ALDEA GLOBAL Y POLÍTICA SOCIAL[1]
Martín Fajardo
Cribillero
Doctor en
Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Contenido: I.
Propósito.- II. La mundialización.- III. La peste del Covid-19.- IV. Política
social y seguridad social.- V. Conjunción y ayuda mutua.- VI. El descompromiso
social.- VII. El Perú.- VIII. Anexo.- Carta social Latinoamericana.- 1. Derechos
humanos.- 2. Seguridad social.- 3. Política social.- 4. Solidaridad.- 5. El
trabajo.- 6. La empresa.
I. Propósito
Las ideas expuestas en este
boceto tratan de una aproximación “a priori” a cerca de la incidencia en
nuestro planeta de la pandemia covid-19, como fenómeno socio-económico, cuyo
virus está afectando a las personas e instituciones de protección, como son
básicamente la Política Social del Estado y de la Seguridad Social. No hay duda
alguna que las apreciaciones que hacemos ahora pueden cambiar mañana dada la
movilidad impredecible de los factores sociales - en cuyo centro de ebullición
nos encontramos - habida cuenta que, como es sabido, los fenómenos de esta
naturaleza, para ser consistentes, se describen de lejos.
En este marco socio-económico,
se advierte la generalizada sensación que estamos viviendo confinados, en forma
casi estática, entre dos placas aherrojantes que no tienen las mismas
características pero que coinciden en la finalidad del desconcierto, temor y
destrucción. Así “voluntariamente” confinados, está a la expectativa el
fenómeno económico del neoliberalismo, cuya data según parece viene de los años
70’ del siglo pasado cuando la política keynesiana comenzó a decaer, adoptando
dicha nominación, según algunos autores, en el año 1938 durante una convención
de economistas realizada en Paris, que desde entonces ha crecido mediante
raíces ideológicas tan grandes y profundas que traspasan los límites nacionales
y se enlazan, visible o soterradamente, con otras corrientes mundialistas.
II. La mundialización
La persona humana y sus
instituciones tienden, y han tendido siempre, a ensanchar sus límites como
signo de pertenencia, poder y legitimación. Desde siempre ha sido así, y así se
percibe en la perspectiva oscilante de las eras del pasado y que, como ya lo
observaba Heráclito en el decurso de las aguas del río que transcurren, y Vico
en el corsi e ricorsi en todo lo existente; es decir, espacios sucesivos
donde hay altos y bajos, prosperidad y decaimiento, bonanza y pobreza, según lo
cual las etapas históricas no se repiten y que, antes bien, interactúan como
acaecimientos naturales bajo la sentencia ineluctable de que en el planeta
tierra todo es finito. Desde hacen 7000 años a.C. la historia nos da cuenta de
los sucesos ancestrales de los imperios de Mesopotamia, Grecia, Egipto, Roma,
entre otros, que se erigieron vertical y horizontalmente, y finalmente quedaron
en el camino, resueltos y de sólo admirable recordación. Claro es que en esas
épocas no habían grupos de poder contestatarios, pues el centralismo sólo
requería de esclavos, y tampoco existían derechos humanos ni aprecio por la
dignidad humana. De suerte que esta susodicha referencia expansionista es sólo
ilustrativa de como transcurre la naturaleza humana y de cómo eventualmente
podría actuar en los tiempos futuros desafiando a la parábola “vino nuevo en
odre viejo” según la cual, el modelo del recipiente antiguo se resquebraja.
Ahora último, en el año 1991
cuando se disolvió la Unión Soviética dando término al suspenso de la Guerra
Fría y en que 11 países de la órbita comunista se acogieron a la Unión Europea,
fue cuando se vio ampliado el mercado de consumo mundial con millones de
personas sujetas a la ley de la libre oferta y la demanda, no conquistadas en
los campos de batalla sino trasvasadas en movimiento horizontal. Es así como
los líderes del neoliberalismo pudieron ampliar sus ámbitos de acción para
vivir aún más seguros, ya que los recursos del consumo y de la comunicación
ellos lo pueden hacer circular más rápido y liberados de la regulación estatal.
Es que el sistema neoliberal beneficia sólo a los que más tienen, en la
perspectiva de mantener su enlace con el poder político, y posponer las
premisas de la democracia liberal.
Así posesionados, sus
prácticas implican, para el entorno social mayoritario, inseguridad en los
ingresos, riesgo en los precios, enlazamiento directo con la inversión
extranjera, reducción en la tributación, cleptocracia, minusvalía del estado de
derecho, pretensiones de favorecer el múltiple acceso al poder, la
desfinanciación y el desmantelamiento de las entidades de protección social. Se
supone que, ante estos cuestionamientos, para poder subsistir en lo futuro,
deberán reinventarse. Y ser concesivos.
