LINEAMIENTOS GENERALES PARA
COMPRENDER LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LAS ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES (AFP)
Por:
Luis Alberto Quintana Garcia[1]
I.
Introducción
La crisis generalizada por el
COVID-19 ha traído diversos conflictos que urgen ser explicados desde diversos
ámbitos, de los cuales se destaca una en particular: El Derecho de la Seguridad
Social, cuya razón de ser, durante más de 27 años ha sido desnaturalizado y
reducido a velar sólo por los adultos mayores (ONP o AFP) y los enfermos
(ESSALUD o EPS).
Como no podía ser de otra
manera, el problema de la seguridad social no puede ser visto, más aún en el
contexto actual, desde el ámbito meramente especulativo o positivista- laboralista[2], pues, esta ha mostrado
sus limitaciones en la realización de una propuesta integral vinculada a la
política económica y social.
Por esta razón, corresponde
explicitar el fenómeno jurídico de la seguridad social en su real dimensión, dentro
del contexto actual, para proveer de herramientas de análisis a los sectores
sobre los cuales recae las decisiones que se toman en torno a ella, y asimismo,
puedan adoptar medidas orientadas a cambiar su situación y las condiciones
materiales que la determinan.
Así, queremos ir respondiendo
esta necesidad (más aún cuando la clase trabajadora y los sectores populares
tienen incertidumbre) para prever el futuro que debemos construir en relación a
un proyecto nacional vinculado a la construcción de una seguridad social para
todos nosotros[3].
II.
¿Cuál
es el contexto de surgimiento de las AFP?
Con
la promulgación del Decreto Ley 25897 (27/11/1992)[4], se crea el Sistema Privado de Pensiones (SPP),
cristalizándose los ideales capitalistas de administrar las ingentes cantidades
dinerarias provenientes de las remuneraciones de la clase trabajadora
(asalariado o no), implementándose de esta manera, un tipo de
«seguridad social» fomentado por los órganos internacionales en los países del
Tercer Mundo: AFP.
Esta actuación sólo es posible explicarla dentro de un
contexto internacional[5] que supuso la expulsión de un tipo de
Estado intervencionista que en el S. XX cumplió un rol director y determinante
en el proceso económico nacional, sin embargo, para este periodo, dicho tipo de Estado ya no resultaba consustancial a los
intereses económicos del imperialismo, por lo que se redujo su participación a
la mínima expresión (subsidiariedad), entregando a los grandes capitales
extranjeros, principalmente, aquellos sectores productivos que el Estado
intervencionista abandonó, cedió o vendió (a precios irrisorios), para volver
así, históricamente, al laissez faire, laissez passer, con el objetivo
de atizar las relaciones económicas de un capitalismo que no sienta las bases
para la industrialización del país, sino que, por el contrario, reproduce la
manufactura, los servicios y la extracción de petróleo, gas y minerales, como
país de la periferia.
En
este contexto, el Estado peruano, no pudo perder su carácter de clase, a través
de la cual, contribuyó a desmantelar los sectores, que en otrora, habían sido
intervenidos y dirigidos por una facción de la burguesía, y que en el periodo
en que nos encontramos, generó la necesidad- para las clases dominantes- de
virar hacia el apoyo a la burguesía rentista, cuya implementación de políticas
neoliberales estuvo en consonancia con las políticas de ajuste y
disciplinamiento de los órganos internacionales (v.g. FMI, BM), y que en el
caso de la seguridad social, buscó absorber las cuotas de plusvalía que representaban
los fondos del «nuevo» SPP a través del sector financiero.
III.
¿Cuál es
la vinculación entre las AFP, la economía y el Estado?
Al mes de marzo del 2020,
las AFP cuentan con un total de 7’495,389 afiliados, asimismo,
la totalidad del dinero de dichos afiliados que administra las AFP asciende a
S/ 167,108 millones, la cual se encuentra invertida de la siguiente forma:
valores gubernamentales 21%, empresas del sistema financiero 15%, empresas no
financieras 17 % e inversiones en el exterior 47%, veamos:
Cuadro
N° 1: Inversión de los aportes en sectores determinados
Fuente:
BCRP y SBS
De esto, podemos advertir
la relación entre las AFP y el capital extranjero, donde los montos mayoritarios
de las AFP se invierten en el extranjero (fuga de capitales), los cuales no
retornan ni mucho menos se orientan a promover el desarrollo de actividades
productivas nacionales, tal y como se constata con la tendencia desde el año
2000 (ver cuadro N° 2); con ello se traza claramente el papel de las AFP en
relación con el capital extranjero: Se comporta como su fuente y espacio de acumulación y rentabilidad de
manera, cada vez más, amplia y fluida.
