peruanidad a mantenerse en el futuro, y que, a la
fecha, lastimosamente, aun es y sigue siendo una quimera por alcanzar, debido
al virreinato que permanece intacto durante toda la república.
Las iniquidades que por
centurias nos acompañan afloraron sin piedad, ya que las clases dominantes no
pueden entender que un peruano como el maestro rural Pedro Castillo Terrones,
que jamás tuvo contacto con la oligarquía existente, carente de apellidos
virreinales ose postular y ser ganador de una contienda electoral en la que se
unió en su contra la más rancia opulencia para a cualquier precio impedir llegue
al poder, y de ese modo hacer abortar el diseño económico impuesto durante 200
años: un simple maestro no pude redimir tamaña gesta. La idea ancestral de quienes
ostentan el poder, de modo alguno desean que este se alterne y, mucho menos con
un provinciano al que le han vertido todos los adjetivos insultantes porque no
es de los suyos.
Estos virreyes han
impuesto en el nuevo debate político, cosa que por lo demás no es nuevo, lo que
en su parte afectiva se traduce a que: a) alterar el curso del poder es ser
comunista; b) que esos comunistas deben ser expulsados del país; c) que si son
provincianos deben ser devueltos a sus lugares de origen, debido a que el
gobierno está reservado a los capitalinos con nombres de abolengo o que sirvan
al poder establecido; d) que los que piensan en reverso del establecimiento impuesto
no son peruanos o algo por el estilo; e) las amistades y hasta parentescos se
mantienen siempre y cuando se piense en los idénticos términos; f) los oficios,
profesiones y artes profesados por quienes piensan desigual deben ser
satanizados, al extremo de que los lugares donde se piense también de modo
diferente a lo impuesto por la metrópolis no deben ser visitados, aún sí han
sido declarados como destinos impostergables por visitar. Todo esto hace ver la
pobreza mendicante y retrógrada de los virreyes que exigen mantener el statu quo existente desde hace 500 años:
hace medio milenio.
Pero lo antes indicado
hasta podría justificarse, al representar la demostración de una cultura
política deficiente de quienes opinan de esa forma, de la que sus directos
responsables son los partidos políticos y quienes se encumbraron como políticos
representantes de dichas agrupaciones; sin embargo, lo que no puede admitirse
ni siquiera por un instante es, que el establecimiento
político pretenda llevar las cosas por caminos minados al: a) no respetar
la voluntad popular porque le es adversa; b) inadmitir un cambio de rumbo
político por el prurito de que simplemente respetan las reglas de juego
político si les son favorables; ergo,
harán cuanto esté a su alcance empleando a adalid de toda estirpe e incluso
instituciones, con el afán de impedir cualquier propuesta de cambio, por mínima
que sea, puesto que los rumbos trazados lo han hecho para la prosperidad del
país al ser los únicos que tienen el recetario para imponer lo que es bueno, al
mismo tiempo de rechazar lo que es malo; lo que se puede hacer, y lo que no; c)
plantean recursos procesales impugnatorios sin justificación jurídica válida y
hasta vergonzantes, ante el Jurado Nacional de Elecciones, amenazando además
con recurrir a la casuística añosa del golpe de Estado o la sedición o a la
ilegitimidad política si sus argumentos baratos no son aprehendidos, cuando
sabido es, que existe responsabilidad deontológica y legal por blandir tamañas
obscenidades; d) que el establecimiento
político trate de capiti diminuti
a los conformantes de un partido político provinciano que supo ganar en las
urnas a los más encumbrados conocedores del quehacer electoral capitalino; por
lo tanto, frente a esa disminución cognitiva de estas personas se proclaman
como sus indiscutibles tutores o curadores; e) finalmente, las elecciones
últimas deben ser anuladas, esperar que se nombre al nuevo presidente del
Congreso para que ser instalado Presidente de la República, y de esa manera llevar
a cabo otra elección presidencial y, así por el estilo dislates de los más
inverosímiles cada día son blandidas y hechos eco por los medios de
comunicación, así como por los que siempre hablaron, tal el recuento de votos, auditorías
electrónicas, y demás sandeces sometidas al examen público.