El profesor de Derecho Luigi
Ferrajoli, en Roma, llama a levantar un constitucionalismo planetario, “una
conciencia general de nuestro común destino que, por ello mismo, requiere
también de un sistema común de garantías de nuestros derechos y nuestra
pacífica y solidaria coexistencia” (en: La República del 26.3.2020). Es
probable y harto necesario que también tanto los Estados como los
neoliberalistas propongan la creación de nuevas ideas inclusivas, métodos y respuestas
de mejora y seguridad en la sociedad, abrir oportunidades, porque la verdadera
democracia es proporcionar alternativas para todos.
III. La peste del Covid-19
En este escenario dual y en
ciernes aparece, coincidentemente, la peste del covid-19, de origen más
reciente (diciembre de 2019) con un cargamento de destrucción y muerte que, si
bien – según algunos analistas - podría jugar un factor de desglobalización de
efectos positivos a posteriori, aunque por ahora debilita y estanca en alto
grado la productividad y la producción, y afecta el sistema de comunicaciones y
de la economía. Ha traído esta pandemia más miseria, precariedad,
profundización de las desigualdades, cierto aliento al pre-existente terrorismo
nacional e internacional y a los grandes movimientos migratorios.
Ante esta bipolaridad, de
fuerza y contra fuerza socio-económicas, de seguir subsistiendo en el futuro la
peste del covid-19 a escala global, creemos, como muchos teorizantes, que ella
deberá ser resuelta necesariamente a escala también global, cual una cruzada
solidaria y coordinada de los organismos internacionales con logística y
técnicas avanzadas, además de los recursos de todos los países del orbe, habida
cuenta que la peste del covid-19 es hija de la globalización con sus desajustes,
y extinguirlo también importa y depende de ésta. La peste del covid-19 ha
venido como un flagelo a nivel mundial como los efectos parecidos a los
estragos de la guerra y el hambre colectivos han sido también los otros
desastres que tanto han diezmado a la humanidad.
IV. Política Social y
Seguridad Social
La Política Social, como parte
de la tarea del Estado, es la encargada de garantizar la vigencia de los
derechos humanos y promover el bienestar general, vale decir, la procuración
del bien común de sus miembros. Tal misión, amplia y compleja, lo es en razón
de la multiplicidad, variedad e intensidad de las diversas necesidades y
percances que sufren las personas que lo integran. Más aún, si se tiene en
cuenta que desde fines del año 2019, la Política Social de los países todos del
orbe llevan sobre sus espaldas crujientes la señalada peste del covid-19, cuyas
pérdidas en vidas humanas no se pueden aún contabilizar, y que en el Perú ha generado
2.2 millones de desempleados, ha hecho contraer el 11.10 % del PBI y ha gastado
para tratar de combatirla solo en el 2020 la cantidad de 210 millones de Soles,
y requerirá de la aplicación de más financiación en los años que vienen para su
atenuación y/o erradicación. Algo similar hacen apresuradamente los demás
países del mundo, los que también han cerrado sus fronteras, como si viviéramos
en una especie de compartimentos-estancos infranqueables, no obstante que esta
invisible pandemia ha capturado por entero a la aldea global por aire, mar y
tierra, sin limitación geográfica alguna. Los 11.5 millones de contagios que
registra Brasil a mediados de este mes de marzo, por ejemplo, no se contrae
únicamente a los límites geográficos de dicho país, sino que remonta fronteras
y representa una amenaza para nuestra región y el mundo.
La aldea global no ha dado
respuesta unitaria para su abatimiento, como ya dijimos, en forma también
global, como podría ser mediante un fondo de solidaridad de contribución
voluntaria acopiado de los países desarrollados y de una parte de las ganancias
obtenidas por los empresarios prósperos. El FMI ha recomendado un impuesto a la
riqueza para ser implementado por los países, para cuando pase esta pandemia de
efectos catastróficos. Ciertamente, esta peste viral nos ha desconcertado y ha
puesto al descubierto, de improviso, tanto la fragilidad del género humano como
la indiferencia de sus instituciones tutelares de protección, aletargadas como
estaban en la improvisación y limitación de sus servicios. También ha
encontrado a una familia que estaba caminando muy de prisa y cada vez más
atomizada, obligándola al confinamiento y retorno al núcleo tradicional de la
“familia rural” o re-encuentro en el seno de una vida de cohesión social más
cálida; así como también el acceso a la modalidad de los estudios y del trabajo
remoto, desde casa, en forma virtual. A nivel personal la peste del covid-19 ha
traído el hábito de la higiene, la vida en el seno familiar inter-relacionado,
el uso masivo de internet; y en el ámbito institucional ha confirmado el apoyo
mancomunado de la Seguridad Social hacia la Política Social del Estado mediante
la intervención de su potencial y logística técnicos.
