ALAN GARCÍA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (28 de julio de 1988)

 

ALAN GARCÍA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(28 de julio de 1988)

 

Nota del compilador: el expresidente en su discurso del 28 de julio de 1988 ante el Congreso ya planteaba la privatización de la seguridad social, planteando la incorporación de aseguradoras privadas, interpretando erróneamente el artículo 14° de la Constitución de 1979 vigente en esa fecha, que señalaba expresamente que "una institución autónoma y descentralizada […] tiene a su cargo la seguridad social de los trabajadores y sus familiares" …Esa institución era el IPSS. 

Por lo demás, a más de 3 décadas de la implantación del sistema privado de pensiones en el Perú, y los graves perjuicios que originó a sus afiliados cautivos, ha quedado demostrada su ineficiencia y que no es la solución a la problemática del sistema pensionario, como se le promocionó. Y, actualmente se la quiere incluir de contrabando en el proyecto promocionado por los abogados empresariales y el Estado mediante el llamado “sistema multipilar”, que no es solución a esta gran problemática.

 

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MENSAJE DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ, DOCTOR ALAN GARCÍA PÉREZ, ANTE EL CONGRESO NACIONAL, EL 28 DE JULIO DE 1988 [...].

Ahora quiero referirme a un tema que interesa a millones de peruanos porque compromete su expectativa de salud y sus posibilidades económicas cuando por los años dejen el trabajo. Es el tema de la seguridad social.

El capítulo III del título I de la Constitución trata de ella, señalando que el Estado garantiza el derecho de todos los peruanos a la seguridad social, que la seguridad social tiene como objeto cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, desempleo, accidente, vejez, muerte y otras contingencias susceptibles de ser amparadas.

El artículo 14 de la Constitución establece que una institución autónoma tiene a su cargo la seguridad social de los trabajadores y sus familias. Dice que esa institución tiene fondos y reservas aportados por el Estado, los empleadores y los asegurados, y dice que esos fondos no pueden ser utilizados o destinados a fines distintos de los de su creación. Pero dice también que la existencia de otras entidades públicas o privadas en el campo de la seguridad es posible siempre que ofrezcan prestaciones mejores o adicionales y haya consentimiento de los asegurados. Todo esto dice la Constitución.

Pero ¿Cuál es la realidad de la seguridad social? ¿Satisface las expectativas de los asegurados? ¿Acaso las pensiones que ofrece satisfacen a los 220,000 jubilados que dependen de ella?

Actualmente 2’500,00 peruanos, obreros y empleados, cotizamos mensualmente, junto a los empleadores, el 18% del monto de nuestro salario para salud y para futura jubilación. Pero una y otra vez se repite que los servicios que recibimos son insuficientes, y que con el monto que pagamos podríamos tener mayor satisfacción. Los jubilados son 220,000. En los últimos meses se procedió a un aumento de sus pensiones y se reajustan con la inflación, pero son muy bajas y todos sabemos que si el fondo de jubilación hubiera sido manejado a lo largo de los años de mejor manera esas pensiones serían hoy mucho mayores.

Algo más, cuando se planteó la necesidad del último aumento de sus pensiones, la respuesta que recibí de un funcionario fue que ese aumento podría hacer quebrar al Seguro, es decir, que para él más importante era la remuneración de sus 42,00 empleados que el pago de las pensiones a aquellos que con sus aportaciones han construido el Seguro.

Además, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios y profesionales, la atención y los servicios no satisfacen a los asegurados. Los 2 grandes hospitales de Lima fueron construidos hace casi 40 años. Adicionalmente en las grandes unidades hospitalarias se concentra la más alta proporción de profesionales médicos, de enfermeras y de empleados. Por ejemplo, en el Hospital Rebagliati hay 6,618 personas y en el Hospital Almenara hay 3,700.

Estas cifras nada tienen que ver con las personas ni son una denuncia contra ellas, porque los médicos y los empleados no son responsables del sistema ni de la estructura del Seguro.

El Seguro tiene 25 edificios en los cuales se ha invertido el fondo de jubilación, el futuro de todos los peruanos. Con los grandes esfuerzos de aumento de alquileres hechos por la dirección esos edificios sólo rinden en conjunto una reducida renta de 20 millones de intis al mes.

De todos los gastos hechos en 1987, la mitad son remuneraciones. Además, con todas sus administraciones y lamentablemente también con esta y bajo este Gobierno el número de empleados y obreros del Seguro ha aumentado sin cesar y la remuneración de todos esos empleados se actualiza de acuerdo al índice de inflación, es decir, esta indexada. Pero en estos años se ha devuelto también algo de lo que los salarios perdieron en los Gobiernos anteriores en la Seguridad Social eso estaría muy bien si no fuera a costa de la jubilación de los viejos o con los fondos que 2’500,000 peruanos aportamos, esta es la verdad.

Repito que plantear este problema no significa ninguna crítica a los trabajadores o a los sindicatos. Es una crítica implícita al propio Gobierno y a nuestra Representación, un sindicato tiene que pugnar para obtener mayores salarios. Esa es su función.

El problema es más profundo, es producto de un modelo aplicado durante decenios, un sistema en el cual el asegurado no tiene directamente ninguna participación o decisión y donde nadie puede fiscalizar en que se emplean los recursos. Eso es totalmente antidemocrático, afecta la libertad y contraviene lo dispuesto por la Constitución.

