sábado, 28 de marzo de 2020

CREACIÓN DEL VALOR POR EL TRABAJO- Por Jorge Rendón Vásquez




CREACIÓN DEL VALOR POR EL TRABAJO
Por Jorge Rendón Vásquez

Carlos Marx comenzó El Capital con la siguiente afirmación: “La riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como «un inmenso arsenal de mercancías», y la mercancía como su forma elemental.”[1]
Y prosiguió con el análisis de ésta.
La mercancía es, en primer lugar, una cosa externa apta para satisfacer determinadas necesidades, resultante del trabajo humano, o un valor de uso. “Lo que constituye un valor de uso o un bien es, por tanto, —dijo— la materialidad de la mercancía misma… Los valores de uso forman el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de ésta.” (Tomo I, pág. 4)
Pero, por hallarse destinada al cambio —es decir a la venta, como la forma más extendida del cambio—, la mercancía es también en la sociedad capitalista un valor de cambio. “Los valores de uso son, además, el soporte material del valor de cambio.” (Tomo I, pág. 4). Este valor, que se entrega por otro equivalente —otra mercancía o dinero—, es mensurable.
En su aspecto de creador del valor de uso, el trabajo es denominado por Marx trabajo concreto; y como creador del valor de cambio, trabajo abstracto.
El valor de cambio no constituye algo material, como el valor de uso; es la expresión de una relación social entre los productores de mercancías que acuden al mercado para venderlas o cambiarlas (Tomo I, pág. 38). Su base es la cantidad de trabajo acumulado en ellas para producirla en sus diversas fases, desde que las materias primas requeridas son arrancadas de la naturaleza. Este valor se exterioriza en el momento en que una mercancía se cambia, y, como relación social, no es absoluto. Puede variar por las circunstancias del mercado o la oferta y la demanda. A mayor demanda y, correlativamente, menor oferta, el precio de la mercancía tiende a subir; y, a la inversa, a menor demanda y mayor oferta, su precio tiende a bajar.
Marx desarrolla in extenso el proceso de creación del valor de cambio en la empresa, y demuestra que cada mercancía contiene el valor de los medios de producción insumidos, el valor de la fuerza de trabajo empleada para hacerla y el nuevo valor creado o plusvalía. Para ello, el capitalista adquiere en el mercado la fuerza de trabajo que portan los trabajadores libres, quienes ejecutarán las labores de la producción en relación de dependencia. El valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo es su capacidad exclusiva de transferir a las nuevas mercancías el valor de las adquiridas para producirla, que no cambia, y su propio valor, o el que cuesta la vida del trabajador, que tampoco cambia, y de crear un nuevo valor o plusvalía, denominado ganancia por el capitalismo. Incorporar este nuevo valor a su patrimonio constituye la razón de ser de la actividad empresarial del capitalista. Para Marx, “el consumo de la fuerza de trabajo, al igual que el consumo de cualquier otra mercancía, se opera al margen del mercado o de la órbita de la circulación … en el taller oculto de la producción …” (Tomo I, pág. 128) o la empresa.
La adquisición de fuerza de trabajo por el empresario es materia de un contrato, que ahora se denomina de trabajo, por el cual el trabajador, a cambio del uso de su fuerza de trabajo, sólo tiene derecho a la remuneración (y a los derechos sociales, cuando existen o se los ha ganado). Terminada la producción de las mercancías, éstas serán vendidas por el capitalista para recuperar el valor invertido y apropiarse de la plusvalía creada en ese “taller oculto”. La venta de las mercancías es totalmente ajena al trabajador y al Derecho del Trabajo; es objeto del Derecho Civil, como rector de la propiedad privada.
Uno de los más grandes aportes de Carlos Marx a la ciencia económica es haber descubierto la naturaleza de este proceso de producción de las mercancías, de creación de la plusvalía y de su apropiación por el capitalista, proceso cierto e inmanente a la economía capitalista. La plusvalía no es creada por el capital. Si lo fuera, bastaría con que él existiera; el capital se reproduciría como un ser vivo. No sucede así: en cualquiera de sus formas —como máquinas, materias primas y otros medios de producción, o como dinero y crédito—, es inerte. Sólo el trabajo le da vida; y estará en acción mientras el trabajo se aplique a él. Si unos medios de producción hacen más productiva la labor humana que otros es por el trabajo anterior acumulado en aquéllos.
Carlos Marx superó largamente a los economistas precedentes, Adam Smith, David Ricardo y otros de la Escuela Liberal. La economía política capitalista se alejaría después de la teoría de la creación del valor por el trabajo de Carlos Marx, como los mosquitos del insecticida, para perderse en la brumosa y falaz teoría del valor como expresión de la utilidad.