El Estado en dicha relación,
se erige como garante y protector (o
minimizador) de los riesgos a los que se expone la actividad especulativa a la
que son sometidos los aportes de los afiliados a las AFP a través de la emisión
de sus bonos vía Gobierno Central.
Cuadro N° 2: Tendencia de los
sectores en donde se invierte los aportes
Fuente:
BCRP
Esto se constata también en
las Observaciones del CEACR al SPP donde, por
un lado, el Estado ha pasado de plantear la eliminación del SNP y exaltar
los beneficios a la economía nacional de las AFP a exponer su coexistencia,
asimismo, este asume la tarea de preservar los
derechos de los asegurados en caso de que la rentabilidad de las AFP sean negativas; por el otro lado, las AFP han infringido
los siguientes principios: Garantía de prestaciones pensionarias mínimas, otorgamiento
de pensiones durante toda la contingencia, financiamiento colectivo y la
administración democrática[6] del sistema de las AFP, infracciones
que han sufrido la aquiescencia del Estado, y por ende, se mantien en el tiempo.
(Véase los Informes de la Comisión de
Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones desde 1994- 2012).
Fuente:
SBS
Ahora, debemos enfocarlo dentro
del ámbito nacional y seguir especificando más las actividades económicas que
la contemplan para comprender cuál es la naturaleza de las actividades
desenvueltas por las AFP y en qué sectores se invierten las ingentes cantidades
dinerarias de los afiliados, en ese sentido debemos señalar (ver cuadro N° 3) los siguientes grupos económicos[7]:
- La empresa Alicorp (Industria de alimentos y bebidas), Banco de Crédito del Perú y Credicorp LTD. (holding); pertenecen al Grupo Romero[8].
- Banco Internacional del Perú, Intercorp Financial Services Inc. (holding) e InRetail Perú (almacenes comerciales) pertenecen a Carlos Rodríguez-Pastor.
- Banco Continental pertene al Grupo Brescia.
Como
observamos, las actividades en las que se invierten recaen, principalmente,
sobre el capital financiero de los principales grupos económicos de nuestro
país, lo que implica un riesgo artificial al que se le impone al sistema de
seguridad social en pensiones.
Asimismo,
este dinero no se orienta a promocionar o desarrollar (inyectar) al capital
nacional productivo, por el contrario, se orienta a un capital especulativo,
dejando de lado el sector industrial (industria pesada y ligera), representada
por el capital productivo nacional (v.g. MIPYME), dejando de lado con ello la
producción de bienes de capital (v.g. maquinarias, motores, entre otros),
bienes intermedios (v.g. sustancias químicas básicas, productos de molinería,
entre otros) y el proceso de acumulación nacional para garantizar la
implementación de políticas sociales, económicos y culturales, que permitan
crear fuentes permanentes de ingresos fijos para el financiamiento de un
sistema de seguridad social nacional.
Este
conflicto, ha generado un grado de dependencia al momento de determinar el
destino de las inversiones de los afiliados en momentos de aparente crecimiento[9]
(para el mejoramiento de las prestaciones vinculadas a las pensiones) o de
crisis[10]
(como en el periodo en que nos encontramos), lo cual se explica no sólo por el
predominio del capital extranjero en el tipo de inversión de los fondos de
pensiones y su tendencia al aumento, sino, por la pérdida de poder económico al
que se enfrenta este tipo de capitalistas (que son dueños de las AFP) frente a los
otros capitalistas individualmente constituidos en la pugna competitiva del
sistema económico, lo que los obliga a no detener, y con mayor firmeza en el
momento de la crisis actual, el proceso de rentabilidad de «su»[11]
capital, de lo contrario, implicaría una pérdida de poder político y económico
en el que se encuentran como capitalista individualmente constituidos.