¿Qué debemos hacer? Un primer paso debe ser la regionalización de Instituto Peruano de Seguridad Social. Hay muchos departamentos y provincias, Cajabamba por ejemplo, donde se cotiza el equivalente a 100 y sólo se dan servicios por 20. la diferencia viene a Lima a seguir financiando el crecimiento hipertrófico de una institución que no brinda los servicios correspondientes. Regionalizar el Seguro significaría mejorar los servicios de salud y de jubilación por igual en todo el país. Se pueden mejorar además los servicios, limitar el empleo burocrático, aprovechar mejor la eficiencia de los profesionales, dotar mejor a los servicios farmacéuticos. Todo esto lo he conversado con profesionales médicos. Sin embargo, eso no soluciona el problema, esa es sólo una parte. La verdadera solución es cumplir con la Constitución.

En la medida en que hay una sola institución y todos los trabajadores estamos obligados a cotizar sin alternativa, se produce el burocratismo y la falta de control. En la medida en que una sola institución pretende atender a millones de peruanos se produce el centralismo y el caos. Hace un año mencioné aquí la necesidad de legislar para que el trabajador individual o los sindicatos tengan derecho de elección respecto a la institución que atienda su salud y sus jubilaciones.

Mientras sólo exista una institución y cada trabajador no pueda escoger o ejercer su derecho a estar en ella o salir de ella, tener que cotizar mensualmente y a la fuerza se convierte en una especie de servidumbre y todos vemos como nuestros aportes se esfuman en remuneraciones o en la construcción de edificios que no dan renta y todos sabemos que al momento de la jubilación tendremos pensiones irrisorias eso es injusto, antidemocrático y es obligación del Parlamento, del primer Poder del Estado, cambiarlo por el bien de todos los peruanos.

Esos son los peligros del centralismo y la burocratización, y la democracia debe vencer estos dos obstáculos. Para eso nos empeñamos en crear Gobiernos Regionales. Por esto también debemos disponer el inmediato cumplimiento del artículo 14 de la Constitución. Y entrego y dejo en mesa para ello un proyecto de ley. Debe permitirse la participación de la sociedad en la Seguridad Social. Debe permitirse que otras entidades públicas o privadas ofrezcan prestaciones siempre que sean mejores o adicionales y cuenten con la voluntad expresa del asegurado. Eso es democratizar la sociedad. Y creo que así, el mundo sindical tendrá en este campo una gran posibilidad de iniciativa.

Por ejemplo si varios sindicatos que sumen 5,000 trabajadores crean una entidad de seguros que proteja su salud y garantice su fondo de jubilación, tendrán seguramente mejores servicios que los que actualmente reciben con los mismos fondos. Por que no imaginar también entidades cooperativas de seguros que puedan ofrecer mejores y mayores prestaciones y de esta manera estimular la eficacia del gran Instituto Peruano de la Seguridad Social.

Naturalmente, la garantía y la seguridad de esos servicios debe estar supervisada y regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros, determinándose el encaje de seguridad necesario para garantizar el aporte de los asegurados.

Pero además, el proyecto de ley que presentamos establece también que los asegurados y estas nuevas entidades deben cumplir con el principio de la solidaridad social, contribuyendo con un porcentaje de los aportes recaudados para el Instituto Peruano de Seguridad Social, a fin de sostener la ampliación de su cobertura para las comunidades campesinas, los pueblos jóvenes y los desempleados. Así el asegurado puede ejercer su libertad y buscar una institución alternativa, contribuyendo siempre con la sociedad.

Cada vez que se ha planteado esto, la necesidad de poner en funcionamiento el articulo 14 de la Constitución, se ha dicho que así se privatiza el Seguro. No es verdad, ese es un cliché y una consigna que impide a los asegurados su derecho democrático a participar y evita la democratización de la seguridad social en el Perú.

Decir eso equivale a decir que cuando creamos un Gobierno regional estamos privatizando el Estado. No es verdad. Eso es garantizar la participación de la sociedad.

Otra objeción que he recogido dice que al crearse seguros alternativos entre los que los asegurados puedan escoger, puede originarse la quiebra del Instituto Peruano de la Seguridad Social. No es verdad. Lo que ocurrirá es el cambio del actual sistema y su funcionamiento obligando al instituto a mejorar sus servicios y a reducir sus gastos, y, como sus propios trabajadores lo han exigido, a iniciar una profunda moralización interna.

En todo caso este es un artículo constitucional y tenemos la obligación de cumplirlo, no es una propuesta del Presidente de la República; propongo que se cumpla.

De lo contrario cualquier peruano, cualquier trabajador, considerando que su derecho a escoger no se cumple, tendría la posibilidad de sustraerse mediante un amparo judicial a la aportación obligatoria considerando que el artículo constitucional no está en cumplimiento.

LITERATURA Y DERECHO Y DERECHO Y LITERATURA- por Jorge Rendón Vásquez

 

LITERATURA Y DERECHO Y DERECHO Y LITERATURA

por Jorge Rendón Vásquez

 

No es lo mismo decir literatura y derecho que derecho y literatura.

Cuando se dice literatura y derecho se quiere indicar cómo trata la literatura al derecho (A); y cuando se dice derecho y literatura se alude a la manera como el derecho trata a la literatura (B).