Hay, sin embargo, algunos puntos en la teoría del valor de Marx que, encajando en las circunstancias y datos de la economía capitalista en el siglo XIX sobre los cuales trabajó en sus análisis, son insuficientes para explicar el poder creador de valor de todas las formas del trabajo.
Marx consideraba que la mercancía era sólo un bien material y que el valor de cambio estaba contenido en él. Correlativamente, para él, los trabajos auxiliares —contables, de almacenamiento y transporte—, que no modifican la materialidad de la mercancía, no son productores de nuevo valor, aunque se añadan contablemente al valor final de ella como gastos en bienes y trabajo. Se asimilan, para él, a la circulación que no crea un nuevo valor. “Las dimensiones que la circulación de las mercancías toma en manos del capitalista no pueden, naturalmente, convertir en fuente de valor este trabajo que no crea valor alguno …” (Tomo II, pág. 116). “La división del trabajo, el hecho de que una función adquiera existencia independiente, no la convierte en creadora de producto o de valor si no lo era ya de por sí, es decir, antes de haber logrado su independencia.” (Tomo II, pág. 119).
¿Por qué Marx le negó capacidad creadora de valor a esos trabajos no aplicados directamente a la extracción y transformación de las materias primas?
No hay una explicación de este aspecto en El Capital ni en sus obras previas.
Al parecer, sobredimensionó la importancia de la actividad obrera directa sobre los medios de producción. Las causas de ello pueden haber sido la manera como se trabajaba en las fábricas y talleres, y el crecimiento numérico de la clase obrera cuando Marx realizaba sus investigaciones.[2]
Luego de la Revolución Industrial, el trabajo siguió desarrollándose en las empresas según el modelo artesanal. Los capataces, émulos de los antiguos maestros, dirigían a los obreros, que se asemejaban a los operarios y realizaban las tareas en su mayor parte usando sus habilidades personales. La formación profesional se efectuaba en la empresa —“sur le tas” como dicen los franceses— bajo la dirección de los capataces y por la imitación.
Durante el siglo XIX, los trabajadores ocupados en la producción como obreros aumentaban al ritmo de la mayor producción industrial. Ellos constituían en conjunto la clase obrera, que era, como tal, el contrario dialéctico de la clase capitalista. Su número crecía a expensas de la población agraria, que ya no tenía cabida en el campo y emigraba a las ciudades, y de los descendientes de los mismos obreros y de otros grupos sociales empobrecidos. La clase obrera parecía crecer ilimitadamente, frente a la clase capitalista que, por la concentración del capital, se reducía numéricamente.
Hacia fines del siglo XX, la organización del trabajo en las fábricas y otros grandes centros de concentración obrera empezó a cambiar radicalmente. Como resultado de las innovaciones, cada vez más vertiginosas, en los medios de producción y de las experiencias de Winslow F. Taylor para adecuar la actividad laboral a ellas se introdujo la planificación y estandarización de las tareas en las empresas por oficinas centralizadas a cargo de ingenieros y otros técnicos que acabaron con el modelo artesanal de las habilidades personales. A esta innovación se añadió la formación profesional de los obreros en centros escolarizados a tiempo completo (modelo francés) o a medio tiempo completado con el aprendizaje en la empresa (modelo alemán). El aprendizaje en la empresa se redujo a las actividades más elementales. Presionadas por los dirigentes más lúcidos de los capitalistas, también las universidades incrementaron su participación en la formación de cuadros para la dirección de las varias clases de actividades empresariales. Hacia la segunda década del siglo XX, el panorama de las empresas industriales difería enormemente respecto del de las empresas similares del siglo XIX. La proporción del trabajo intelectual, cada vez más complejo, se hizo más elevada que la del trabajo manual aplicado al manejo directo de las máquinas y herramientas.
La misma clase obrera en conjunto ha dejado de mostrar la configuración relativamente homogénea del siglo XIX, derivada del contacto directo con los medios de producción. En su lugar han surgido las clases trabajadoras, divididas en varios estamentos verticales y horizontales, aunque unidas como un gran grupo genérico por el hecho común de vender su fuerza de trabajo a los empresarios y al Estado.
Por otro lado, la magnitud de la clase obrera empleada en la transformación material de los bienes se ha reducido en el conjunto de las actividades económicas.
El sector primario de la economía, aplicado a la producción material básica —agricultura, ganadería, pesca, minería, producción energética—, se incorporó totalmente a la economía capitalista y a la producción mecanizada industrial, con la consecuencia de reducir su participación en la población económicamente activa de más del 50% a fines del siglo XIX hasta menos del 5% hacia fines del XX, en los países más altamente industrializados, como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña y otros.
