ALAN GARCÍA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (28 de julio de 1988)

 

ALAN GARCÍA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(28 de julio de 1988)

 

Nota del compilador: el expresidente en su discurso del 28 de julio de 1988 ante el Congreso ya planteaba la privatización de la seguridad social, planteando la incorporación de aseguradoras privadas, interpretando erróneamente el artículo 14° de la Constitución de 1979 vigente en esa fecha, que señalaba expresamente que "una institución autónoma y descentralizada […] tiene a su cargo la seguridad social de los trabajadores y sus familiares" …Esa institución era el IPSS. 

Por lo demás, a más de 3 décadas de la implantación del sistema privado de pensiones en el Perú, y los graves perjuicios que originó a sus afiliados cautivos, ha quedado demostrada su ineficiencia y que no es la solución a la problemática del sistema pensionario, como se le promocionó. Y, actualmente se la quiere incluir de contrabando en el proyecto promocionado por los abogados empresariales y el Estado mediante el llamado “sistema multipilar”, que no es solución a esta gran problemática.

 

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MENSAJE DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ, DOCTOR ALAN GARCÍA PÉREZ, ANTE EL CONGRESO NACIONAL, EL 28 DE JULIO DE 1988 [...].

Ahora quiero referirme a un tema que interesa a millones de peruanos porque compromete su expectativa de salud y sus posibilidades económicas cuando por los años dejen el trabajo. Es el tema de la seguridad social.

El capítulo III del título I de la Constitución trata de ella, señalando que el Estado garantiza el derecho de todos los peruanos a la seguridad social, que la seguridad social tiene como objeto cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, desempleo, accidente, vejez, muerte y otras contingencias susceptibles de ser amparadas.

El artículo 14 de la Constitución establece que una institución autónoma tiene a su cargo la seguridad social de los trabajadores y sus familias. Dice que esa institución tiene fondos y reservas aportados por el Estado, los empleadores y los asegurados, y dice que esos fondos no pueden ser utilizados o destinados a fines distintos de los de su creación. Pero dice también que la existencia de otras entidades públicas o privadas en el campo de la seguridad es posible siempre que ofrezcan prestaciones mejores o adicionales y haya consentimiento de los asegurados. Todo esto dice la Constitución.

Pero ¿Cuál es la realidad de la seguridad social? ¿Satisface las expectativas de los asegurados? ¿Acaso las pensiones que ofrece satisfacen a los 220,000 jubilados que dependen de ella?

Actualmente 2’500,00 peruanos, obreros y empleados, cotizamos mensualmente, junto a los empleadores, el 18% del monto de nuestro salario para salud y para futura jubilación. Pero una y otra vez se repite que los servicios que recibimos son insuficientes, y que con el monto que pagamos podríamos tener mayor satisfacción. Los jubilados son 220,000. En los últimos meses se procedió a un aumento de sus pensiones y se reajustan con la inflación, pero son muy bajas y todos sabemos que si el fondo de jubilación hubiera sido manejado a lo largo de los años de mejor manera esas pensiones serían hoy mucho mayores.

Algo más, cuando se planteó la necesidad del último aumento de sus pensiones, la respuesta que recibí de un funcionario fue que ese aumento podría hacer quebrar al Seguro, es decir, que para él más importante era la remuneración de sus 42,00 empleados que el pago de las pensiones a aquellos que con sus aportaciones han construido el Seguro.

Además, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios y profesionales, la atención y los servicios no satisfacen a los asegurados. Los 2 grandes hospitales de Lima fueron construidos hace casi 40 años. Adicionalmente en las grandes unidades hospitalarias se concentra la más alta proporción de profesionales médicos, de enfermeras y de empleados. Por ejemplo, en el Hospital Rebagliati hay 6,618 personas y en el Hospital Almenara hay 3,700.

Estas cifras nada tienen que ver con las personas ni son una denuncia contra ellas, porque los médicos y los empleados no son responsables del sistema ni de la estructura del Seguro.

El Seguro tiene 25 edificios en los cuales se ha invertido el fondo de jubilación, el futuro de todos los peruanos. Con los grandes esfuerzos de aumento de alquileres hechos por la dirección esos edificios sólo rinden en conjunto una reducida renta de 20 millones de intis al mes.

De todos los gastos hechos en 1987, la mitad son remuneraciones. Además, con todas sus administraciones y lamentablemente también con esta y bajo este Gobierno el número de empleados y obreros del Seguro ha aumentado sin cesar y la remuneración de todos esos empleados se actualiza de acuerdo al índice de inflación, es decir, esta indexada. Pero en estos años se ha devuelto también algo de lo que los salarios perdieron en los Gobiernos anteriores en la Seguridad Social eso estaría muy bien si no fuera a costa de la jubilación de los viejos o con los fondos que 2’500,000 peruanos aportamos, esta es la verdad.

Repito que plantear este problema no significa ninguna crítica a los trabajadores o a los sindicatos. Es una crítica implícita al propio Gobierno y a nuestra Representación, un sindicato tiene que pugnar para obtener mayores salarios. Esa es su función.