 

A.— LITERATURA Y DERECHO

En este campo, la trama de la obra literaria se articula en torno a las acciones de los personajes que son vistas, en definitiva, como relaciones jurídicas. La obra puede ser narrativa, teatral o cinematográfica, y hasta puede manifestarse como las letras de óperas y de canciones populares. Por ejemplo, la violencia contra la mujer podría ser estudiada vastamente en las letras de ciertos tangos y boleros. Raramente es poética, salvo en la antigüedad con la poesía épica que se componía de narraciones en verso, por ejemplo, las obras de Homero: La Iliada y La Odisea las cuales, al describir las acciones de los personajes, mostraban la vida de la civilización griega en ese tiempo, incluidas sus relaciones jurídicas.

Se puede considerar aquí dos aspectos: la relación jurídica como sustento de la trama o argumento (a); y la influencia de la literatura en el derecho (b).

 

a) La relación jurídica como sustento de la trama o argumento

Las relaciones jurídicas, como objeto de tratamiento de las obras literarias, pueden ser de los varios órdenes de las ramas del derecho: civiles, penales, procesales, administrativas, políticas, etc.

En algunas obras, las relaciones jurídicas son expuestas diáfanamente; en otras, sólo insinuadas.

Muchos autores de la literatura norteamericana contemporánea han tratado profundamente temas sobre las relaciones jurídicas, en particular las de significación penal y su curso ante los tribunales y jurados.

En ciertas obras, al autor le basta exponer una situación con relevancia jurídica; no la señala expresamente, pero en el desarrollo de la trama se le va advirtiendo, y, con mayor nitidez, en el conflicto del comportamiento de los personajes.

Pero, incluso si el autor prescinde de mostrar la faz jurídica de los hechos o no le interesa ocuparse de ella, esta no deja de aparecer indirectamente, y, de este modo, se podría decir que toda obra literaria tiene un trasfondo jurídico, susceptible de ser investigado y puesto de relieve.

Para concebir la trama y desarrollarla, el autor debe conocer por lo menos las reglas jurídicas fundamentales concernientes a las acciones de sus personajes. Ese conocimiento sólo podría aportárselo su familiaridad con las normas, por ejercer una profesión jurídica, haber asistido a una facultad de derecho o haberse informado sobre este aspecto, lo que los lectores con cierta formación legal perciben en seguida.

Sucede lo mismo con una trama que destaque ciertos valores morales contrapuestos a los correspondientes antivalores. Un autor no podría invocarlos en las expresiones de sus personajes si no le importaran.

A Esopo, por ejemplo, le importaban tanto que tuvo que hacer hablar a los animales para hacerlos pasar y, aun así, sabía que arriesgaba su vida si los destinatarios de sus fábulas se daban cuenta de lo que él quería decir.

Los literatos que suelen servirse más del fondo jurídico de la trama son los vinculados al derecho, como jueces, abogados o estudiantes de derecho. No son muchos, en verdad, en el maremágnum de autores, rara avis, se diría. Flaubert y Dostoyevsky fueron estudiantes de derecho. John Grisham, ahora, es abogado. En cambio Truman Capote no lo era, pero su obra maestra A sangre fría describe minuciosamente el proceso penal seguido contra los autores del asesinato de una familia de Kansas.

Como, en nuestro país, la mayor parte de literatos son egresados de las facultades de Letras y se ganan la vida como profesores de todos los niveles, conservan cierto espíritu de cuerpo entre ellos, que los llevan a mirar con desdén y desconfianza a los literatos de otras profesiones. Un abogado que escriba en prosa o en verso es para algunos de ellos, por regla general, un intruso, un cuerpo extraño que les suscita rechazo.

La mayor parte de autores cuyos personajes se relacionan jurídicamente se polarizan hacia el campo penal, porque crea más expectativa y suspenso. Las acciones delictivas despiertan la curiosidad de los lectores con más intensidad que otras, y son atrapados por el desarrollo de la trama que puede atravesar los siguientes momentos: la preparación del crimen o iter críminis; las motivaciones del crimen; la narración del hecho delictivo; la investigación y la persecución del supuesto criminal; la determinación de si el hecho es cierto o no lo es, de si el personaje elegido ha cometido el crimen o el robo o si no lo ha hecho, y es otro el autor, y el proceso penal que puede dar resultados diversos: demostrar la culpabilidad del acusado, demostrar su inocencia, atribuir a otro el hecho delictuoso.

La novela Crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky fue publicada por primera vez en 1866. Es la narración minuciosa de la preparación del delito por un estudiante empobrecido y, luego que lo ejecuta, de su remordimiento. Es tanto una obra jurídica como una tesis de prospección psicológica de un criminal.

En la novela Rojo y Negro de Stendhal, publicada en 1831, el desenlace es el asesinato por el joven Julián Sorel de su protectora y amante Madame de Renal, el juicio y la ejecución. Pero lo que el autor quería mostrar era la sociedad burguesa de su tiempo y el arribismo de un joven de procedencia campesina, aunque instruido.

 

b) Cómo influye la literatura en el derecho

La temática narrativa con un contenido jurídico, enunciado clara y directamente o sobrentendido, puede causar la aparición de nuevas normas jurídicas e influir en el contenido y en el sentido de las existentes.

Esa influencia es indirecta: opera a través de los lectores que van formando su opinión sobre las relaciones jurídicas tratadas por la obra literaria. Leyendo la obra, los lectores advierten aspectos que, de ordinario en su diario acontecer, no les llamarían la atención por considerarlos una manera normal de ser. Si esa opinión se generaliza pueden crearse corrientes críticas que casi siempre obligan, tarde o temprano, a una modificación de las situaciones jurídicas encaradas.