De cara al futuro, se debería
tener también en cuenta que ya la ONU ha previsto una hambruna global capaz de
devastar a 300 mil personas por día, cuantitativamente más grave que la actual
pandemia Covid-19, hambruna global que deberá ser confrontada por todos los
medios con que cuenten la Política Social de los Estados y de la Seguridad
Social, así como con la acción y los recursos significativos que proporcionen
necesariamente los organismos internaciones, no solo a través de pautas
generales a seguir y de datos estadísticos a posteriori, sino también
convocando a la praxis mediante actividades de campo, planificadas y
coordinadas holísticamente, como lo exigen los tiempos de desastres y
catástrofes mundiales.
El sistema de Seguridad Social
como ente para-estatal, constituye una plataforma dinámica especializada de
servicios, destinada a tratar de dar solución a las contingencias y el
bienestar a su colectivo asegurado, amenguando así la agobiada misión de la
Política Social del Estado. Su data, como derecho fundamental de la persona
humana, no viene de siglos atrás, ni de la época greco-romana cuya preocupación
principal era la búsqueda de la razón externa, más que de la búsqueda interna
de valores en la persona humana y su acción protectora, separados como estaban
en clases sociales de cobre, plata y oro, básicamente de patricios, plebeyos y
esclavos. Bismarck concibió el año 1881 un modelo de seguro de accidentes de
trabajo que fue elemento de institución en diversos países, y en el año 1938 el
Alcalde de Nueva Zelanda declaró establecido el primer sistema integral de
Seguridad Social del mundo, a la cual los trabajadores ni los empleadores de
ese país contribuyen, según informa la OIT. Terminada la segunda guerra mundial
el 7 de diciembre de 1941, sobrevino la época de la industria febril del
maquinismo - calificada por los analistas como capitalismo salvaje, corrupto y
mercantilista - y con el fin además de canalizar la ola del comunismo, William
Beveridge en el año 1942 elaboró un Plan de Bienestar Social (welfare state)
para Inglaterra, sobre el modelo de una Seguridad Social Obligatoria destinada
a la protección universal de la persona humana, en forma solidaria, desde la
cuna hasta la tumba, modelo que cuajó y se difuminó también hacia las
legislaciones de medio mundo como un derecho fundamental de las personas. En
diciembre de 2000 fue proclamada la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, aprobada el 12 de diciembre de 2007, conteniendo como uno de los
derechos básicos a la Seguridad Social y el respeto a la dignidad humana.
V. Conjunción y ayuda mutua
En el entendido de que nadie
está exento de pobreza, enfermedad, angustia, accidente, soledad, dolor,
etcétera, sobre todo en estos casos de tragedia mundial que representa la peste
del Covid-19 y que los recursos gubernamentales son limitados y los servicios
de la Política Social del Estado son por lo general lentos - y “empíricos” al
decir de Jorge Basadre -, interviene en su apoyo el servicio de la Seguridad
Social, entidad algo más flexible, con autonomía pero adjunta e integrante del
marco socioeconómico del país, y por ende de la Política Social, inspirada en
la premisa de brindar prestaciones oportunas y eficientes en base al espíritu
de la solidaridad y protección, de connotación cálida y efectiva, con recursos
de fuente contributiva, según el cual todos aportan y todos se benefician.
Siendo necesario tener en cuenta que, en su génesis, la persona humana desde su
concepción en el claustro materno viene siendo protegido, y tal sentido de
protección lo lleva ínsito en su numen, en su genoma y en su ADN, y es por ello
que en su devenir como ente activo busca instintivamente, como orientación
natural de empatía, socializar y estar inmerso en algún conjunto homogéneo,
cual un impulso instintivo gregario. La Seguridad Social hunde sus raíces en
esa instintiva búsqueda de protección innata, la que es recogida como sabia
nutriente de su institución, tratando de hacer concurrir mancomunadamente a los
estamentos principales de la producción (Estado-empleador-trabajador) para
amparar y tratar de alcanzar el anhelado Estado de Bienestar que implica salud,
desarrollo y progreso sostenibles dentro de una nación. Acerca de este concepto
productivo de asociación, la Madre Teresa lo resume así: “Puedo hacer lo que
usted no puede, y usted puede lo que yo soy incapaz de hacer. Juntos podemos
hacer grandes cosas”. Es en esta la virtud, que el pilar de la Seguridad
Social de conjunción y ayuda mutua se erige como un derecho fundamental en
cuanto implica redistribución de los ingresos del país y lleva a preservar y a
afianzar la dignidad, así como a la cohesión y solidaridad nacional.