IV.
¿Qué
son las AFP y cuál es su relación con la seguridad social en pensiones?
Hasta ahora hemos venido
explicando cómo el proceso económicos se ha interrelacionado con los fondos de
pensiones administradas por los dueños de las AFP, por ello, nos resulta
importante dar una definición que explicite todo este proceso, porque, en la ley
sólo encontraremos una definición abstracta, que lleve a encubrir esta
realidad, en consecuencia, debemos guiarnos por la práctica social (primacía de
la realidad) que hemos descrito sobre la verdadera naturaleza de las AFP.
Conforme a ello, la definición
que explicita esta naturaleza de las AFP la encontramos en Rendón (2008), quien
las define como:
Una modalidad de acopio, por personas privadas: Las
administradoras de fondos privadas de pensiones (AFP), de recursos monetarios procedentes
de los ingresos de los trabajadores, con la finalidad primordial de adquirir
títulos valores, y crear así, una fuente de capital destinada [a] invertirse en
determinadas actividades económicas y en bonos de Estado. Su finalidad
subsidiaria es el pago al trabajador de pensiones de jubilación o, según el
caso, de invalidez, o de sobrevivientes a sus familiares, con los saldos
acreditados en su cuenta o libreta, conformados con la parte que les
correspondería del fondo constituido por los títulos valores adquiridos por las
AFP. (p. 462).
A diferencia de las AFP, un
sistema de seguridad social, en general,
Sin embargo, la ideología de
la seguridad social dominante ha limitado la función de la seguridad social a
cubrir (deficiente y únicamente) las pensiones y la salud, asimismo, se ha
propagandizado la idea de que la seguridad social sólo debe velar por el
otorgamiento de una pensión (ONP vs AFP) o atender a las personas que sufran
afectaciones a la salud (ESSALUD vs EPS). Dentro de este reduccionismo y
fragmentarismo, las AFP han sido excluidas de cualquier posibilidad de
articularlas a una política nacional de seguridad social, ya que, entraría en
conflicto directo con los intereses del sector capitalista que administra las
AFP.
Además, la naturaleza
estructural de las AFP representan un
tipo de seguridad social en pensiones fomentado por los órganos
internacionales (FMI y BM), que desarticula la posibilidad de una política
social que materialice dichos postulados, convirtiéndolo en fuente rentable
permanente para el capital extranjero ligado a la actividad especulativa, en
ese sentido, ha resultado contradictorio con la formación de una seguridad
social nacional que garantice prestaciones adecuadas, oportunas, suficientes y
completas para los asegurados[12].
V.
¿Cómo
comprender la crisis ocasionada por el COVID-19 en materia de Seguridad Social?
Esta crisis, que ha
explicitado las deficiencias de la seguridad social, tiene un doble
significado.
El primero, representa la constatación de la inviabilidad de la
política laboral y de seguridad social que mantiene y profundiza (hasta la
actualidad) el Estado y el Capital contra los trabajadores y sectores
populares, quienes han sido empujados, por diversos motivos, a condiciones de
vida precaria (v.g. falta de estabilidad laboral, en consecuencia, falta de
remuneraciones mensuales fijas) que no permite enfrentar contundentemente los
problemas ocasionados por el aislamiento social obligatorio promulgada por el
gobierno.
Antes de llegar a la situación
en la que nos encontramos, el Estado emitió: La Política y el Plan Nacional de
Competitividad y Productividad (D.S. NÚM. 345-2018-EF del 31/12/2018 y D.S. N°
237-2019-EF, del 28/07/2019, respectivamente) que profundiza la precarización
de los derechos laborales y cristaliza la política económica del desarrollo del
subdesarrollo; el D.Leg.1405
(12/09/2018), desnaturalizando las vacaciones; el D. Leg. N° 1442 y 1450
(16/9/2018), el artículo 6 del Decreto de Urgencia que aprueba el presupuesto
del sector público para el año fiscal 2020 (Decreto de Urgencia Nº 014-2019 del
22/11/2019), Decreto de Urgencia N°
016-2020 (23/01/2020) y el Decreto de Urgencia N° 014-2020 (23/01/2020), todas
ellas, impidiendo la negociación colectiva, entre otras. Estas medidas
han imposibilitado mejoras salariales y
una elevación en la calidad de vida de los trabajadores del sector
público y las empresas del Estado. Dichas medidas se encuentran pendientes a
derogar.