Hay muchas obras que han tenido este efecto, por ejemplo: Los miserables de Victor Hugo; La cabaña del tío Tom de Beecher Stowe; Las uvas de la ira de John Steinbeck; Matar un ruiseñor de Harper Lee; Yo acuso de Emile Zola.

El impacto puede incidir en el Poder Legislativo, ya sea por el cambio de su composición o por la modificación del criterio de los legisladores, y promover la expedición de nuevas leyes; en el Poder Ejecutivo, respecto de las normas de la competencia de éste; y en el Poder Judicial, en relación a sus sentencias. Es claro, no obstante, que, en estos ámbitos, la influencia de la literatura solo es posible a condición de que los abogados y jueces hayan transitado por esta. Ni en una obra de extravagante fantasía se podría leer que de un sauce se cosecha racimos de uvas.

Otra manifestación de la influencia de la literatura en el derecho es el mejoramiento de la redacción de las piezas legales. Un jurista con inquietudes literarias traslada su buen decir y su prolijidad y elegancia al narrar y describir a los documentos que redacta. Enrique López Albújar, un destacado novelista, cuentista y juez peruano, decía: “Hasta cuando administro justicia habla en mí el poeta”, como recuerda su biógrafo Manuel Estuardo Cornejo Agurto, otro destacado narrador mientras fue joven que se dejó engullir por el derecho. Sin embargo, la expresión, que en el ámbito literario puede ser difusa o imaginativa, en el jurídico debe ser siempre concreta y exacta, al invocar los hechos, definir o interpretar los presupuestos de la norma y exponer los considerandos y enunciados mandatorios en las sentencias, por la necesidad de determinar con precisión los derechos y las obligaciones de las partes. El nivel cultural de los abogados y jueces y de sus universidades y sociedades se aprecia nítidamente en sus piezas jurídicas.

 

B.— DERECHO Y LITERATURA

Esta expresión indica la manera cómo el derecho trata a la literatura.

El derecho puede hacer de la temática de la literatura un objeto de normación (a); puede regular los derechos de los autores (b); y puede hacer a la relación de la literatura y el derecho objeto de enseñanza.

 

a) La temática de la literatura como objeto de normación

En tiempos pasados, el derecho regulaba rigurosamente el contenido de las obras literarias, vale decir que prohibía ciertos temas y situaciones que los gobernantes estimaban contrarios al orden establecido político, militar, religioso, moral, económico o social.

Ejemplos: la obra Don Quijote de la Mancha, para ser editada, tuvo que pasar la censura de la Corona española y de la Inquisición, como se puede ver en sus páginas iniciales. La situación era igual en Francia, Inglaterra, Italia y otros países. Sin esos permisos la obra literaria no salía al público, aunque éste fuera reducido y formado sólo por gentes de gran poder económico que podían pagar los altos precios de esas obras. Ello determinó que algunos autores tuvieran que enmascarar su intención crítica y mensaje con sus personajes y tramas, por lo general jocosos: los molinos de viento, las piaras y los rebaños personifican a los nobles y otras gentes en Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes; en Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, los malévolos enanos y los estúpidos gigantes eran la expresión de los nobles y sus mesnadas; en Gargantua y Pantagruel de François Rabelais estos dos personajes y las personas con las que traban relación reproducen la manera de ser de la sociedad francesa de su siglo. Y los lectores de estas obras, en los momentos en que fueron publicadas, incluidos los personajes retratados en ellas, se reían a mandibula batiente de lo que leían o escuchaban leer, puesto que muchos eran analfabetos. El ingenio para la sátira y la ironía encubiertas eran el seguro de vida de esos autores que con esas obras se arriesgaban a ser llevados al cadalzo sin atenuantes.

Durante el Virreinato español en América se condenó todo lo que era defensa de los patriotas y, en particular, de Túpac Amaru.

Los procesos a Charles Baudelaire (Las flores del mal), a Gustave Flaubert (Madame Bovary) en el siglo XIX en Francia; y en el XX, en Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, a David H. Lawrence (El amante de Lady Chatterly); los aislamientos y silencios a Boris Pasternak (Doctor Zivago) y a Aleksandr Soltzhenitsyn (El archipiélago Goulag) en la Unión Soviética han continuado la censura del poder real y de la Inquisición.

En América Latina, las dictaduras se complacían en vaciar las bibliotecas y confiscar los libros colocados en su índex, como la de Manuel A. Odría, entronizado en el gobierno, en 1948, por la oligarquía algodono–azucarera. Era un general peruano que, al parecer, nunca había oído hablar de literatura, pero que fue sacralizado por la intelligentsia que escribía en los periódicos y revistas de su tiempo.

Con el avance de la democracia y la difusión de los derechos humanos vamos dejando atrás ese oscurantismo opresor.

Quedan, no obstante, rezagos que podrían reactivarse si la derecha recalcitrante  reasumiera el poder absoluto tras hundir en la pasividad o la indiferencia a las mayorías sociales. Cuando en las novelas se advierte a los lectores que los personajes son de ficción, ajenos a personas existentes, salvo coincidencias involuntarias, los autores se precaven, en realidad, contra una persecución que, siendo incluso remota, creen que podría retornar. Para ellos, el celo macarthista de los críticos y opinólogos a sueldo del poder mediático nunca descuida la vigilancia de la imaginación creadora.

Me pregunto ¿cómo reaccionarían los fiscales y jueces peruanos ante una novela que tratase de las guerrillas de los años 80 del siglo pasado, estando tan imbuidos de la noción tan lata del delito de apología del terrorismo?