VI. El descompromiso social
El acuerdo de subsidiariedad
de hubo a fines de los 60’ entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan sobre el
descompromiso social del Estado en los seguros sociales de los países europeos,
con el propósito de establecer un Estado fuerte y regulador, y un
individualismo de los asegurados quienes debían sufragar sus contingencias y
prosperar por su propios medios, no fue receta para el Perú, y antes bien,
produjo desconfianza y ajuste estructural en las prestaciones a los asegurados,
privatización de buena parte de los servicios de salud y de pensiones,
precariedad, y apertura de una mayor brecha entre la riqueza y la pobreza, una
severa contracción de servicios en las contingencias de enfermedad, maternidad
y pensiones, al dejar a la población asegurada - acostumbrada como estaba a
acudir a sus institución de Seguridad Social - librados a la suerte del mercado
libre de la oferta y la demanda, y a la deriva en un cúmulo de demandas
personales y de respuestas ciegas durante más de cuatro décadas.
Bajo tal coyuntura, los
responsables de la gestión de la Seguridad Social del país y de nuestra región
no supieron suscitar la fraternidad y solidaridad suficientes entre las
personas ni entre los pueblos, ni entre los Estados para afincar fuertemente a
esta entidad en el rol de las sociedades organizadas que tienen el deber moral
de destinar parte de sus recursos como contribución para proporcionar un
adecuado nivel de consumo a los otros miembros de la colectividad que tienen una
baja o muy baja capacidad contributiva, y a otros que no la tienen.
La decreciente soberanía
fiscal del Estado-Nación como resultado de la mundialización, en el que nos
encontramos inmersos, es aún uno los nuevos retos para los sistemas nacionales
de protección y, por ende, de la Seguridad Social. Y luego, con la necesidad de
que, por añadidura, nos sobrevendrá la hambruna de la que nos advierte la ONU,
será otro reto que resolver, además del volumen omnipresente y masivo de los
desempleados, subempleados e inocupados que quedará para entonces en cada país,
obligarán a pensar en un necesario rediseño de la estructura de la Política
Social y también de la Seguridad Social.
Se suponía también que luego
de 1989 cuando cayó el muro de Berlín, y de 1991 cuando se disolvió la Unión
Soviética, referidos en el apartado II, y la crisis financiera del año 2008 que
desacreditó el modelo neoliberal, advendría una nueva época de rescate de los
valores de la democracia liberal, mas no ha sido así, por cuya razón será necesario,
de cara al futuro, repensar seriamente en sus raíces, a efecto de evitar que
dicho modelo seductor del poder político continúen de la mano, ya que, como lo
puntualiza el Premio Novel Friedrih Von Hakek, “El mercado no es natural, es un
sistema controlado por un grupo determinado de personas que pueden crear
desigualdad social” (Entrevista, en El Comercio del 3.11.2019).
Y ahora que los especialistas
opinan que el neoliberalismo ha decepcionado y que todo cambiará luego de
pasada esta etapa de desastre mundial, el Estado debería revisar
significativamente los valores democráticos y sociales y volver a estar
presente en la gestión institucional de la Seguridad Social, con su aporte real
que justifique su legitimidad, y si fuese necesario mediante un impuesto a
ciertos productos o con la adición del 1% al IGV, u otros mecanismos
compatibles con la finalidad de protección y del Estado de Bienestar, tratando
de conseguir la coherencia responsable de las clases sociales en el Perú con el
aporte de quienes más tienen, demostrando la inversión del hecho doloroso, pero
cierto, de lo que dice Angela Merkel: “Los ricos en América Latina no quieren
pagar nada”.
Mas, si el Estado sigue
alejado de dicha de solidaridad, iría contra el principio del tripartismo que promueve
la OIT en sus convenios, recomendaciones y conferencias; y eventualmente la
Seguridad Social se estaría convirtiendo en una asociación civil privativa, de
sus verdaderos aportantes, típico de una entidad independiente, pudiendo llamar
a la tercerización para la gestión de sus servicios sin perjuicio de hacer
intervenir también a las cajas regionales, mutuales, municipios, a los
microseguros y demás organizaciones civiles, con gastos mesurados y sin ánimo
de lucro.