B. Basta del desopilante
tutelaje capitalino-virreinal
Siempre se mencionó como
predicado y hasta como axioma político a tomar en consideración, que la
democracia se creó por y para el pueblo, y al crearse la república y con ella
las nuevas expresiones políticas gobernantes, se insufló la idea de que los
gobiernos democráticos eran una creación que por el momento era irremontable.
Pues bien, el candidato
Pedro Castillo con frecuencia hizo saber que su candidatura era una expresión
auténtica de este pueblo postergado por años, y que por ese motivo tal estado
de postración del que es su auténtico representante requiere de cambios
impostergables, a ponerse en práctica tan luego llegue al poder, y son muchos
los analistas políticos que han confirmado este aserto; sin embargo, los
virreyes del medio han infligido la satanización de que por tanto hablar del
pueblo las cosas han salido de control, habida cuenta que es la mitad de ese
pueblo -que no es poco- que ha levantado su voz de protesta, con el ánimo de
sumarse a la proclama de que hay que realizar cambios a las políticas pétreas
que se han apoderado del sistema democrático instaurado.
Quiere decir entonces, que
el axioma de que la democracia es sinónimo de bienestar general, al estar allí
cobijado el pueblo es, finalmente, una miopía política a desterrar, en el
entendido de que al pueblo solo se le entiende y toma en cuenta como medida
estadística, y cuya función predilecta es la de consumir lo que el mercado impone
y, más propiamente, la sociedad de consumo que se ha encargado del maleficio
actual del calentamiento global, que se perfila en ser el directo responsable
de las pandemias que nos golpean desde el 2014 a la fecha y, actualmente, con
el Coronavirus con una letalidad que la humanidad ignoraba; pero que, al mismo
tiempo, ha servido para demostrar que el sistema político impuesto es
disfuncional; o sea, poco o nada inclusivo para la mayoría de sus pobladores, a
nivel planetario.
Lo que viene ocurriendo es
que un puñado de individuos acaudalados que anualmente se reúnen en el hotel Mont
Pelerin para diseñar lo que es bueno para la humanidad – no más de 70-, es
replicado por los estados a menor escala donde grupos aún más pequeños; pero
siempre con poderes suficientes, fungen de tutores de lo que se debe y no debe hacer
en sus dominios, a los que llamo nuevos virreyes. Carlos Malpica reseñó que los
nuevos dueños del Perú eran unas 90 personas; durante el gobierno de Alan
García se disminuyó a 12, llamados denostando la pulcritud del término, “apóstoles”;
y, en la actualidad, son 3 banqueros dueños de compañías de seguros, AFPs,
escuelas, industrias, clínicas, boticas, universidades, etc. los que a este
país lo mantienen en atado. La pregunta es saber hasta cuándo.
Lo real ha sido que estos
conglomerados económicos hicieron de las suyas con el modelo neoliberal, cuya
característica es estar en contra de cualquier vestigio social que les salga al
frente, ya que su credo es fomentar normas impeditivas obstructivas para que reinen
sin vicisitudes ni contratiempos sus monopolios, vendiendo la idea que al
prosperar ellos por generación espontánea prosperarán los demás. La ex ministra
de Economía del gobierno de Vizcarra, doña María Antonieta Alva, siguiendo
dicho dogma acordó a estos emporios la fabulosa suma de 30 mil millones de
soles en plena pandemia, y al ser inquirida por qué no hacía lo propio dotando
de iguales ingentes sumas a favor de las pequeñas empresas, con sorna respondió
que, al acordar estas sumas a los poderosos, permitiría a los menos favorecidos
mejorar sus perspectivas socio-económicas.