 

b) El derecho frente a la propiedad intelectual de los autores

Este es un campo que se ha desarrollado mucho y es materia de la rama del derecho relativa a la propiedad intelectual, tan válida y real como cualquier otra forma de propiedad. Se orienta a tratar los derechos económicos y morales de una obra intelectual de su autor, como una prolongación del derecho civil de propiedad; y la persecución y sanción de la publicación ilegal de una obra intelectual, como un aspecto especializado del Derecho Penal.

 

c) El derecho y la literatura como objeto de formación jurídica

Desde fines del siglo XIX, en algunas universidades se abre paso una tendencia a tratar la relación entre la literatura y el derecho como una parte de la enseñanza impartida en las facultades de derecho, pero aun de manera marginal o accesoria, por lo general como seminarios y conferencias muy espaciados en el tiempo, puesto que para sus autoridades la enseñanza del derecho se halla confinada a su examen casuístico y a las técnicas de su interpretación y aplicación. La literatura es tenida aun como otro sector de la enseñanza o como una rara inquietud personal sin relación profesional con el derecho.

(Comentos, 24/4/2014, 23/2/2022)

LA GUERRA CONTRA PEDRO CASTILLO- Por Jorge Rendón Vásquez

 

LA GUERRA CONTRA PEDRO CASTILLO

Por Jorge Rendón Vásquez

 

El Perú se halla en presencia de una guerra política encarnizada, declarada abiertamente por la derecha recalcitrante, representada por las agrupaciones Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País que, en las elecciones del año pasado, llevaron como candidatos presidenciales a Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, respectivamente.

Esta guerra tiene como objetivo declarado vacar al Presidente de la República, Pedro Castillo, dejar de lado a la vicepresidenta Dina Boluarte, y colocar en la presidencia de la República a la actual presidenta del Congreso María del Carmen Alva, del partido Acción Popular (en esto hermana natural de Manuel Merino), o a algún otro u otra. Para ultimar los planes conducentes a este propósito los representantes de las bancadas parlamentarias comprometidas en este plan se reunieron en un hotel el 9 de febrero. No les importa la causa que aduzcan para la vacancia, sino lograr los 87 votos necesarios en el Congreso.

Según el artículo 45º de la Constitución política, esta reunión es una conspiración para derrocar al gobierno legítimamente elegido: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. /Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.”

En esta guerra todo vale para los agresores. Se prenden de cualquier cosa que hagan o no hagan el Presidente de la República y sus ministros, quienes se han limitado a tratar de defenderse, aferrándose a la legalidad que la otra parte no respeta. Sus baterías decisivas para ellos son los medios de prensa, radio y TV y sus periodistas, opinólogos y ciertos intelectuales afines. Más aún: han bloqueado toda posibilidad de cambios, que aunque sean mínimos, requieren la aprobación por el Congreso. Conduciendo solo a la burocracia, el Presidente de la República queda limitado a mantener el statu quo. Y no es ese el deseo de la mayoría.

¿A que se debe esta agresividad de la derecha recalcitrante?

No tiene solo una causa coyuntural, es decir debida a las incidencias del juego político, que podría zanjarse en el debate. La derecha recalcitrante rechaza toda fórmula de conciliación e, incluso, el diálogo.

Las causas de este enfrentamiento son más profundas: están en las fuerzas sociales antagónicas determinantes del curso de nuestra historia nacional.

Por un lado, como fuerza dominante, se hiergue el conjunto de descendientes de casta blanca que impuso la conquista hispánica de América hace más de cinco siglos; por el otro, como fuerza dominada, avanza la inmensa mayoría del pueblo descendiente de las castas india, mestiza, negra y parda, a la que ese poder dominante ha venido explotando, discriminando y despreciando.

Durante los primeros cien años de la República esta oposición se mantuvo como había sido bajo la dominación hispánica, sustentándose en el predominio del sistema feudal. A fines del siglo XIX, la lenta expansión del sistema capitalista comenzó a cambiarla.

La necesidad de contar con fuerza de trabajo asalariada determinó que los gobiernos abriesen la escuela primaria a los hijos de los individuos de la casta mestiza. Varias décadas después se les permitió también el acceso a la escuela secundaria; y, desde mediados del siglo XX, una cantidad creciente de jóvenes mestizos, indios y de otras etnias se incoporó a la universidad y se hicieron profesionales. También fueron recibidos en los institutos armados, en particular el Ejército y la Policía, por la vía del concurso público. Fue un masivo caso de promoción social que convirtió a esos jóvenes, mayoritariamente provincianos, en sujetos de la clase profesional emergente, clase que, poco a poco, ha ido ocupando los empleos de dirección y encuadramiento en las actividades empresariales y estatales y a disponer de un poder real de mando en sus niveles de actividad. Un reflejo de su presencia social es su dominio de los colegios profesionales, en especial de abogados que, hasta hace unas tres décadas, estaban dirigidos por representantes de la oligarquía o muy vinculados a ella.

Sin embargo, estos estratos populares emergentes no habían alcanzado el poder político. Los presidentes mestizos (Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala y el descendiente japonés Alberto Fujimori) requirieron los votos populares para ser elegidos, pero no los representaron; representaron a la oligarquía blanca que los impuso, financió sus campañas electorales y gobernó sirviéndose de ellos. Los cuatro se distinguieron como adalidades de la corrupción y han sido procesados penalmente.

Y, así, llegamos a las elecciones de 2021.