El sector secundario, dedicado a la transformación de bienes materiales —industria, construcción, manufactura— también disminuyó en términos de población ocupada hasta situarse en esos países en alrededor del 20%, en el mismo período.
Ambos sectores, sin embargo, han alcanzado tasas de productividad y producción que superan largamente las que tenían a comienzos del siglo veinte.
El sector terciario, proveedor de servicios —comercio, banca, transporte, informática, educación, cultura, salud, turismo, entretenimiento, servicios personales—, cuya importancia numérica era de poca significación en el siglo XIX, se ha desarrollado hasta situarse en porcentajes que superan el 60% en los países más altamente industrializados.
Los cambios indicados muestran más claramente que la afirmación de que sólo el trabajo directamente extractivo y transformador de las materias es fuente de un nuevo valor resulta incongruente con la realidad.
Los servicios son también actividad laboral que producen bienes inmateriales destinados a satisfacer determinadas necesidades de producción y de consumo final, es decir son mercancías sin corporeidad material, con un valor de uso y un valor de cambio. Están en el mismo plano que las mercancías materiales, procedentes de los sectores primario y secundario, que satisfacen otras necesidades. No modifican la constitución de la mercancía, si ésta es un objeto tangible, pero le añaden su valor. Más aún, los servicios se imbrican cada vez más con los objetos materiales en la producción y la utilización de éstos. La electrónica y la informática, además de brindar nuevos bienes y servicios que son ahora imprescindibles, pueden dirigir y controlar las fases operativas de las máquinas más diversas.
En la producción, el trabajo, no estrictamente extractivo y transformador, se manifiesta como servicios inmateriales, que pueden ser previos a la producción, simultáneos con ésta, posteriores y externos.
Son trabajos inmateriales previos a la producción: los de concepción de la necesidad de producir algún bien para la producción o el consumo final; los de investigación, invención y descubrimiento; los de organización de las actividades de producción, de adquisición de las materias y de contabilidad, jurídicos y otros conexos para poner en marcha la producción.
Son trabajos inmateriales durante el proceso productivo las acciones de dirección, organización del personal, transporte interior, almacenamiento, conservación, contabilidad, control de las diversas actividades, y prevención  y solución de conflictos.
Son trabajos inmateriales posteriores a la producción las acciones de publicidad, comercialización, transporte y pago de impuestos.
Concurren como trabajos externos los que inciden en las fases de circulación, crédito y consumo.
El trabajo, así aplicado a las diferentes actividades resultantes de la división social del trabajo, transfiere a las mercancías el valor de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, y crea un nuevo valor.
Sin embargo, como afirma Marx, la simple circulación no puede crear nuevo valor. El cambio —el trueque o la compraventa— por sí no le añade valor a la mercancía, pero sí los trabajos que se requieren para hacerlo posible.
No todos los trabajos aportan el mismo valor. Hay trabajos inmateriales que crean más valor que los materiales. Quienes conciben ideas para lanzar ciertos bienes al mercado, los inventores y descubridores, los planificadores, los dirigentes del trabajo en la empresa, los expertos en la adquisición de bienes de producción y en la comercialización de las mercancías realizan trabajos altamente creadores de valor. A la inversa, hay trabajos materiales, incluso de manipulación de las máquinas y herramientas, que incrementan el valor a tasas muy bajas.
De lo dicho puede concluirse que la plusvalía debe determinarse por cada empresa y, si se tratara de llegar hasta el valor aportado por cada clase de tarea, no habría otra referencia que lo que se pagó a los correspondientes trabajadores (por disposición legal y convención individual y colectiva). Extendiendo esta visión, se llegaría a la determinación de la plusvalía a nivel global del país. En cierta forma esto ya sucede. La plusvalía toma la forma contable de renta neta.
Se excluyen del proceso de producción del valor las actividades parasitarias que no participan en la producción y la circulación de los bienes, como las especulativas bursátiles, las de extracción de recursos sin ofrecer un trabajo a cambio, otras innecesarias y las delictuales, que toman, sin embargo, una parte de la plusvalía social.
Esta ampliación de la teoría del valor por el trabajo no disminuye para nada la importancia de la teoría de Marx, que mantiene su excepcional veracidad y fortaleza, tanto en una economía capitalista como en una socialista, puesto que de lo que se trata es de señalar la capacidad creadora de valor de todo trabajo útil.
(4/2/2013)