Trae a colocación dentro
de los neoliberales, ser opuestos a las organizaciones sindicales, y vaya que
es un sindicalista que les ha salido al frente y les ha ganado las elecciones en
buena lid. ¿Por qué el neoliberalismo tiene alergia al movimiento sindical? La
respuesta fue ya dicha: esta corriente económico-ideológica al igual que el
liberalismo en sus albores no admite nada que contradiga su prédica, puesto que
es contraproducente a los fines que persigue, a saber, amasar fortunas
económicas exponenciales por la irrestricta iniciativa privada, justificando de
ese modo que el bienestar social es un asunto ajeno a sus quehaceres, en
atención de que ellos solos quienes impulsaron su progreso, sin decir, por
cierto, que lo hicieron debido a que nada se opuso a su programa: ni el Estado,
las instituciones y, desde luego, el movimiento sindical al que satanizan. Fue
bajo este razonamiento que se dictaron las leyes antisindicales: Le Chapelier
en Francia, de las seis leyes en Inglaterra, la ley de los Landers en Alemania,
la Ley Sherman en USA, y en Perú un sinnúmero de leyes durante todas las
dictaduras que hemos tenido, las últimas, enarboladas por Alberto Fujimori leyes
que, curiosamente, buena parte de ellas aún están en vigor.
Históricamente el
capitalismo se instauró en Inglaterra luego de que James Watts descubriera la
máquina a vapor, allá por el año 1769, Universidad de Gasglow. De este modo,
este país europeo generó el industrialismo al término del siglo XVIII y con él
el nacimiento de una nueva clase social: el proletariado que, sin demoras, por
las promiscuas condiciones de trabajo impuestas que por precio tenía que los
trabajadores aurorales no sobrepasaran los 30 años de edad, crearon los
sindicatos para revertir tal aciaga situación, así como las relaciones
colectivas de trabajo, cuya proclama histórica inicial fue la defensa del
derecho de los menores y mujeres trabajadoras; luego lo hicieron para la de su
incumbencia gremial.
El primer sindicato
reconocido lo fue en Inglaterra, en 1,825, en los campos mineros del norte de
dicho país, cuya característica saltante fue: los promotores sindicales eran
trabajadores con cierta formación educativa y cultural; se aglutinaban todos
los trabajadores de manera horizontal, al concebir que la unión generaba la
magia de la fuerza; para un provechoso alivio organizacional adoptaron el credo
democrático más acendrado de la griega antigua, recogido de las Akklesias, a
través de las cuales todos los afiliados debían participar en las asambleas; la
votación de la mayoría simple se imponía; la votación era universal, directa y
a mano alzada; en ella se discutían todos los problemas concernientes al
movimiento gremial; se elegían a sus representantes para que los representaran
por un periodo determinado, pudiendo ser vacados en cualquier momento por
faltas debidamente estatuidas; elaboraban no solo sus estatutos, sino también
los del proceso electoral, disciplinario y de formación sindical; era
obligación contribuir económicamente en el sostenimiento del gremio; las
cuentas del sindicato podían ser revisadas en cualquier momento; las sanciones
que podían llegar hasta la expulsión del afiliado se desarrollaba respetando el
debido proceso. Todos estos predicados se mantienen inalterables a la fecha.
Así pues, un ejemplo
seguro del apego a las disposiciones democráticas se instalaron en estas
organizaciones; por eso, es vital que en los países nórdicos los ex
trabajadores e incluso los jubilados sigan perteneciendo al sindicato de su
elección; la mayoría de partidos políticos progresistas están sostenidos por
las organizaciones gremiales, a los que apoyan económicamente y con sus cuadros
dirigentes; en Alemania casi dos tercios de sus representantes políticos
tuvieron alguna vez una participación sindical o de cualquier otra índole en
los órganos de fiscalización que los trabajadores tienen establecidos por ley
en el seno de sus empresas; función tan alabada ha sido constatar que gracias a
las organizaciones gremiales ha sido posible crear los partidos políticos social
demócratas, socialistas, de los trabajadores, entre otros, muchos de los cuales
gobiernan políticamente el mundo contemporáneo.