La oligarquía blanca, que hasta 1980 —descontado el interludio del gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado— había podido contar con partidos o movimientos políticos de su clase social, si bien de duración determinada, requirió el concurso de políticos aventureros y alquilables, a los que encandiló con la perspectiva de los altos sueldos de la representación legislativa y de la burocracia de confianza y los ingresos procedentes de la corrupción. Tan segura estaba de que ganaría, como siempre, que dividió sus fuerzas entre cinco candidatos caudillistas que se despreciaban unos a otros.

Por el lado del movimiento popular tampoco pudo concretarse un frente único. Los dirigentes de la agrupación Juntos por el Perú, que tuvieron que prevalerse de una agrupación con registro electoral para inscribir a sus candidatos, fueron solos, y el nuevo partido Perú Libre, que sí tenía registro, también prefirió ir solo.

A la oligarquía blanca no se le ocurrió para nada considerar la evolución de la conciencia política de los ciudadanos de extracción popular, ni le interesaba, porque estaba segura de que seguiría manipulándola y de que, en todo caso, su candidata preferida, hija del ex dictador encarcelado y ella misma procesada, atraería los votos populares con su partido denominado Fuerza Popular en el que figuran algunos rostros extraidos de las barriadas.

El resultado de la primera vuelta fue un terremoto para la oligarquía blanca. Salió en primer lugar el candidato del partido Perú Libre y este obtuvo 37 representantes en el Congreso. La agrupación Juntos por el Perú consiguió 5 bancas en el Congreso y su candidata alcanzó el 7.86% de la votación.

Recién entonces, la oligarquía blanca advirtió el peligro para su hegemonía, indisputable hasta ese momento. Por lo tanto, regló sus baterias para disparar contra el maestro de origen campesino hasta hacerlo añicos y desaparecerlo. Los directores de su campaña electoral y los periodistas a sueldo del poder mediático, a los que se añadieron algunos opinólogos rescatados del olvido, idearon todos los males que podrían sobrevenirle a nuestro país si este candidato llegaba a la presidencia. Dijeron que les quitarían a todos sus casas y empresas e hicieron venir al marqués del neoliberalismo para apapachar a la candidata de la dinastía de la corrupción, tal vez por dinero.

Pero, fue inútil. Pedro Castillo, con su didáctica de maestro de escuela, fue convenciendo al electorado del pueblo y, así, la mayoría de la conciencia popular pudo percibir, cada vez más claramente, que sus votos debían hacerle justicia, y ganó Pedro Castillo. Fue el resultado del enfrentamiento dialéctico de dos fuerzas históricas antagónicas.

Pero, proclamado Pedro Castillo como Presidente, la ofensiva de la oligarquía y sus representantes ha continuado, cada vez más furiosamente, para desprestigiarlo y eliminarlo del panorama político, sirviéndose de su prensa, radio y TV y contando con la colaboración de los diarios y revistas pretendidamente independientes. Jamás el poder mediático se había ocupado antes de los ministros designados por los anteriores presidentes de la República y había cerrado los ojos ante la corrupción de presidentes, ministros, funcionarios y empresarios. Incluso a Sagasti lo dejaron tranquilo. Nunca criticaron su anodina gestión en la presidencia que casi hizo desaparecer al partido Morado, en el que se había inscrito, partido que apenas alcanzó a colocar a tres minús en el Congreso, en las elecciones del 2021. Tampoco enfocaron la inmoralidad de Sagasti, quien el último día de su gestión objetó la ley aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso para eliminar las pensiones doradas de los expresidentes de la República, porque él quería percibirlas desde el día siguiente.

¿Hay una solución para esta guerra de la derecha recalcitrante?

La habría si Pedro Castillo firmase un acta de sumisión con la oligarquía, como la que firmó Ollanta Humala, o renunciase. Pero Pedro Castillo no es un fantoche; es un hombre del pueblo digno, un líder exponente de una corriente histórica, y él lo sabe.

Por lo tanto, la guerra de agresión de la oligarquía y sus esbirros va a continuar. Y, si es así, en esta guerra tendrán que intervenir directamente las mujeres y los hombres que constituyen esa corriente emergente de nuestro país, para defenderlo y defender lo suyo, dejando en el camino a los pusilánimes. No está en juego la estructura económica, de la que son parte esas mujeres y hombres, como trabajadores y empresarios del campo y de la ciudad. Lo que está en juego es la posibilidad del acceso a servicios públicos que deben ser extendidos y mejorados, en particular la educación, la formación profesional, la salud, la vivienda, el saneamiento ambiental, la seguridad y la necesidad de obtener algo más de la riqueza que ellos producen.

Tenemos que avanzar, no retroceder.

(Comentos, 14/2/2021)

¿ADÓNDE FUERON A PARAR LOS GENECILLOS QUE MATARON A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - Por Jorge Rendón Vásquez

 

¿ADÓNDE FUERON A PARAR LOS GENECILLOS QUE MATARON A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Por Jorge Rendón Vásquez

 

Al otear el relieve histórico de la cultura peruana se advierte en seguida que la más alta cumbre del pensamiento es José Carlos Mariátegui. Y no sólo por sus certeros juicios sobre nuestro pasado —dominado por el despotismo, la hipocresía y la corrupción, sacralizados por la plutocracia, que él exhumó y analizó—, sino, sobre todo, por el futuro socialista que avizoró para nuestro pueblo.