[1] Carlos MarxEl Capital, México, Fondo de Cultura Económica, tercera edición, 1964. Traducción de Wenceslao Roces de la primera edición en alemán de 1867, 1885 y 1894. Mis citas son de esta edición.
[2] La edición del primer tomo de El Capital data de 1867. Carlos Marx falleció en 1883. Los tomos II y III de El Capital los publicó Federico Engels en 1885 y 1894, respectivamente.

domingo, 22 de marzo de 2020

REVISTAS DE DERECHO DEL TRABAJO Y S.S.


El Taller de Investigación en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la UNMSM "José Matías Manzanilla", pone a disposición de los estudiantes, abogados y público en general, la versión virtual de las revistas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social números 1, 2, 3 y 4, las mismas que se podrán visualizar a través de los siguientes enlaces:
 ENLACES: Resultado de imagen para GIF LIBRO

REVISTA N° 1
https://drive.google.com/open?id=1hUiY47OGBBr3Nf79uIv4YXPKYl8phrvF

REVISTA N° 2
https://drive.google.com/open?id=1f7di7JpCx2EhYWTRKxWiecjIRGFyDler

REVISTA N° 3
https://drive.google.com/open?id=11ROX5BjO35Z4g6l6IQC9ztSRZ9ywOK_V

REVISTA N° 4
 https://drive.google.com/open?id=1yRJ4QjLnltveNjln4AhHkqdSegoDFlLf

domingo, 15 de marzo de 2020

VIDA, PASIÓN Y MUERTE DE (o en) ESSALUD-Dr. Jorge Rendón Vásquez




VIDA, PASIÓN Y MUERTE DE (o en) ESSALUD
Jorge Rendón Vásquez
Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En: Análisis Laboral-AELE, noviembre 2019

UNA CONTRADICCIÓN ESTRUCTURAL

El Seguro Social de Salud, denominado ESSALUD desde la Ley Nº 27057, del 30 de enero de 1999, no da para más.

No tiene médicos ni personal asistencial auxiliar, locales y material instrumental en número suficiente para atender los requerimientos de los asegurados y sus derechohabientes. Al contrario, la cantidad y remuneraciones de sus funcionarios y personal administrativo de apoyo desbordan la lógica de la vocación de servicio público de esta institución y de una buena gestión. Estos se comen una buena parte de los recursos que deberían ser destinados a la atención asistencial.

A esta contradicción, modalidad de corrupción y fácilmente resoluble, se añade otra, que denomino, estructural, consistente en la oposición entre el origen de los recursos y el destino principal del gasto.

El Seguro Social de Salud tiene como base de financiamiento a las personas que trabajan. Del producto del trabajo de estas sale la mayor parte de recursos que financian este seguro: en el Perú 9 (nueve) por ciento, calculado sobre las remuneraciones, que se transfiere al precio de los bienes y servicios expendidos. A estos recursos se añaden los aportados por los jubilados, 4 (cuatro) por ciento, descontado de sus pensiones, porcentaje menor que el de los trabajadores empleados por cuanto no perciben los subsidios por incapacidad para el trabajo que equivalen a la diferencia.

El régimen financiero del Seguro Social de Salud es el de reparto, vale decir que las cotizaciones alimentan un fondo con el cual se cubren las prestaciones que deben ser iguales en calidad para todos los asegurados y derechohabientes, y cuyos principios rectores son la solidaridad generacional, por la cual los aportes correspondientes a las personas que trabajan pagan las prestaciones de las que se enferman o accidentan, y la solidaridad intergeneracional, por la cual una parte de esos aportes cubre las prestaciones suministradas a las personas que ya abandonaron el trabajo, así como estas, cuando trabajaban, pagaron las de quienes ya se habían jubilado.
No obstante que la finalidad originaria del Seguro Social de Salud es proteger a las personas en actividad, la experiencia ha demostrado que estas solo consumen algo menos del 20 por ciento de las sumas que aportan como cotizaciones, debido a que por su edad son menos vulnerables a las enfermedades y a los accidentes no profesionales. El 80 por ciento o más del gasto en prestaciones lo absorben los jubilados, cuya tasa de morbilidad se eleva a medida que su mayor edad los fragiliza y exige cuidados más frecuentes y costosos que, de modo inmediato, son asumidos, por lo general, por su familia[1].

En el Perú, de los 10 754 665 asegurados y derechohabientes del Seguro Social de Salud, denominado ESSALUD, existentes en 2015, los mayores de 65 años eran 1 024 531 que representaban sólo el 9.52 por ciento del total[2]. Este porcentaje se eleva progresivamente, aunque muy poco, por la mayor esperanza de vida de los adultos mayores.

Descontando los ingresos del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, destinado a cubrir estos riesgos de las personas en el trabajo, se tiene que más del 90 por ciento de los ingresos totales de la Seguridad Social son aplicados a los jubilados (100 por ciento por el seguro de vejez + 80 por ciento por el seguro de salud / 2 = 90 por ciento). En otras palabras, de hecho, la Seguridad Social se orienta a proteger en su mayor parte a las personas de la tercera y la cuarta edad.