En el sector privado, la
ideología laboral dominante ha reproducido la idea de eliminar la reposición
como efecto ante el despido incausado (y fijan como origen del problema la
Sentencia recaída en el
EXP. N.° 1124-2001-AA/TC)[13]; plantean también la
necesidad de cerrar el Sistema Nacional de Pensiones[14] o propugnar una AFP
pública[15], asimismo, estos
ideólogos, dado su oportunismo económico, realizan puertas giratorias[16], entre otros.
El segundo significado de esta crisis, representa la fecha de
caducidad (que se avecina) del modo de vida y relaciones sociales capitalistas
de dominación imperantes, que se resisten a implementar una política social que
genere un grado de desarrollo de las fuerzas productivas, y asimismo, siente
las bases del desarrollo de la industria pesada y ligera como parte de un
proyecto nacional que permita articular todos los sectores productivos para
garantizar fuentes permanentes para el financiamiento, aseguramiento, calidad,
etc. de las prestaciones otorgadas por la seguridad social y con ello, afrontar
los problemas económicos y sociales de las crisis existentes.
VI.
¿Qué
representa el retiro del 25% de los fondos de las AFP?
El
planteamiento hasta ahora desarrollado puede servir de base explicativa del
conflicto en torno al retiro del 25% de los fondos de las AFP, toda vez que,
por un lado, tenemos un tipo de
capitalistas constituidos como dueños de las AFP, quienes impiden a toda costa
dicho retiro, puesto que implicaría la interrupción del proceso de rentabilidad
de «su» capital, el cual, en el contexto actual, generaría la pérdida de su
poder político y económico como capitalista individualmente constituido (tanto
en el ámbito nacional e internacional); por el otro lado, tenemos a los afiliados,
quienes reclaman sus ingresos para destinarlos a las actividades alimentarias y
de sobrevivencia, la cual tendría repercusiones directas con el impulso de los
pequeños, medianos o grandes comerciantes y abastecedores de alimentos de
primera necesidad.
Esta situación irreconciliable
a la que se ha llegado constata que la relación social privada entre las AFP y
cómo estas distribuyen y retienen las ingentes sumas dinerarias de los afiliados
entran en conflicto absoluto con la relación social colectiva entre los afiliados
y las necesidades sociales de usufructuar dichos ingresos en el contexto en el
que nos encontramos, lo que exige la necesidad de su cambio.
A ello, no sólo corresponde
identificar los sectores que en un largo plazo pueden servir de aliados en la
construcción de un proyecto nacional que permita, de ser impulsado una reforma
de la seguridad social, sentar las bases económicas, políticas, sociales y
culturales de un proceso de industrialización y de fomento del pequeño y
mediano capital productivo nacional[17] como garantía material de
la progresividad y realización de prestaciones adecuadas, oportunas,
suficientes y completas de dicha seguridad social, las cuales deberán ser parte
integrante de la solución integral de los riesgos sociales generados por el
sistema capitalista.
VII.
Lo que
tiene que venir después de esta pandemia.
Todo
proyecto futuro que no contemple los pasos inmediatos (sean porque la coyuntura
así lo exija o no) como parte de dicho
proyecto, terminará siendo políticas inmediatistas, y por tanto, estériles,
originando su disipación en el tiempo, pero, si de lo que se trata es impulsar un proyecto a largo plazo, el
horizonte de esta debe comprometer una articulación integral de todos los sectores
y de las medidas más inmediatistas, para que estas se subordinen al futuro
trazado como política nacional, sin embargo, todo ello deberá ser llevado a
cabo, si es que se quiere garantizar su real ejecución y beneficio a las
grandes mayorías, por los sectores populares y de trabajadores organizados.