VII. El Perú
Dentro del contexto de la
región latinoamericana cuya población se estima en 650 millones, la población
total del Perú según el INEI es de 32,5 millones de personas, en estimación al
año 2020, la cual eventualmente debería ser acogida por las instituciones de la
Política Social del Estado. Sin embargo, teniendo en cuenta que el volumen
mayor del 50% de la población no está inserta en las entidades de la Seguridad
Social, por razones de pobreza, es razonable pensar que, debido además a las
limitaciones, la formalidad y los diseños de los actos burocráticos de la
Política Social del Estado, se producirá siempre el desborde inevitable de sus
responsabilidades hacia los servicios de la Seguridad Social. Para ello, se
debería fomentar intensamente los planes de los citados microseguros por lo
menos para las prestaciones de reparto simple de enfermedad-maternidad dado que
“el acceso a la asistencia sanitaria es una de las prioridades por excelencia
de los trabajadores de la economía informal, sobre todo en los países con
ingresos bajos” como lo señala la OIT en “Seguridad Social – Un Nuevo
Consenso”, 2002, pág. 116.
El ramo de pensiones, por otro
lado, requerirá de una reforma sustancial de la mixtura dispersa actual que
desorienta y deja en la incertidumbre a los beneficiarios del país, poniéndolos
para ello bajo la administración coordinada de sus correspondientes seguros
ciertamente sociales, o también de los microseguros autorizados, dentro del
esquema solidario de un adecuado sistema general de Seguridad Social
organizado, que contemple claramente prestaciones económicas básicas,
proporcionales y complementarias. La OIT dice al respecto, en Normas del Siglo
XXI - Seguridad Social, 2002, pág. 12, que “al examinar la compatibilidad de un
sistema privado de pensiones con el Convenio Nº 102, estimó que la coexistencia
dentro del sistema de la Seguridad Social de dos regímenes, uno público y otro
privado, no resulta en sí compatible con el Convenio…”.
VIII. Anexo
En el propósito de promover la
esperanza para las personas de la región latinoamericana a través de la
Seguridad Social, enlazadas en virtud del idioma y la expectativa de un ideal
común de progreso, bajo un techo plural que respete la peculiaridad e
idiosincrasia de cada país, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) a cargo del finado Dr. Carlos Martí Bufill esbozó hace algunos años un
proyecto de Carta Social Latinoamericana, para recoger iniciativas y someterlo
después a la aprobación de los gobiernos, y apoyar en la elaboración de las
sendas leyes de bases, cuyos diseños forjarían la fisonomía mejor del derecho a
un bienestar general en la región latinoamericana. El llamado que dicho
documento contiene cobra vigencia en estos momentos de tragedia colectiva y de
esperanza del retorno a la nueva normalidad democrática y de progreso social.
CARTA SOCIAL LATINOAMERICANA
I. Derechos humanos
De un tiempo a esta parte,
como nunca antes, ocupan los Derechos Humanos un lugar preferente en la
sociedad contemporánea y no cabe duda que seguirán cobrando vigencia en los días
venideros. No es que no hayan hecho falta en tiempos pasados, sino que los
Derechos Fundamentales del Hombre han estado subyacentes y es ahora cuando al
parecer comienza a desplegarse en toda su magnitud a nivel mundial.
Las dos grandes guerras
mundiales sacudieron 90 años a muchos países de Europa y con posterioridad a la
segunda de ellas deja latente la amenaza de una guerra nuclear y la
eventualidad de una terrible autodestrucción humana. El mundo de los valores,
fines y razones históricas reacciona y descubre a partir de 1948 y sobre todo
después del año 1989 que requiere de un manto protector ante tales
perspectivas.
La aparición en la escena
social de pueblos que, luego de haber sufrido siglos de sumisión, reclaman
ahora su legítima presencia política en sus naciones y un puesto entre los
organismos internacionales, ensanchan también los criterios de la realidad
sociológica, política y jurídica, propia de la convivencia de personas humanas
en sociedad. También concurren paralelamente otros factores a nivel global que,
a más de requerir atención por sí solos, van a posponer las plataformas de
protección y bienestar social de los países organizados, con estructuras de
Derechos orientadas a tal finalidad, y que no pueden marginarse porque también
tienen derecho a lo mismo, aún cuando no haya normas escritas respecto a ellos.