El problema es más profundo, es producto de un modelo aplicado durante decenios, un sistema en el cual el asegurado no tiene directamente ninguna participación o decisión y donde nadie puede fiscalizar en que se emplean los recursos. Eso es totalmente antidemocrático, afecta la libertad y contraviene lo dispuesto por la Constitución.

¿Qué debemos hacer? Un primer paso debe ser la regionalización de Instituto Peruano de Seguridad Social. Hay muchos departamentos y provincias, Cajabamba por ejemplo, donde se cotiza el equivalente a 100 y sólo se dan servicios por 20. la diferencia viene a Lima a seguir financiando el crecimiento hipertrófico de una institución que no brinda los servicios correspondientes. Regionalizar el Seguro significaría mejorar los servicios de salud y de jubilación por igual en todo el país. Se pueden mejorar además los servicios, limitar el empleo burocrático, aprovechar mejor la eficiencia de los profesionales, dotar mejor a los servicios farmacéuticos. Todo esto lo he conversado con profesionales médicos. Sin embargo, eso no soluciona el problema, esa es sólo una parte. La verdadera solución es cumplir con la Constitución.

En la medida en que hay una sola institución y todos los trabajadores estamos obligados a cotizar sin alternativa, se produce el burocratismo y la falta de control. En la medida en que una sola institución pretende atender a millones de peruanos se produce el centralismo y el caos. Hace un año mencioné aquí la necesidad de legislar para que el trabajador individual o los sindicatos tengan derecho de elección respecto a la institución que atienda su salud y sus jubilaciones.

Mientras sólo exista una institución y cada trabajador no pueda escoger o ejercer su derecho a estar en ella o salir de ella, tener que cotizar mensualmente y a la fuerza se convierte en una especie de servidumbre y todos vemos como nuestros aportes se esfuman en remuneraciones o en la construcción de edificios que no dan renta y todos sabemos que al momento de la jubilación tendremos pensiones irrisorias eso es injusto, antidemocrático y es obligación del Parlamento, del primer Poder del Estado, cambiarlo por el bien de todos los peruanos.

Esos son los peligros del centralismo y la burocratización, y la democracia debe vencer estos dos obstáculos. Para eso nos empeñamos en crear Gobiernos Regionales. Por esto también debemos disponer el inmediato cumplimiento del artículo 14 de la Constitución. Y entrego y dejo en mesa para ello un proyecto de ley. Debe permitirse la participación de la sociedad en la Seguridad Social. Debe permitirse que otras entidades públicas o privadas ofrezcan prestaciones siempre que sean mejores o adicionales y cuenten con la voluntad expresa del asegurado. Eso es democratizar la sociedad. Y creo que así, el mundo sindical tendrá en este campo una gran posibilidad de iniciativa.

Por ejemplo si varios sindicatos que sumen 5,000 trabajadores crean una entidad de seguros que proteja su salud y garantice su fondo de jubilación, tendrán seguramente mejores servicios que los que actualmente reciben con los mismos fondos. Por que no imaginar también entidades cooperativas de seguros que puedan ofrecer mejores y mayores prestaciones y de esta manera estimular la eficacia del gran Instituto Peruano de la Seguridad Social.

Naturalmente, la garantía y la seguridad de esos servicios debe estar supervisada y regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros, determinándose el encaje de seguridad necesario para garantizar el aporte de los asegurados.

Pero además, el proyecto de ley que presentamos establece también que los asegurados y estas nuevas entidades deben cumplir con el principio de la solidaridad social, contribuyendo con un porcentaje de los aportes recaudados para el Instituto Peruano de Seguridad Social, a fin de sostener la ampliación de su cobertura para las comunidades campesinas, los pueblos jóvenes y los desempleados. Así el asegurado puede ejercer su libertad y buscar una institución alternativa, contribuyendo siempre con la sociedad.

Cada vez que se ha planteado esto, la necesidad de poner en funcionamiento el articulo 14 de la Constitución, se ha dicho que así se privatiza el Seguro. No es verdad, ese es un cliché y una consigna que impide a los asegurados su derecho democrático a participar y evita la democratización de la seguridad social en el Perú.

Decir eso equivale a decir que cuando creamos un Gobierno regional estamos privatizando el Estado. No es verdad. Eso es garantizar la participación de la sociedad.

Otra objeción que he recogido dice que al crearse seguros alternativos entre los que los asegurados puedan escoger, puede originarse la quiebra del Instituto Peruano de la Seguridad Social. No es verdad. Lo que ocurrirá es el cambio del actual sistema y su funcionamiento obligando al instituto a mejorar sus servicios y a reducir sus gastos, y, como sus propios trabajadores lo han exigido, a iniciar una profunda moralización interna.

En todo caso este es un artículo constitucional y tenemos la obligación de cumplirlo, no es una propuesta del Presidente de la República; propongo que se cumpla.

De lo contrario cualquier peruano, cualquier trabajador, considerando que su derecho a escoger no se cumple, tendría la posibilidad de sustraerse mediante un amparo judicial a la aportación obligatoria considerando que el artículo constitucional no está en cumplimiento.