  
COMPORTAMIENTO DEL ESTADO

En la década del noventa del siglo pasado, como parte de la política neoliberal del gobierno de Fujimori, la gestión de los seguros sociales en el Perú fue asumida por el Estado (Oficina de Normalización Previsional, ONP, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, para administrar el Sistema Nacional de Pensiones) o comenzó a ser fuertemente influida por este Ministerio tras ser confiada a una entidad autónoma solo de nombre (ESSALUD que tiene a su cargo el Seguro Social de Salud).

Tan decisiva intervención no obedece, sin embargo, a la importancia de la atención a los asegurados y sus derechohabientes, que, en realidad, ha quedado relegada a un segundo o tercer plano o ha sido desestimada, sino a la enorme magnitud de los recursos captados y movilizados para cubrir los gastos. A la dirección del Estado –Poderes Ejecutivo y Legislativo– o, por mejor decirlo, a los grupos que los conforman, los tientan esos recursos, en unos casos para atender los gastos operativos y de inversión del Estado, y, en otros, para desviarlos hacia determinadas empresas o a su patrimonio particular. Desde 1980, se resisten a respetar la intangibilidad de los fondos y reservas de la Seguridad Social, dispuesta por la Constitución. Pero, además, tampoco acatan su obligación de hacer otorgar las prestaciones de salud y las pensiones con la calidad y la cantidad adecuadas al número de las personas protegidas y con la oportunidad indispensable.

Este desinterés y abandono tiene como efecto inmediato la insuficiencia crónica de los centros asistenciales y de personal médico y auxiliar del Seguro de Salud, como sucede en otros países subdesarrollados. En 2016, ESSALUD tenía 1.3 camas y 1.4 médicos por cada 1,000 asegurados[3].

En los países medianamente desarrollados, por cada 1,000 asegurados, el número de camas no es menor de 4 y el de médicos no menores de 2.4[4]. La consecuencia de estas carencias es la postergación de los actos médicos, muchas veces sin consideración por el estado crítico de los asegurados, y el deterioro de la calidad de la atención en perjuicio, sobre todo, de las personas de la tercera y la cuarta edad que consumen los servicios médicos del seguro social en un 80 por ciento, como ya se ha visto.

De manera general, y evidentemente por sistema, es muy difícil, y a veces imposible, acceder a los servicios hospitalarios centrales, sometiéndose a los turnos establecidos en los policlínicos. Es preciso valerse de algún pariente o amigo vinculado a los consultorios centrales, arreglar el asunto con algún funcionario o introducirse por emergencia cuando la dolencia es supuestamente grave y, en gran parte de los casos, solo para que el paciente termine su existencia luego de unos días de internamiento. Y la dirección del Seguro Social de Salud, bajo todos los gobiernos desde 1980, se ha limitado a dejar las cosas como están mientras, contradictoriamente, hipertrofiaba sus oficinas con personal administrativo.

En consecuencia, una parte de los adultos mayores es obligada a recurrir a los hospitales del Ministerio de Salud, relativamente gratuitos o de bajo costo; y otra, que puede contar con ciertos recursos o la cooperación de su familia, acude a seguros privados o a la atención por clínicas y consultorios privados. Las causas correlativas de estas deficiencias son las siguientes:

1. A la clase política, vinculada a las corporaciones patronales e incluso independiente de estas, no le importa de qué y cómo viven las personas de la tercera y la cuarta edad, sus necesidades y angustias. Para ella, estas ya no son parte de la masa laboral productiva, y su voto, optativo para los mayores de 70 años, les es de utilidad marginal o descartable. En los procesos electorales, ninguna formación política ha ofrecido ocuparse de los problemas de los seguros sociales, ni, evidentemente, ha salido de ellas alguna norma legal para resolverlos tras llegar al Congreso de la República o acceder al gabinete ministerial o a otros cargos con poder político.

2. El perenne y explicable temor de los ancianos por su vida y por no ser atendidos si protestaran o, por lo menos, si simplemente pidieran la atención en plazos más breves. Su sensación es de una total indefensión y de resignación ante lo que consideran el menosprecio de los operadores del Seguro de Salud.

3. Falta de asociaciones defensoras de los derechos de los jubilados; pues no existen y estos están demasiado fatigados para organizarlas y hacerlas funcionar.