No demás está señalar, que
los trabajadores organizados tienen asiento con voz y voto en la Organización
Internacional de Trabajo y en la Unión Europea; posee la reserva de ser
considerada la sindicación Derecho Humano y Libertad Pública Colectiva;
tuvieron activa participación durante la ocupación nazi en Europa, haciendo ver
la importancia que poseen en los actuales tiempos; de ahí el compromiso unánime
de auspiciar a estas organizaciones que, desde luego, el neoliberalismo
abiertamente no comparte su función predilecta. Es el motivo por el cual, el
sostenimiento institucional democrático mucho tiene que ver con el desarrollo
del movimiento sindical; por eso, en los países con democracias sólidas su
movimiento sindical posee esa misma solidez; que decae ostensiblemente allí
donde las instituciones democráticas son pobres, tal nuestros pueblos.
Las organizaciones
sindicales son instituciones que a la par de servir de contrapoder del poder
omnímodo patronal; lo son también contra las desviaciones políticas de los
Estado; de ahí su importancia, promoción y defensa, puesto que en su interior
se aguarda celosamente los vestigios más antiguos de las elementales reglas
democráticas, motivo por el cual es un principio universalmente admitido, oponerse
firmemente a su desaparición, a despecho de las persecuciones que a lo largo de
la historia ha tenido; pero del mismo modo, salvado del credo ideológico neoliberal
que se ha encargado por años de satanizarlo para hacerlo sucumbir. Como fuera,
mientras no se fortalezca al movimiento sindical en el Perú, su desarrollo
democrático seguirá siendo precario, permitiendo que el virreinato se prolongue
por más tiempo aún, cuando sabido es, que las actuales democracias se han
nutrido del quehacer sindical, sobre todo, en lo atinente al proceso electoral,
dónde el movimiento tiene mucho que enseñar, ya que su inalterable casuística
se mantiene en pie, curiosamente, por cerca de 200 años.
C. Los virreyes convertidos
en agoreros democráticos: algunos ejemplos
En los últimos años
asistimos a un economicismo jurídico, así denominado porque cualquier persona,
muchas veces sin mayores conocimientos jurídicos o cuando menos ignorando cuáles
son sus antecedentes académicos, imparten recetarios sobre los temas jurídicos
de coyuntura: en la actualidad sobre el proceso electoral y, de paso,
constitucional. En ocasiones sin saberse sus reales pergaminos los hallamos
ocupando cargos judiciales de importancia, sobre todo, en el Tribunal
Constitucional, que se ha convertido con las saludables excepciones que a veces
exhibe, en el fortín donde se debate la salud político-económica-social del
país. Son abogados de los grandes estudios jurídicos, es decir, de aquellos que
están al servicio del gran poder; empero, se las arreglan para de pronto ser
los tribunos adulados por doquier, convirtiéndose en lobbies permanentes del
cabildeo político existente, acordando la razón jurídica no necesariamente a
quien la tiene; siempre, con las consabidas excepciones y que, al término de su
mandato vuelven a la arena del sector privado de donde emergieron para ocupar
cargos públicos: la perfecta puerta giratoria.
Estos tribunos al dejar el
cargo que ocupan vuelven a proseguir con su actividad de lobbies, les son
entregados los micrófonos y parlantes para a viva voz defender lo que en el
camino es necesario defender a los intereses con los que se identifican, aún a
precio de que se trate de asuntos totalmente indefendibles. Son pues virreyes
en ejercicio público; pero también fuera de sus investiduras, correspondiendo
señalar que en ambas circunstancias obran de forma similar, ya que existe una
puerta giratoria que los coloca en uno u otro ambiente como ya fue dicho. Al
final, actúan sin asomo de autocrítica, carecen de reflejos para corregir
errores del pasado; exhiben siempre un hándicap de coherencia y hasta de
respeto así mismo.