Así surge la tendencia a la
globalización del mundo mediante la aparición de los grandes capitales, por una
parte, y, por otra, al analfabetismo, la drogadicción, la falta de educación y
vivienda, el incremento del desempleo y del subempleo, la delincuencia, el
terrorismo, el crecimiento demográfico, la preocupación por la ecología, que
también se han mundializado por efecto de la economía y su precariedad de
redistribución.
La causa de este
subdesarrollo, sobre todo en Latinoamérica, es no sólo de orden económico, sino
también cultural, político y a veces, simplemente, de consideración humana,
empero que se convierten en piezas de un mecanismo y engranaje gigantescos.
El neoliberalismo que fomenta
la privatización, el libre juego de la oferta y la demanda, el individualismo y
el poder del más fuerte sobre el débil; la violencia en sus diversas
manifestaciones; la educación política; y el derecho internacional de los
Derechos Humanos, son pues otras reflexiones acerca de este vasto mundo que sin
duda nos tocará vivir en adelante, en cuanto constatamos, sobre todo, que –
como reiteramos - a partir de la vigencia del artículo 103° de la Carta de las
Naciones Unidas se hacen prevalecer y polarizar las obligaciones que ésta
impone por sobre todo otro acto u otra convención que puedan concertar los
estados miembros de dicha Organización Internacional.
II. Seguridad social
La transformación de la
sociedad industrial en sociedad de desarrollo tecnológico ha significado la
quiebra de los patrones tradicionales de las instituciones, singularmente aquí,
en América Latina, que se encuentra sacudida por cambios profundos de orden
estructural y democrático. En la última década, la presencia del nuevo
liberalismo ha acentuado la transformación de los servicios de la Seguridad
Social, agravada con el descompromiso social de Estado y, consiguientemente, de
las instituciones que tienen a su cargo de la gestión de dichos servicios.
No se pueden predecir ni
mensurar aun los cambios que se producirán en dichos servicios, en orden a
restablecerlos en procura del bienestar y de la protección social, en vista de
que el concepto y la significación misma de la Seguridad Social, al parecer, se
encuentran en proceso de transición y transformación.
El factor más decisivo que
causa esta etapa de larga transmisión es la generada por la profunda crisis
económica mundial que aún estamos viviendo, y que durará todavía buen tiempo,
según dan cuenta los especialistas en la materia; pero los escenarios cada vez
más agudos de la pobreza, de la pobreza extrema, el hambre y el índice de
morbilidad y de mortalidad, constituyen flagelos diarios en las mesas de, por
lo menos, un 60% de la población Latinoamericano. Este drama permanente cuya
solución no se vislumbra a corto plazo sin lugar a duda dejará graves secuelas
y la protección y el bienestar social, que son los objetivos de la Seguridad
Social, en América Latina se sienten alejados, no obstante constituir legítimas
aspiraciones humanas. El estadio de cierta comodidad y bienestar material, en
este interregno, se le intuye como una especie de hedonismo social, el cual
nuca ha sido fuente enriquecedora de la vida humana, como en verdad lo ha sido,
por el contrario, el sufrimiento y el drama crucial y profundo de los hombres.
De estos últimos ha surgido casi siempre las historias protagónicas y más
conmovedoras y harán surgir también, sin duda, los impulsos imprevistos de
superación y desarrollo humanos, en sus más diversas direcciones.
De este modo, la universalidad
de su desplazamiento y la solidaridad que es su base insustituible se
encuentran postergadas o aquietadas. La solidaridad social, que es la esencia
de la Seguridad Social, no ha dejado de ser, aún desde los inicios de la vida
humana, la fuerza motriz en que se apoya toda persona en su vida diaria, de
ayuda mutua y de manos cálidas y entrelazadas de los seres vivientes, en
procura de la solución de sus problemas y el desarrollo de nuevas instituciones
tutelares. Por ello es que la Seguridad Social seguirá encontrando en el
espíritu solidario de la gente su más rico bastión y su más fuerte compromiso
para el retorno generalizado en la concepción y diseño de las nuevas vertientes
de protección social y, tal vez, de nuevas instituciones que enmarquen nuevos
contenidos de amor a todos los miembros de la comunidad Latinoamericana. Ello
será obra de los espíritus renovados en cuanto puedan encontrar repuesta de los
planificadores sociales, y de las entidades destinadas a su forjación, como son
las universidades, las asociaciones civiles y cuantas entidades se encuentren
preocupadas y de cara al futuro.