4. La indiferencia de los dirigentes de las centrales sindicales por los problemas de los jubilados (uno de ellos es miembro nato del Consejo Directivo de ESSALUD). Se hallan aplicados exclusivamente a la atención de los afiliados de sus organizaciones de base, personas en el trabajo cuyo voto les es necesario para acceder a los puestos de dirección. No les interesa, por lo tanto, la suerte de las personas que han cesado de pertenecer a ellas, y su visión inmediatista les impide advertir que ellos estarán también en algún momento en el grupo de los jubilados.

Sobre el menoscabo de la atención a los jubilados por los servicios del Seguro de Salud, la política neoliberal de los gobiernos se ha orientado a cubrir la atención de salud de los asegurados en el trabajo por clínicas privadas a las cuales se transfiere una parte del importe de las cotizaciones. Es lo que dispone la Ley Nº 26790, de 1997, que norma las prestaciones de ESSALUD, por la cual se ha conferido a los empresarios, con el acuerdo de los trabajadores, la facultad de contratar con “entidades prestadoras de salud”, privadas, el otorgamiento de las prestaciones de la “capa simple”, que cubre la mayor parte de enfermedades y accidentes no laborales de los trabajadores en actividad. El empleador financia estos contratos con el 25 por ciento del importe de las cotizaciones a ESSALUD inherentes a su personal, que es algo más del importe de los gastos en prestaciones de salud que esos trabajadores en actividad generan. Pero, además, si los trabajadores pretenden una atención mejor, deben abonar un copago pactado. Otra modalidad de atención de salud del personal de ciertas empresas e instituciones públicas es la contratación de seguros privados por ellas que, en el caso de las empresas privadas, se cargan al precio de los bienes y servicios que expenden y, en el caso de las instituciones públicas, se financian con recursos presupuestarios. Si el personal ya está asegurado en ESSALUD no se justifica que esté, además, en algún seguro privado, salvo que lo pague particularmente.


LA PERSPECTIVA EN EL FUTURO: ¿SE PUEDE TENER AÚN ESPERANZA?

Acabar con la dramática insuficiencia de los servicios del Seguro Social de Salud, en detrimento, sobre todo, de los adultos mayores de nuestro país, requeriría de un conjunto de medidas concurrentes que se esbozan a continuación:

1. Será necesaria una ideología de cambio desarrollada por los grupos sociales interesados, de preferencia universitarios, que examine este tema y otros conexos de nuestra realidad, idee propuestas y las difunda, e impulse la noción de defensa de los derechos humanos para que se cumplan. Sin ella será muy difícil que la situación actual cambie[5].

2. Hacer obligatoria por ley la publicación mensual de las estadísticas de los seguros sociales y la realización de estudios matemático-actuariales cada cinco años y su publicación. De este modo se podría identificar los reajustes que haya de hacerse en cuanto a los ingresos y los gastos, y poner de manifiesto las evasiones y moras, el desvío de los recursos y el estado del otorgamiento de las prestaciones. La ausencia de estadísticas económicas y sociales ayuda a ocultar las deficiencias en los servicios públicos y las exacciones, corrupción y abusos con las mayorías sociales.

3. Aumentar la cotización para el Seguro Social de Salud al 12 por ciento del importe de las remuneraciones por todos los que trabajan en las actividades privada y pública, sin exoneraciones y por todos los meses pagados, y destinar el 3 por ciento (12 – 9 por ciento) a la construcción de nuevos centros de atención y su equipamiento. La meta debería ser contar con un policlínico con servicios de consulta, análisis, exámenes con radiaciones y cierto número de operaciones quirúrgicas ubicado territorialmente según el número de asegurados y derechohabientes y por lo menos un hospital en cada departamento[6].

4. Penalizar a los funcionarios del Estado que desvíen los recursos de la Seguridad Social hacia otros fines o dispongan que no se pague las cotizaciones correspondientes al personal del Estado, así como a los propietarios de las empresas que no abonen las cotizaciones para la Seguridad Social que retengan o les sean inherentes. Es preciso tipificar estas infracciones, que son una modalidad potenciada de la apropiación ilícita en perjuicio de la salud de los asegurados y sus derechohabientes, bien jurídico de importancia mayor que el daño singular a particulares.

5. Viabilizar el libre acceso del asegurado a las prestaciones de salud, reconocido por la Constitución (artículo 11º: “El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud”) para atenderse por ESSALUD, o por los establecimientos del Ministerio de Salud, de las municipalidades y regiones, y privados. En el caso de la atención por establecimientos distintos de los de ESSALUD, este debería pagar directamente la prestación a la entidad que la suministre, según una tarifa equivalente al costo de ella en sus instalaciones. Sería de cargo del asegurado la suma que exceda el importe de la tarifa. De este modo se comenzaría a descongestionar de inmediato los centros del Seguro Social de Salud y se posibilitaría la atención oportuna a los asegurados y sus derechohabientes[7].