A raíz de las elecciones
del 2021 surgieron por todos lados quienes defienden la democracia, la
constitución, el estado de derecho, las instituciones, el poder establecido, la
legitimidad política, etc. Jamás estos términos tan repetitivos fueron
colocados a disposición del pueblo; pero sutil o abiertamente de modo contrario
a lo que debemos entender por quehacer democrático de un acto electoral, que en
la práctica imparte la voluntad de respetar el veredicto popular expresado en
las urnas, el mejor test de razonabilidad que el pueblo tiene para expresar lo
que le es útil y bueno para todo aquello que se dirige al bienestar general,
aun cuando en las urnas el ganador lo haga con un solo voto: ese solo voto es
la diferencia de quien ganó o perdió las elecciones, debiendo respetar el
resultado, más cuando un órgano público electoral se encargó de laudar la
elección, con reglas jurídico-administrativas conocidas por los contrincantes
de antemano, y a ellas se deben durante todo el proceso electoral.
El caso es que estos
defensores ad hoc de lo dicho lo hacen
con el solo ánimo de defender el poder establecido, sin importar el daño que
esa defensa pueda generar a la población toda; es decir, profesan en el fondo
con su prédica que las cosas deben seguir igual que hace ya 200 años, puesto
que cualquier desviación instaurada en el medio debe ser entendida como una mala
inteligencia, de ahí que el triunfo del maestro rural deviene en sí mismo la
alteración del establecimiento que,
como correlato abogadil persigue, impedir el triunfo expresado en las señaladas
elecciones. Bajo esta prédica la señora k, mantuvo en vilo al país por cerca de
4 años durante las elecciones pasadas; y a la fecha por las actuales, a mérito
de estos defensores, son 12 días que se avizora de pasmosa parálisis del país,
donde, por cierto, los más afectados son los pobladores del Perú profundo que
anhelaron con su voto el prometido cambio.
Estas proclamas son
secundadas por recursos procesales impugnatorios, aprovechando que el proceso electoral
es el camino trazado para llevar a cabo un acto administrativo que tiene
plazos, formas, sustancia, organización, autoridades del que finalmente saldrá
un ganador luego de cernir el escrutinio respectivo. Quienes participan en el
certamen político conocen de cerca estos pasos procesales, al mismo tiempo que,
por la brevedad del proceso, además de existir las autoridades administrativas
correspondientes que actúan con autonomía, serán los encargados de proclamar al
vencedor luego de verificar que los votos exprimidos han sido diáfanos, en una
concentración y celeridad de actos con los que deberá de manera célere concluirse
el proceso, con arreglo a la Constitución y al derecho electoral existente;
supletoriamente, a los principios generales, ya que lo que vendrá después será
el tránsito del poder, para que el ganador tenga el tiempo necesario para
nombrar a los funcionarios que a partir de ese instante posibilitarán la
gobernabilidad del país.
El caso es, que la Oficina
Nacional de Procesos Electorales concluyó el proceso electoral de manera
oficiosa, señalando que el ganador de la contienda ha sido el profesor Pedro
Castillo; sin embargo la señora K, fiel a su comportamiento de creerse también
virreina de estos terruños, usual en ella es desacatar todo aquello que
provenga de autoridad que en ejercicio de sus funciones contraríe su voluntad;
por eso, en los procesos penales en la que está siendo instruida, los lleva
hasta las calendas griegas, de modo que tenga tiempo de sobra para orquestar lo
que tiene en mente y, que se sabe, es lo proveniente de su antojo personal.
En el último proceso
electoral la señora K no felicitó al ganador, hizo saber que por fraude su
contendor le había ganado, y al tener mayoría absoluta de congresistas, los
inclinó para que generaran un desgobierno que duró cerca de 4 años; no deja de ser
incomprensible por ello, que con estas credenciales antidemocráticas pueda
postular fácilmente a pretender ser presidenta del Perú; pero también, para
propiciar el desgobierno que tanta afectación hace a los peruanos de a pie, con
el beneplácito de todos los grupos de poder.