III. Política social
La Política Social entendida
como actividad que realiza el Poder Público en pro de bien común, confunde la articulación
de sus raíces y concepciones con los de la Seguridad Social, en cuanto ambas
procuran lograr el bienestar general de la población, si bien, claramente
aceptado, el rol de la Seguridad Social no pasa de ser el instrumento más
poderoso de la Política Social del Estado, como se vislumbró en el Programa de
Otawa.
Teniendo en cuenta que el
Estado ha proclamado últimamente, con ocasión del neo liberalismo, su
descompromiso social, a partir de un aparato más pequeño pero más fuerte, más
dinámico y menos burocrático, seguirá teniendo – aún allí – a la sociedad
humana en su conjunto como sujeto de gravitación y de su propia razón de
existir. Porque su contenido u objeto es la defensa de los sectores de la
población en inferioridad por su situación social o económica, la protección
sanitaria y económica del población, la regulación demográfica, el fomento y la
mejora de la vivienda personal, la difusión del acceso a la propiedad, el
aseguramiento de una cultura popular gratuita, la prevención de siniestros e
infortunios en todas la actividades colectivas, un sistema de buenos seguros
sociales contra todas las contingencias personales, en otros. Estos objetivos
que surgen preñados de solidaridad, en busca de su fin último, que es la paz
social, dejan ver con claridad meridiana que la Política Social y la Seguridad
Social siguen siendo articuladas por el Estado, aún cuando cada cual lo
verifique con los medios o instrumentos propios destinados a la consecución de
una misma finalidad.
Ello aún concediendo que la
Política Social de estos tiempos orienta sus acciones a través de los sistemas
del liberalismo que conduce al mercado libre de la oferta y la demanda, y al
individualismo que pueda coincidir eventualmente con la egolatría y el autismo,
en tanto que la Seguridad Social se nutre de la sabia proveniente de la
sociedad concebida bajo el principio de que los bienes de la creación están
destinados a todos.
IV. Solidaridad
Sin embargo, a pesar de los
portentosos avances logrados en los campos de la ciencia, de la tecnología y de
la comunicación, la Política Social aún no ha podido sentar las bases de la
igualdad social, la solidaridad humana, ni el desarrollo sostenido, ni mucho
menos solucionar los tremendos problemas que la afligen, que hemos señalado al
tratar el tema de los Derechos Humanos. Es que la disponibilidad de los
recursos naturales y financieros por sí solos son ineficientes para conseguir
la solidaridad social, el crecimiento de los pueblos, evitar las migraciones
perennes y combatir la aparición de enfermedades nuevas y la reaparición de
otras que se suponían ya superadas.
La solidaridad social es por
eso necesaria para conseguir la equidad humana, de suerte que no puede seguir
siendo tratada como un elemento adversativo. Para ello es preciso reconocernos
todos como seres humanos, de modo que quienes tienen más recursos los compartan
responsablemente con los demás, y no dejar que se practique únicamente la
solidaridad de los pobres entre sí, quienes rechazan la idea de presentar sus
carencias ante la ineficacia o la corrupción de Poder Político y evitar su
derivación en violencia. El mismo precepto se aplica, por analogía, en las
relaciones internacionales, pues la interdependencia debe convertirse en
solidaridad, había cuenta que los bienes de la Creación están destinados a
todos y, en consecuencia, lo que la industria humana produce elaborando las
materias primas, con la aportación del trabajo, debería servir igualmente al
bien de todos.
La solidaridad, dice la
doctrina Social de la Iglesia, nos ayuda a ver al otro – persona, pueblo,
nación — no como un instrumento cualquiera para explotar a poco costo su
capacidad de trabajo y resistencia física, y abandonarlo cuando ya no sirve,
sino como un semejante nuestro, una ayuda; para excluir de esta manera la
explotación, la opresión y la anulación de los demás. El desarrollo - según la
conocida expresión de la Encíclica de Pablo VI - es el nuevo nombre de la paz,
de manera que la solidaridad que vislumbramos es un camino hacia la paz y hacia
el desarrollo. Por eso, si bien el tema de Pío XII era (opus institiae pax) la
paz como fruto de la Justicia, hoy podría decirse (opus solidaritates pax) la
paz como fruto de la solidaridad. De esta manera – reitera — que el objetivo de
la paz, tan deseado por todos, sólo se alcanzará con la realización de la
Justicia Social e Internacional, y además con la práctica de las virtudes que
favorecen la convivencia, y nos enseña a vivir unidos, compartiendo
sufrimientos y alegrías, para construir juntos, dando y recibiendo, una
sociedad y un mundo mejor.