6. El Seguro Social de Salud y el Ministerio de Salud deberían contar con dependencias dedicadas a la medicina preventiva en cada uno de sus establecimientos. La oficina central de esta red debería difundir por la radio, la televisión y los periódicos permanentemente sus avisos y recomendaciones para prevenir las enfermedades y los accidentes, y educar a la población en la práctica de estas. Lamentablemente, la mayor parte de la profesión médica y las empresas dedicadas al negocio de la salud, se orientan exclusivamente a la medicina curativa que les es lucrativa, muchas veces con cálculo abusivo por el temor de los pacientes ante la enfermedad. Bien asimilada y practicada, la medicina preventiva podría reducir el costo de la atención curativa y contribuir a mantener a las personas alejadas de ciertas dolencias y accidentes.

7. Reorganizar el Consejo de Administración del Seguro Social de Salud de manera que sus miembros, en número de cinco, sean profesionales titulares de una maestría o un doctorado en las especialidades de economía, contabilidad, administración o derecho y con una experiencia no menor de diez años en sus especialidades, y seleccionados por concurso público, por ahora, ante la Junta Nacional de Justicia y, luego ante un órgano especial de constitución plurisectorial y democrática que se encargue de los exámenes de otros altos funcionarios de la administración pública y las empresas del Estado.

8. Asimismo, restablecer el Consejo de Vigilancia del Seguro Social de Salud, pero con las siguientes variaciones: a nivel nacional integrarlo por tres miembros con los requisitos y nombramiento iguales a los señalados para los miembros del Consejo de Administración del Seguro Social de Salud. Sus funciones serían supervigilar la marcha económica y administrativa de los centros de atención de ESSALUD y el otorgamiento oportuno de las prestaciones, procesar las quejas de los asegurados y sus derechohabientes y sancionar a los responsables de las faltas. En los departamentos que no sean Lima, el Consejo de Vigilancia debería contar con oficinas para el control del otorgamiento de las prestaciones.

9. Adecuar la calidad y el número del personal administrativo del Seguro Social de Salud a las necesidades de este, y reducir el gasto en administración a no más del 6 por ciento de los ingresos, como recomiendan las organizaciones internacionales de Seguridad Social.

10. Nombrar al personal asistencial y administrativo por concurso público, sin excepciones, con la intervención de jurados conformados por representantes idóneos de los consejos de Administración y Vigilancia del Seguro Social de Salud y del personal médico, auxiliar asistencial y administrativo, y eliminar la contratación temporal, salvo cuando se deba reemplazar a trabajadores con descanso médico o licencia por capacitación u otro motivo legalmente permitido.



[1] “La vejez podría ser definida como una situación biológica del individuo vinculada al paso del tiempo, caracterizada por un deterioro de sus facultades físicas y mentales que le restan capacidad de trabajo en diverso grado, lo que implica no sólo la pérdida de eficiencia sino también una reducción de la atención, la memoria y la percepción, con la consecuencia de una exposición mayor a los riesgos sociales.” RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Derecho de la Seguridad Social, Lima, Grijley, 4ª edición, 2008, Nº 186. Séneca decía: "la vejez es una enfermedad incurable”.
[2] ESSALUD, Principales indicadores, pág. 52, por Internet. 
[3] ESSALUD, Principales indicadores, 1990 – 2016, por Internet.
[4] PERKINS, RADELET, SNODGRASS, GILLIS, ROEMER, Economics of Development, New York, Norton & Co., 5th. Ed. 2001, pág. 367; Banco Mundial, por Internet. 
[5] Para apartar la atención de los estudiantes de derecho de la Seguridad Social, ha desaparecido el importante curso Derecho de la Seguridad Social en casi todas las universidades, lo que forma parte de una política diversiva.
[6] Antecedentes legales de esta disposición serían las leyes Nºs. 8509 (23.2.1937), artículos 14º-a y 11321 (24.3.1950), artículo 7°, que dispusieron la inversión obligatoria de una parte de los recursos del Seguro Social Obrero en “la construcción y equipamiento de los hospitales y policlínicos proyectados para la Caja Nacional del Seguro Social”. Casi toda la infraestructura de este Seguro fue creada gracias a estas disposiciones.
[7] En octubre de 2016 elaboré un proyecto de ley con este contenido, luego de haber tenido que hacerme operar en un hospital público por la imposibilidad hacerlo en el Hospital del Empleado con la celeridad que mi caso requería. Un amigo me presentó a un representante de un grupo de izquierda ante el Congreso de la República, quien resultó ser médico de ESSALUD en Piura. Me escuchó con cierto desdén, pero se comprometió a presentarlo, no sin antes diferirme a su asesor, otro médico aficionado a la política quien me derramó un discurso de lugares comunes. Nunca presentaron mi proyecto y, como pude advertirlo por las preguntas que les hice, ignoraban absolutamente de qué les hablaba. Era la clase de congresistas de ese momento, incluidos, a mucha honra, los de la pretendida izquierda, que estaban allí por los votos de ciudadanos que tenían que rogar a las dependencias de ESSALUD que los atendiesen.