Los sectores de trabajadores
que por su labor pueden acumular excedentes que les permita una vida un tanto
holgada no deben recusar la idea de la construcción de una seguridad social
nacional, por el contrario, deben solidarizarse con este propósito, puesto que
no se trata de la situación individualmente constituida de un trabajador (o la que
ellos tienen), sino de la totalidad de una población cuyas gravedad y abandono
se visibiliza frente a una crisis sanitaria como la actual, sin embargo, si
consideran invertir su excedente, este debe ser orientada hacia actividades
productivas y no especulativas; y si a pesar de ello optan, libremente, invertir
un monto en estas últimas (gane o pierda), igual tienen que tener el respaldo de
una pensión que les garantice, al igual que todos, una derecho a la jubilación
con prestaciones adecuadas, oportunas, suficientes y completas.
La inercia social no podrá
cambiar nada de lo que hasta ahora hemos explicitado: O se organiza y se toma
acciones para materializar dichos cambios o se vive (y se reproduce dicha vida)
de la misma manera en que nos encontrábamos antes de esta pandemia.
La movilización masiva y las
muestras de solidaridad entre los sectores populares, la clase trabajadora
(asalariada o no), informales, campesinos,
obreros, estudiantes, profesionales y demás capas medias, pequeños y medianos
sectores industriales y comerciales, etc., nos muestra un optimismo
para salir adelante a pesar de las deficiencias en las que nos encontramos,
esta debe ser la base material de las nuevas relaciones sociales que nos lleve
a asumir una nueva forma de vida, llevándonos a adoptar una conciencia, fuerza
y combatividad frente a las lecciones que este periodo impone para encauzarlas
al objetivo final: Construir una seguridad social para todos nosotros.
VIII.
Referencia
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[1] Abogado en Derecho por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresado la Maestría en el Posgrado
por la UNMSM, miembro del Grupo de Investigación Laboralistas de la Facultad de Derecho de la UNMSM. Ex Coordinador
Académico del Taller José Matías Manzanilla. Con estudios de perfeccionamiento
en Derecho del Trabajo por la UAH y Economía por la UCM.
[2] Esta resulta ser la visión de la
ideología laboral dominante, porque se limita a describir, y por ende a
justificar, la forma jurídica (superestructura) sin la explicación del proceso
económico (base material), lo que representa un positivismo en el ámbito
laboral, pues se limita a resumir el procedimiento (o repetir lo que dice la
Ley) o verificar su validez en su aplicación mediante su órgano que la emite:
Estado, sin comprender las causas de su surgimiento y las verdaderas razones
que subyacen en la explicación de dichas formas jurídicas.
[3]
Debemos anotar algo
fundamental en torno a ello, conforme lo indica Osorio (2014):
La marcha
de un patrón de reproducción [la forma en que el imperialismo ha trazado o
descubierto un camino específico para reproducir y valorizar su capital] que
privilegia determinadas ramas o sectores productivos como ejes de acumulación
en un momento determinado, nos remite a la primera pregunta clave del análisis
político: quién (es) detentan el poder político. El capital es una unidad
heterogénea de intereses expresada en clases (burguesía, terratenientes),
fracciones (financiera, industrial, agrícola, minera, comercial) y sectores (gran,
mediano y pequeño capital) específicos y diferenciados. No existe ningún
proyecto de reproducción que pueda beneficiar por igual a toda esta amplia y
heterogénea gama de sub agrupamientos humanos inscritos en el Capital. Por ello
cabe indagar cuáles son aquellos que son los beneficiados y cuáles son los
golpeados por una particular forma de reproducción. (Corchetes agregados, p.
32)
El tipo de desarrollo de un tipo de seguridad social en nuestro país, necesariamente, se enmarca en este patrón de reproducción, pues, la
forma en que se diseña, estructura e implementa beneficia a ciertas clases
sociales, fracciones o sectores del capital, que en época de crisis, se
visualiza a dichos sectores.
[4] Los antecedentes re remontan al D. Leg. 724 (10/11/1991) y que requirió su medida
política para su implementación, lo que acaeció con los sucesos del 5/04/1992
(gobierno de Fujimori), de ahí que la principal fuente de inspiración de
la forma de implementar las AFP peruana fue el caso Chileno, donde el Gobierno
Militar de Augusto Pinochet, con su defensor, José Pinera Echenique, pusieron
en práctica los postulados de esta «nueva» teoría previsional, que desde luego,
no es más que una práctica vieja con formas «novedosas» de privatizar la
seguridad social.