V. El trabajo
La relevación del género
humano, a partir de la dignidad del hombre, hay que buscarla en el vasto
contexto de esa realidad que es el trabajo, que exige una renovada atención,
cada día, a una nueva especialización. No obstante, esta mutabilidad y
renovación constantes no favorecen un crecimiento menos rápido del bienestar
material y social en los países del área Latinoamericana, debido a su desgaste
institucional a nivel global.
A su vez, sabido es que el
trabajo humano tiene un valor ético, cuyas fuentes hay que ubicarlas mayormente
en su dimensión subjetiva y no en su dimensión objetiva, en la convicción que
tenemos de la prioridad del trabajo humano sobre lo que significa y ha
significado en el transcurso del tiempo el capital, entre cuyos factores no
debe existir antinomia, sino la significación eminente del valor humano.
Es verdad que desde el año
1945 la electrónica y luego los microprocesadores han convulsionado la
producción y las informaciones, desplazando a la mano de obra tradicional,
dando lugar a los serios problemas del desempleo, subempleo, esto es, a una
desocupación calificada como masiva.
También se advierte lo que se
ha dado en llamar la brecha creciente que hay entre el Norte desarrollado y el
Sur en vías de desarrollo, cada vez más compleja, debido a que ha comprometido
las materias de otras áreas del tejido social y ha asumido a la vez una
dimensión mundial. También se abren dentro de la propia unidad del género
humano los denominados Primer Mundo, Segundo Mundo, Tercer Mundo y Cuarto
Mundo, en segmentos cuarteados y con abismos de distancia entre unos y otros,
en sustitución de los bloques Este y Oeste.
Paralelamente, sin embargo, se
viene fomentando la búsqueda del desarrollo armónico de los mercados de
trabajo, la integración subregional y al mismo tiempo la integración regional,
con un criterio de unión y de fortalecimiento vital de sus miembros, porque de
otro modo – reproduciendo el Evangelio (Mt. 16,26) – podríamos decir: ”de qué
le servirá al hombre parcelar y ganar el mundo entero, si arruina su vida?”.
VI. La empresa
La empresa latinoamericana,
heredera de una tradición no siempre nacionalista, se siente movida entre los
estamentos de sociedades tradicionales y el poderoso capital transnacional. Su
desarrollo, per se, entonces es limitado. La encontramos ahora último, por
fuerza del neoliberalismo y la desregulación laboral, distribuida en
microempresa, pequeña, mediana y gran empresa, con tales ansias de
emprendimiento personal de las tres primeras, más que de estudios de
administración, finanzas, economía, ni de ciencias sociales. Es que a
diferencia de lo que ocurrió siempre en otras latitudes, a los latinoamericanos
no les dijeron en su infancia que tenían que ser empresarios, arraigados como
estaban mentalmente a un trabajo asalariado y a una noción de dependencia.
La imagen que generalmente
proporcionaba la empresa de clases dominante de la región se ha modificado en
los últimos quince o veinte años con el advenimiento de la democracia, el
proceso de globalización, el gran consenso de la lucha por el progreso,
reposicionando el valor de la equidad, la lucha por el mercado, y otras
variables que van configurando un entorno en el cual los empresarios asumen un
compromiso de superior valor y que trasciende en mucho el nuevo propósito de
lucro.
Se destacan por eso las
virtudes de innovación y diversificación o reconversión, en base al atributo de
la flexibilidad de sus concepciones, que les permite luchar contra situaciones
imprevistas, contingencias e imponderables, que son cualidades esenciales en un
entorno tan cambiante como el que vivimos. En menor proporción se advierte su
desplazamiento y competición en el extranjero, aparentando la visión
tradicional de un empresario pasivo y seguidor, cuando, en verdad, quizás con
más dotación de recursos y conocimientos, podamos apreciarla con una gran
capacidad emprendedora, creativa e innovadora.
Requiere el empresario de esta
latitud, por otra parte, mayor entendimiento con los trabajadores para lograr
una mayor productividad de cada cual y un compromiso fortalecedor de los mismos
con los fines de la empresa, en un medio democrático y de mayor aceptación de
la ciudadanía que es, al fin y al cabo, a quienes se deben.
Es que el desarrollo económico
y la empresa han de estar inmersos en un sistema político democrático, que es
el medio más adecuado para la libre competencia, la imaginación creadora y la
seguridad jurídica. La prueba está en que los países ricos con desarrollo
empresarial son los más democráticos y que, por el contrario, países con
gobiernos autoritarios y coyunturalmente con etapas de un rápido crecimiento
hoy se debaten en crisis profundas, viéndose obligados a abandonar el
dirigismo, el proteccionismo y el excesivo control estatal.
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