El semblante sereno de José Carlos Mariátegui y sus oscuros ojos en su rostro de perfil afilado mestizo revelaban su exultante inteligencia; y su manera de expresarse, con frases de elegante estilo, dichas con voz clara y extraña a las estridencias, llevaba a sus interlocutores a la convicción de que estaban ante un hombre de extraordinaria y vasta cultura. Y, sin embargo, le eran ajenos la altanería, la presunción y el desdén, que suelen marcar como primeros rasgos a los intelectuales al uso. Departía con todos con la misma sapiencia y confiriéndoles similar atención. Viéndolo, escuchándolo o leyendo sus escritos se reconocía en él al hombre bueno y, además, a un paradigma de la decencia.

A pesar de ello, tuvo enemigos. No porque él los hiciera. Personalmente era incapaz para las ofensas. Lo vieron y clasificaron como un acérrimo enemigo los titulares de la cúpula del dinero, y tuvo que enfrentarse también a una enfermedad que acabó postrándolo físicamente y arrastrándolo a la muerte.

El establishment consideró siempre a José Carlos Mariátegui como un peligro para su estabilidad y subsistencia, y lo hostilizó, atacándolo desde su prensa y echándole encima a los sabuesos de la policía. Varias veces fue llevado a la cárcel, y, en cierta ocasión, cuando él tenía veintitrés años, un teniente del ejército de talla enorme, ingresó a la redacción del periódico El tiempo, donde trabajaba, lo abofeteó y derribó, a él que era pequeño, esmirriado y con una pierna inútil. José Carlos, sin amedrentarse y con la dignidad incólume, retó a duelo a su agresor y éste aceptó, sabiendo que su adversario desconocía el uso de la pistola, pero los padrinos impidieron el encuentro. Este escándalo dio lugar a la renuncia del ministro de Guerra.

Más amarga fue la lucha de José Carlos Mariátegui contra la enfermedad degenerativa que lo agobió tempranamente y a la que se sobreponía con altivez, sin resignarse a la desgracia ni perder su sentido del humor.

En la mitología de la Roma antigua existían los genios del bien y del mal que más tarde el imaginario popular convirtió en dos pequeños duendes llevados por toda persona sobre cada hombro, invisibles para los demás. Según esa leyenda, el genio del mal se obstina en convencer a la persona, hablándole al oído para que cometa los actos más perversos, consejos que el genio del bien combate, llamando a su protegido a la reflexión. Del genio que se imponga en la discusión depende la conducta de la persona. Me imagino que en José Carlos, el genio del bien triunfaba siempre.

La ciencia de la biología ha tomado de esa leyenda la idea de los genios para denominar genes a las unidades más pequeñas de los seres vivos, que le dan su configuración y se transmiten por la herencia. Hay también genes buenos y genes malos. Los buenos pueden determinar una vida más larga y saludable, como los malos una vida más corta y propensa a las enfermedades. Es posible también que la inclinación a admitir y respetar los valores tenga su primario origen en los genes buenos, como, al contrario, la atracción por los antivalores se deba a los malos. Por lo general, la educación, las ciencias y las técnicas domeñan a los malos y hasta pueden neutralizarlos.

Pienso que en José Carlos Mariátegui los genecillos malos le causaron la enfermedad con la que luchó gran parte de su vida. Se congregaron en una de sus piernas y no pararon hasta que la cirugía intervino cortándosela. Y siguieron su aviesa faena hasta abatir su vida a la edad de treinta y cinco años, cuando estaba en la plenitud de sus facultades mentales y de su producción teórica.

Esos genes malignos —potros de bárbaros atilas, como dice un verso de nuestro gigantesco César Vallejo—, que concurrieron al mismo propósito de sus enemigos, no desaparecieron. Tuvieron que saltar por la herencia a sus descendientes biológicos, mezclados con los genes buenos.

Por curiosidad intelectual es válido preguntarse adónde fueron a parar esos genes malignos. No es verosímil que se detuvieran en sus hijos. Tal vez se reunieron en la generación siguiente, formando una colonia y ocupando el cerebro de alguno de ellos. Pero, ¿cuál?

(Comentos, 19/8/2011; 11/2/2022)

¿HAY SOLIDARIDAD EN EL PERÚ? - Por Jorge Rendón Vásquez

 

¿HAY SOLIDARIDAD EN EL PERÚ?

Por Jorge Rendón Vásquez

 

Desde que You Tube comenzó a generalizarse en el mundo, en el año 2005, las filmaciones de animales salvajes también se popularizaron.

Los camarógrafos se ubican en las praderas del África o dejan sus filmadoras en ciertos sitios, y captan la vida de las manadas de animales herbívoros y la de los animales que se alimentan de ellos, cacerías verdaderamente crueles que luego han sido ofrecidas a turistas que, desde la seguridad de los vehículos a doble tracción de las empresas organizadoras de estos safaris, gozan con estos espectáculos y los filman. Ernest Hemingway adoraba internarse en las praderas africanas para darse el gusto de matar con un fusil provisto de mira telescópica a cuanta fiera caminaba a lo lejos ignorante del peligro, y escribió varios libros ambientados en esos lares. El presidente de Francia Giscard d’Estaing era también un amante de la caza en las excolonias de Francia en el África. Cierta vez, en un programa cómico de la televisión francesa, se dijo que cuando le preguntaron cuántos animales había cazado él respondió algo así como tres leones y cuatro panús. El entrevistador extrañado le pidió que le aclarara que eran los panús. Y el respondió: unos animales oscuros que gritaban panú, panú (en Francés: panú es la pronunciación de pas nous: nosotros, no).