miércoles, 4 de marzo de 2020

CURRICÚLUM VITAE- Por Jorge Rendón Vásquez





CURRICÚLUM VITAE

Por Jorge Rendón Vásquez
Docteur en Droit por l’Université Paris I (Sorbonne)
Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El diccionario de la Real Academia dice de esta expresión que es la relación de títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc. que califican a una persona.

La expresión contraria sería prontuario que, en una de sus acepciones, es la relación de antecedentes penales de una persona.

Cuando reina la corrupción al prontuario se le llama currículum vitae y califica para el ejercicio de cargos electivos y por designación, sobre todo en la heterogeneidad de entidades estatales, pero también en las privadas que se descuidan. 

El currículum vitae suele ser exhibido en los concursos para acceder a algún empleo o en la postulación de algún título honorífico. Fuera de estos casos, hay situaciones singulares en que es necesario hacerlo.

Una de estas situaciones se me ha presentado ahora.

El caso es el siguiente:

Por encargo de ciertos dirigentes de la CGTP, dos escribidores están tratando de desconocer mis méritos como jurista y denostarme. En lugar de responder mi interpelación sobre su empeño en pedir la aprobación por el Congreso de la República de un proyecto de Ley General del Trabajo altamente lesivo para los trabajadores, esos dirigentes han comanditado una campaña de ataques personales. Su desopilante intención pareciera ser disuadirme de continuar mi permanente defensa de las personas que trabajan, en la actividad privada y para el servicio público.
Mi currículum vitae es bastante extenso. Lo divido por áreas: académico, en la función pública, como abogado, como autor de libros de derecho y como literato.

Creo que ahora sólo interesa mi currículum académico.

Soy abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; doctor en Derecho por la Universidad de San Marcos; Docteur en Sciences Sociales du Travail por la Université Paris I (Sorbona) y Docteur en Droit por esta misma Universidad.

He sido profesor de Derecho del Trabajo y de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos desde 1964, Decano de esta Facultad, y ahora profesor emérito. He sido profesor en la maestría y el doctorado de la Faculté de Droit de l’Université Paris-Nord desde 1988 hasta 1994. Me invitan a certámenes académicos en el extranjero.

Escribo sobre la teoría y la práctica de los derechos sociales desde 1963. Mis libros de Derecho del Trabajo, de Derecho de la Seguridad Social y de Teoría General del Derecho se reeditan periódicamente y podrían llenar un estante. Son libros de consulta de profesores, jueces, abogados, dirigentes sindicales y estudiantes de Derecho.

Gran parte de mi combate por los derechos sociales de los trabajadores se encuentra en las páginas de esos libros y en mis artículos. Allí los he definido, defendido y cierto número de ellos se han convertido en normas jurídicas y en decisiones jurisprudenciales. 

Creo que basta para el efecto de este comento.

¿Qué pueden exhibir como currículum vitae los dos personajes que me atacan, José Chahua y Carlos Mejía? ¿Qué de concreto han hecho a favor de los trabajadores? 

Al parecer, nada. En el ámbito del Derecho del Trabajo —que conozco bien— no existen. Y ¿si no han leído mis libros y mis artículos, cómo pueden ocuparse de mí?

Por lo que escriben se infiere que ignoran el contenido de los proyectos de Ley General del Trabajo y que ni siquiera les interesa conocerlo. Concediéndoles la hipótesis de que los hubieran leído, sus ataques a mi campaña contra esos proyectos demostrarían que están a favor de lo que en ellos se dice.

Se sabe que su mandante, Mario Huamán Rivera, transitó por una prisión, pero no como perseguido político como les ocurrió a otros dirigentes de la CGTP, sino por un hecho que ingresa en el campo del prontuario.

La pretensión de los escribidores de reducirme a su nivel demuestra su insuficiencia. Y es natural que muy pocos los lean, sin duda a causa de las falsedades que amontonan. 

Este comento va dirigido a mis lectores. Es parte de mi esclarecimiento sobre la necesidad de percibir el peligro que para los trabajadores entraña un proyecto de Ley General del Trabajo que, de ser convertido en ley, consolidaría la sustracción de los derechos laborales practicada durante la gestión de Fujimori, Toledo, García y Humala.

 (27/3/2015)