El caso actual es mucho
más grave que el anterior, puesto que en esta ocasión ha formalizado lo que no
pudo hacer en la elección anterior, a saber, impugnar por nulas más de 1,000
actas electorales aduciendo fraude en mesa y demás epítetos que sus defensores
de ocasión, de grandes estudios jurídicos, le han vendido para alargar el
resultado electoral, a sabiendas de que el fraude y demás argumentos baratos
esgrimidos, porque se presume la validez del voto, quien peticiona su nulidad
en el mismo recurso deberá demostrarla; no lo hicieron con este rigor procesal,
dando margen a presenciar lo más falsus
indefendible. Pero de otro lado, la nulidad de un proceso electoral solo es
posible sí 2/3 de la votación lo fue en blanco o expresando su nulidad,
hipótesis legal extrema que, por definición tiene, la presunción de validez de
los votos del pueblo expresados en una elección libre.
Ha sido así como hemos
visto trajinar al abogado Oscar Urviola que sin rubro ha expresado que su
defensa de la señora K y su proyecto político es ad honorem, cuando el Colegio de Abogado de Lima y demás, solo
permiten ejercer este tipo de defensa a favor de los menesterosos, no así a
cliente que nada menos dispendiaron cerca de un millón de soles, solo para
interponer las nulidades que ahora activamente defiende.
Pues este abanderado del
respeto impoluto de la Constitución fue presidente del Tribunal Constitucional,
y como tal le cupo resolver asuntos ceñidos a la Constitución. Así, resolvió el
Expediente
Nº 0020-2012-PI/TC publicada en su portal Web el 9 de mayo de 2014, sobre reducción
de remuneraciones de los trabajadores, precisando que son posibles éstas con
acuerdo del trabajador (consensuada) y de forma unilateral (no consensuada).
Ante la protesta surgida por tan extraña resolución, el mismo Tribual por nota
de Prensa Nº 093-2014-OII/TC precisó que la reducción –ya sea consensuada o no
consensuada – resulta válida en términos constitucionales siempre que sea
excepcional y razonable. El fundamento legal de esta postura jurisprudencial
fue la Ley 9463 del 17 de diciembre de 1941, ley que se derogó al instaurarse
en el artículo 57 de la anterior Constitución la irrenunciabilidad de los
derechos sociales, principio ratificado por el numeral 2 del artículo 26 de la
actual. En nuestra legislación solo está prevista la reducción consensual de
remuneraciones en la hipótesis de que la empresa se encuentre en dificultad
económica, tecnológica o estructural, a fin de evitar los ceses colectivos
solicitados por el empleador (artículo 48, inc. b, del Decreto Supremo 003-97-TR).
Lo bárbaro de esta
sentencia es que para los tribunos es posible que la remuneración percibida por
el trabajador, sin importar el monto, puede reducirse hasta la suma mínima
legal actual de S/930.00. No existe comentario para justificar tamaña aporía.
Pero lo antes indicado no
es la sola iniquidad flagrante de este adalid de la democracia y del curso que ésta
debe seguir, sino que hemos escogido algunas otras sentencias constitucionales
a fin de que sirvan de severo recordatoria de a quienes la prensa corporativa
acuerda sus espacios para dirigir lo que es bueno y también malo para el país.
Así, en la STC, Exp. N° 00002-2010-PI/TC, Lima, 5,000 ciudadanos, solicitaban
la inconstitucionalidad de la Ley CAS N° 1057. Por fundamentos para mantener su
incolumidad sostuvo con sus pares, que es por la ley marco de modernización del
Estado N° 27658 que se introdujo este sistema de contratación, al mismo tiempo
que estamos ante un derecho fundamental contemplado en la Constitución de 1993;
por lo tanto, esta modalidad contractual pública debe convivir con el resto de
las existentes en el sector. Bastó a sencillos congresistas del FREPAP redactar
los proyectos de ley y sustentar el dictamen de insistencia para derogar la
señalada ley que con tanta efusión ideológica y no jurídica defendió el abogado
Urviola.