[5] Donde el disciplinamiento
económico estuvo a cargo del Banco Mundial (BM)
y el Fondo Monetario Internacional (FMI), establecidas a través del Consenso de Washington.
[6] Lamentablemente, el Convenio 102
(Convenio mínimo de la Seguridad Social), en su art. 72, numeral 1, al
referirse a cómo deben participar en la administración (que en el caso nuestro
sería de las AFP) los representantes de las personas protegidas (afiliados), lo
limita a un carácter consultivo, cuando debería otorgar poder a los sectores de
trabajadores afiliados a través de sus formas de organización (que ellos
constituyan) para definir y ejecutar el destino de sus aportes.
[7] Descartamos a Scotiabank Perú,
Engie Energía Perú S.A. y Telefónica del
Perú por pertenecer a capitales de origen canadienses, franceses y españoles,
respectivamente. En el caso de Volcán Cía. Minera la descartamos del análisis
por su deja de ser principal emisor a partir de diciembre del 2018.
[8] Adviértase que dicho grupo es
dueño de la AFP Prima con el 99.99% del accionariado de esta a través de Grupo
Crédito S.A. (según la estadística sobre el SPP de la SBS).
[9] Aparente porque en época de prosperidad económica no es el
trabajador el que se beneficia de dicha etapa, por el contrario, es el Capital
el que se beneficia y recrudece los mecanismos para obtener mayores ganancias.
[10] En época de crisis se constata
cómo las pérdidas en el sistema de las AFP son sociales (para todos los
afiliados) y las ganancias privadas (solo para los dueños de las AFP).
[11] Los dueños de las AFP constatan,
en su actuar político, cómo se vulnera el derecho a la libertad de sus afiliados, que aplicada al ámbito de las AFP, se
expresa como Libertad de disponer de sus
aportes, impidiéndoles ejercer este derecho. Esto explicita, cómo los
dueños de las AFP no pueden respetar los derechos propios (mínimos) del sistema
capitalista en el que se encuentran adscritos, lo que demuestra su
particularidad como capitalistas del tercer mundo.
[12] Según la carpeta web sobre el SPP
de la SBS, al mes de enero del 2020 la pensión promedio por tipo de beneficio son
las siguientes: Por jubilación: S/1082 soles, por invalidez: S/1680 soles y por
sobrevivencia: S/580 soles.
[13] Jiménez Bruno y Rendón Silvio (2019), con datos de la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para los años 2002-2015 y la Encuesta
Especializada de Niveles de Empleo para el periodo 1998-2001, han realizado una
estimación de diferencias en diferencias bajo una estrategia empírica
cuasi-experimental con el objetivo de evaluar los efectos de diversas políticas
sobre los mercados laborales, y más puntualmente, del caso peruano en relación
de los efectos del restablecimiento de la reposición a partir de la sentencia
recaída en el EXP. N.° 1124-2001-AA/TC, llegando a concluir, entre otras cuestiones, que no es
posible afirma que una política laboral de eliminación de la reposición tuviera
la capacidad de aumentar sustancialmente la contratación permanente, y que, en
el 2002, con el restablecimiento del derecho a la reposición ante el despido
incausado fue un incremento muy puntual y de muy poco alcance de la protección
laboral, por el contrarios, la protección del empleo mediante la reposición no
tuvo efectos desprotectores en el mercado laboral peruano, lo que implicaría
que, la eliminación de la reposición no traería una mayor creación de empleo
permanente, esto debido a los siguientes aspectos: 1) efectos en la contratación privada, no existe una relación causal
de la reposición establecido en la sentencia con los contratos temporales o
permanente, y de existir, esta ha sido mínima; 2)Efectos en la contratación formal, antes de la sentencia de
reposición la tendencia en la contratación permanente dentro del sector formal
es a la baja, mientras en el sector informal es más bien a la alza, este hecho
también se observa para la contratación temporal, de esta forma, la sentencia
de reposición está asociada a una reducción a la contratación permanente y un
aumento a la contratación temporal; Efectos
en niveles de contratación, los niveles tanto de la contratación permanente
como la temporal bajan ligeramente; Efectos
en los salarios, la caída de los salarios no pueden ser consideradas un
efecto causal de la reposición, pues lo falsos experimentos indican una caída
en los salarios al menos desde el año 2000.