La conducta normal de los animales atacados por los depredadores es partir a toda velocidad; los depredadores, sin embargo, aislan a algunos, por lo general a los más desprevenidos o débiles, saltan sobre ellos y sus poderosas mandíbulas se cierran sobre sus cuellos. A veces las manadas de búfalos dejan de correr y se quedan a cierta distancia de los felinos sin que les importe lo que le hacen a alguno de los suyos. Es decir, no son solidarios. Los sentimientos de solidaridad y compasión no existen para ellos.

Se podría decir que las comunidades humanas, que no reaccionan ante los ataques, abusos o arbitrariedades contra algunos de sus miembros se acercan, en más o en menos, al comportamiento de los animales, por ejemplo, si en un barrio, un asaltante escogiese a una víctima, la agrediese o matase o le robara alguna pertenencia ante la impasibilidad de los demás. Pero, podría ser también que la depredación tuviera otros caracteres: discriminación racial, acoso y agresión sexual, asesinatos por encargo, evasión de impuestos, falta de pago de las remuneraciones y otros derechos sociales, corrupción en todas sus formas y niveles, desde los presidentes de la República hasta los ínfimos porteros, etc. etc. ante la impavidez de los demás e, incluso, ante la admiración y el regocijo de los partidarios de esos depredadores.

La solidaridad es un sentimiento que comenzó a surgir a comienzos de nuestra era cuando ciertos grupos entendieron que actuando unidos podían defenderse y alcanzar algunos logros que nunca hubieran podido obtener individualmente frente al poder de los más ricos. La expresión latina cum panis data de esos momentos. Quiere decir compartir el pan o el momento en que se sirve una hogaza de pan en el hogar. De allí viene la palabra compañía o unión de varias personas para emprender un negocio juntos, y la palabra compañero o el prójimo que forma parte de un grupo. A estas expresiones se asoció la fórmula jurídica affectio societatis que quiere decir la intención de permanecer unidos para llevar a cabo un fin común.

Los gremios, o reuniones de artesanos en la Edad Media, se basaron en el compañerismo o unión obligatoria si se quería practicar un oficio. A fines del siglo XVIII, cuando el capitalismo y la Revolución Industrial en Inglaterra reclamaron el concurso de masas enormes de obreros, estos apelaron al compañerismo para organizarse en sindicatos y poder defenderse unidos de la inclemente explotación. Y este sentimiento fue tan fuerte que la prohibición de los gobiernos europeos para organizarlos no pudo impedirlos. Hasta la Ley francesa de 1864, que los permitió aunque solo como asociaciones transitorias, los sindicatos existieron soterrados y disfrazados de mutuales de asistencia social. Recién con la Ley francesa de 1884 se reconoció la existencia legal de los sindicatos.

Hoy el sindicalismo europeo y una parte del norteamericano sigue basándose en el compañerismo. Las cuotas sindicales las recibe el secretario de economía directamente. Los trabajadores las pagan por su comprensión de que la defensa cuesta. Los free riders o gorreros son vistos como individuos indignos.

Solo cuando viví en Argentina y Francia, al examinar sus movimientos sindicales, me di cuenta del por qué de la debilidad del sindicalismo peruano y, por extensión, de los partidos políticos locales y otras instituciones. Les falta compañerismo, cum panis. ¿Por qué? Por nuestra evolución durante el período de la dominación hispánica y en los dos siglos de vida republicana. La mentalidad feudal, caudillista y disgregadora ha infestado la conciencia de la mayor parte de nuestra población. Las castas raciales dominadas y sus descendientes: indios, mestizos, negros y pardos fueron tratados como manadas carentes absolutamente de derechos y se les impuso por el terror la pasividad y la indiferencia ante los castigos inflingidos a quienes, a juicio de los patrones, habían osado transgredir los límites que se les imponían. Y esa mentalidad ha quedado. No ha podido ser erradicada del todo por la educación recortada que se les permitió después, ni por las ideologías de liberación que algunos intelectuales difundieron. La excelente serie de televisión El último bastión, debida a los hermanos Adrianzén, analiza esa mentalidad de dependencia, mansedumbre y ausencia de solidaridad en algunos personajes dominados con una acuciosidad que no se encuentra en ningún libro de historia o sociología peruanas. Para algunas esclavas y esclavos era completamente normal reverenciar y justificar a los amos que los tiranizaban y se ensañaban con otros esclavos. Se puede encontrar similes de esos personajes en ciertos actores de la política actual.

La primera norma concerniente a la organización sindical, un decreto supremo de 1961, dispuso que un sindicato debía agrupar a más de la mitad de los trabajadores de una empresa o de una rama de actividad. Se quiso favorecer con ella al Partido Aprista que influía mucho en ese momento a los trabajadores. Pero les salió el tiro por la culata, porque gracias a esa norma los trabajadores de izquierda, casi todos del PC, de los de antes, les ganaron a los apristas la dirección de la mayor parte de sindicatos, y los trabajadores, unidos casi obligatoriamente por esta norma, entendieron y practicaron la solidaridad. En la década del noventa, el gobierno de Fujimori dispuso que en las empresas y ramas de actividad se podía organizar un sindicato con solo 20 afiliados. Fue el fin de la unidad sindical y el comienzo de la dispersión de los trabajadores o, en gran parte, la regresión a la ausencia de solidaridad.

Es evidente que las mayorías sociales de nuestro país tendrán que andar algo más en la historia para hacer suya plenamente la noción de solidaridad y que la ideología de progreso social tendrá que jugar en esto un papel primordial.

(Comentos, 2/2/2022)