Finalmente, en la STC,
Exp. N° 0001-2013-PL, pleno jurisdiccional del 27-05-2013. Exp. N°
0013-2012-PI/TC, 25% de congresistas bajo el patrocinio de la congresista
Martha Gladys Chávez Cossi: inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley N°
29903, sobre la reforma a las AFP, una vez más este letrado, marcando su
indeclinable apego por la defensa de lo más oscuro de la legalidad peruana, las
AFP, declaró infundado la demanda que perseguía temas jurídicos lábiles y de
sentido común, tales como la licitación del servicio de la administración de
las Cuentas Individuales de Capitalización; centralización de la administración
de las AFP; que un órgano, tal la Sunat hiciera el cobro de los aportes
sociales; y, el cobro de comisiones mixtas de los aportes, de manera que se
reduzcan las abusivas comisiones que por prolongado tiempo cobraron con el
beneplácito del BCR. Teniendo por argumento el sacrosanto contrato que los
adheridos al sistema hacen bajo un marco legal, por más nocivas que sean las
comisiones establecidas en el contrato de afiliación, que, por lo demás, ha
sido libre como lo subraya el letrado, tales reglas no pueden ser enmendadas de
modo alguno; como tampoco, por la libertad de empresa podría sugerirse la
centralización de las administraciones de las AFP; menos que la Sunat se
encargue del cobro de las comisiones; en fin, sí las comisiones de
administración de las AFP fueron establecidas en base a un contrato de
afiliación libremente concertado, del mismo modo no pueden ser enmendadas.
Pues bien, en la mayoría
de países que optaron por las AFP, a las que el abogado Urviola expresa
elocuentes alabanzas, porque ha servido para sacar al Perú de su profundo
aletargamiento, se viene presentando la reversión del sistema privado de
pensiones por el público o se han producido reformas profundas al mismo, porque
al no haber madurado como sistema previsional por prolongadas décadas, demostró
no ser la panacea que el señalado ex tribuno insufló en su resolución.
Pero no solo ha sido el mencionado abogado que
salió a la palestra para defender de manera gratuita a una agrupación política;
sino que el laureado Mario Vargas Llosa ha expresado que cree en el proyecto de
la señora k, al ser conversa a estas alturas de sus antiguos aprestamientos
antidemocráticos, a los que ha renunciado públicamente ante él. Con este ideario,
abogados como Lama Puccio y Amoretti Pachas, han denunciado penalmente a
quienes resulten responsables por las maquinaciones que habrían tenido los
presidentes de mesa y demás que participaron en las elecciones últimas, con los
resultados ahora conocido, denunciados presuntos que habitan en los más
alejados parajes de nuestra serranía. Ocurrió que, en la costa, y, sobre todo
en Lima, empresarios que son los nuevos virreyes del siglo anterior y del
actual, azuzaron a sus trabajadores para que voten por la señora k, cuando ese
tipo de imposiciones están debidamente documentadas e identificadas las
personas que lo fomentaron, así como las empresas que las impulsaron, delito
tipificado por el artículo 354 del Código Penal. Hubiera sido de esperar por
ser equitativo, que estos conocidos abogados que al igual que el abogado
Urviola tienen espacios inconmensurables en la prensa corporativa, hubieran
defendido el primero a modestos votantes que han demostrado que sus firmas
estampadas en las actas de sufragio son las que les pertenecen por provenir de
su piño gráfico, así como a los otros dos, presentar denuncias penales a
quienes manipularon a sus trabajadores para votar por una de las dos listas
políticas en sufragio. Finalmente, la abogada Flores Nano, horonda salió en los
medios televisivos con peritajes grafológicos en los que daba fe incuestionable
que las firmas no provenían del puño gráfico de las personas que señalaba
habían urdido la voluntad electoral. Los estudiantes de derecho saben que para
someter a pericia grafológico un documento se requiere tener a la vista el
original; que el cuestionado por la falsedad de la firma deba suscribir tantas
firmas en documentos a fin de dotar al peritaje su idoneidad; que se tenga a la
vista un pannaoux fotográfico ampliado, único instrumento para establecer sí
existe suplantación de firma; en fin, tener a la vista unos 10 documentos
coetáneos firmados por el falsario. Como se sabe, nada de lo aquí exigido
cumplieron los peritajes grafológicos hechos públicos.