[14] De los Heros (2004) ha sostenido
como tarea a futuro:
(…)terminar con los sistemas de
reparto [SNP] y generalizar la capitalización del ahorro individual,
facilitando la inversión, diversificando internacionalmente los portafolios,
canalizando recursos hacia proyectos de infraestructura básica, homologando las
reglas y requisitos para el otorgamiento de pensiones y aumentando la cobertura
a los trabajadores independientes.(Corchetes agregados, p. 423).
Debe comprenderse esta propuesta
como una fórmula de aumentar la dependencia y seguir siendo fuente de ingresos
del capital extranjero, permanente y rentable, pero articulando a mayores
sectores de la población.
[15] Este modelo ha sido contemplado
dentro de la propuesta de Re-Reforma de Mesa- Lago (2016), donde señala, en
relación a este aspecto que, se debe buscar unificar los dos sistemas,
clausurando el SNP hasta convertirlo en una AFP pública, y uniformizar, lo más
posible, las condiciones de acceso, cálculo de pensiones y contribuciones,
(aunque lo ideal sería- según este autor- cerrarlo todo de un golpe),
clausurando el SNP para los nuevos afiliados y trasladando a los actuales
afiliados al SPP reformado.(pp 41- 60). Este autor amalgama diversas
«micropropuestas» hegemónicas para justificar esta posición, eliminando toda
referencia a los factores históricos, sociológicos, jurídicos, económicos,
políticos, etc. que en los países del tercer mundo han sido determinantes para
la imposición de un tipo de seguridad
social, por ejemplo, de las AFP en Chile y Perú. Por ello, se entiende cómo
Mesa- Lago (2019), en otro escrito, plantee como fórmula para América Latina
(lo que implica para el Perú), que los sistemas de seguridad social en
pensiones, necesitan aumentar las edades de retiro, especialmente las mujeres
(p. 28). La cuestión es «encuadrar» a su propuesta lo indicado por los informes
«técnicos» vinculados al aumento de la esperanza de vida.
[16] Gómez (2018) ha indicado al
respecto:
“Los burócratas de la “silla
giratoria”[léase puertas giratorias] tan luego incursionaron dentro del sector
público lo inmediato que se propusieron hacer fue, desmantelar en su totalidad
todas las áreas de control que el Estado tuvo por siempre en sectores sensibles
para ser trasladados al sector particular, progresiva o radicalmente, como son
los servicios público que estuvieron en su poder. Es así, que verificamos que
quienes controlan la buena calidad de los servicios de agua, electricidad,
salud, previsión, fármacos, entre otros, han sido “tercerizados” a través de
empresas particulares con los resultados nefastos que se advierte en torno a
los servicios básicos controlados antes por el soberano Poder estatal y ahora
acordados al sector particular. Lo cotidiano que deben enfrentar los usuarios
de estos servicios es inenarrable por los costos, displicencia del servicio
supervisor, prepotencia, falsa cuando no nula información, entre otros
desvaríos que posee en la actualidad la vida de los servicios público en mano
de particulares, y el control que a ella ese mismo sector les acuerda el Estado
es deplorable.” (Corchetes agregados, p. 1098).
[17] Frente
a la pandemia se han emitido los Decretos de Urgencia Nº 029-2020 y Nº 033-2020, el primero ha creado el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE
(FAE-MYPE) destinando la suma de S/ 300 000 000.00 (trescientos millones Y
00/100 soles) mediante la cual se otorgarán créditos para capital de trabajo,
así como para reestructurar y refinanciar sus deudas conforme a los requisitos
descritos en dicho decreto, el segundo
, el empleador del sector privado que cumple con los requisitos establecidos en
dicho decreto recibirá, de manera excepcional, un subsidio por cada trabajador
que genere rentas de quinta categoría, por el cual el umbral máximo para la
remuneración bruta mensual de cada trabajador por el cual el empleador recibirá
el subsidio es de S/ 1 500,00 (mil quinientos y 00/100 soles), las primeras endeuda
a las MYPE a largo plazo y se les otorga dichos montos de forma condicionada,
en la segunda, subsidia al gran capital inmediatamente. Se constata cómo Estado
inyecta esta gran suma de dinero favoreciendo a ciertos sectores en detrimento
de otros.
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