Estamos ante los abogados
más famosos del medio, aquellos a los que las cámaras otorgan espacios
ilimitados para que digan sus consabidas propuestas, que no son otras que las
cosas sigan como están, 200 o más años; es decir, son aquellos que siempre
hablaron. Al parecer, sienten que se estaría perdiendo dicho espacio ya que, si
el cambio del establecimiento se produce, en reemplazo de ellos otros serán los
que tendrán finalmente el espacio para decir sus propuestas que no son otras
que instaurar el cambio que cerca o más del 80% de peruanos aspiran lograr.
D.
COLOFÓN
Ante el resultado de las
elecciones ya conocido empieza a escucharse que se atentará contra la libertad
de prensa, la propiedad y demás. Muchos peruanos han sacado en estampida sus
ahorros para depositarlos en USA, sin presagiar que allá le pedirán al furtivo
ahorrista demuestre la proveniencia de su dinero; otros han vendido o están por
vender sus propiedades; otros alistan maletas para fugar del país. Nada de ello
es nuevo, puesto que en otras similares circunstancias algo parecido ocurrió, y
nuestro querido país se ha mantenido robustecido por quienes se mantuvieron
aquí y de pie para defender lo que a todos nos pertenece.
Bajo otra óptica se tiene
que, ex altos oficiales de armas enrolados ahora en la política representando a
la agria oligarquía, demostrando sus reales credenciales, pugnan por la
sedición ante el triunfo del profesor Pedro Castillo. Dentro de esta misma
dirección otros claman por la falta de legitimidad política que tendrá el
electo presidente; por eso, piden que un enroque plebiscitario se lleve a cabo
hasta que la señora K sea ungida presidenta de todos los peruanos, etc.
Lo cierto es, que el país
está paralizado una vez más, el cansancio de los peruanos empieza a
desquiciarse, y se viene señalando que. si las cosas siguen igual, cosas peores
que las que se vienen observando, tal ir a las viviendas de los miembros de los
organismos electorales para frente a ellas “protestar” desafortunadamente
veremos.
Frente a todo este marasmo
de irresponsabilidades, de las que sus directos autores deberán dar cuenta y,
sobre todo, saldar a fin de que cosas similares no vuelvan a ocurrir, voces
alternas y más responsables claman porque los responsables del sufragio expresado
con el rigor de su pluma resuelva las observaciones y nulidades planteadas, en
el tiempo célere que las leyes del propósito tienen establecidas, de modo que
con la prontitud del caso tenga que ponerse término al proceso, ya que llegó a
su fin, antesala para proclamar al vencedor que a nivel internacional ya fue
proclamado, restando que lo sea en el país con ejemplares resoluciones,
didácticas de ser posible, recomendando, por ejemplo, las enmiendas del proceso
electoral, tal que los procesados por delitos y hasta de faltas penales no
postulen a la presidencia a la república, que los extranjeros de tercera
generación podrían aspirar a ser presidentes, que los miembros de mesa y/o
personeros políticos, en lo posible sean quienes han ejercido cargos sindicales;
que en los cursos de secundaria se instruyan las reglas de juego electorales,
entre tantas otras.
Solo así reformaríamos el
estamento electoral, gestaríamos la institucionalidad del país, quedarían
expulsados los virreyes de la actual república.
Lima, 16 de junio de 2021.
