LA NOCIÓN DE SOCIALISMO Y LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA CAPITALISTA - Por Jorge Rendón Vásquez

 

LA NOCIÓN DE SOCIALISMO Y LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA CAPITALISTA

Por Jorge Rendón Vásquez

 

Los primeras nociones de socialismo o de una sociedad socialista surgieron en el siglo XIX. Sus expositores iniciales: Fourier (los falansterios) y Cabet (las comunas), idearon una economía basada en la propiedad de los medios de producción por la sociedad y en el trabajo de todas las personas aptas. Fourier esperó en vano que alguna persona generosa financiara su proyecto, y Cabet, con su dinero, estableció una comunidad icariana en Estados Unidos que fracasó por las disenciones entre sus miembros quienes terminaron expulsándolo. Federico Engels, denominó genéricamente a esos modelos y a otros similares socialismo utópico y sobrepuso a ellos otro al que llamó socialismo científico que debía resultar de la evolución dialéctica de la sociedad capitalista. Expuso su tesis en su artículo Del socialismo utopico al socialismo científico, publicado en Londres, en abril de 1892.

 

El socialismo revolucionario de Engels

En este artículo Engels sostuvo que la concentración del capital lleva a la formación de grandes empresas que se hacen cargo de la mayor parte de la producción y del mercado sin poder, no obstante, evitar las crisis de sobreproducción que se agigantan. En cierto momento, el Estado puede expropiar esas empresas, con una actividad ya socializada en la práctica, pero no el Estado capitalista, sino otro Estado asumido y dirigido por la clase obrera que con su trabajo en las empresas crea la riqueza social.

Cito sus afirmaciones en tal sentido:

“Algunos de estos medios de producción y de comunicación son ya de por sí tan gigantescos, que excluyen, como ocurre con los ferrocarriles, toda otra forma de explotación capitalista. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, ya no basta tampoco esta forma; los grandes productores nacionales de una rama industrial se unen para formar un trust, una agrupación encaminada a regular la producción; determinan la cantidad total a producirse, se la reparten entre ellos e imponen de este modo un precio de venta fijado de antemano. Pero, como estos trusts se desmoronan al sobrevenir la primera racha mala en los negocios, empujan con ello a una socialización todavía más concentrada; toda la rama industrial se convierte en una sola gran sociedad anónima, y la competencia interior cede el puesto al monopolio interior de esta única sociedad.”

[…]

“En los trusts, la libre concurrencia se trueca en monopolio y la producción sin plan de la sociedad capitalista capitula ante la producción planeada y organizada de la naciente sociedad socialista.”

[…]

“Para esto ya no hay más que un camino: que la sociedad abiertamente y sin rodeos tome posesión de esas fuerzas productivas, que ya no admite otra dirección que la suya.”

[…]

 “El modo capitalista de producción, al convertir más y más en proletarios a la inmensa mayoría de los individuos de cada país, crea la fuerza, que si no quiere perecer, está obligada a hacer esa revolución. Y, al forzar cada vez más la conversión en propiedad del Estado de los grandes medios socializados de producción, señala ya por sí mismo el camino por el que esa revolución ha de producirse. El proletariado toma en sus manos el poder del Estado y comienza por convertir los medios de producción en propiedad del Estado.”

 

Cómo ha evolucionado realmente la sociedad

Esta visión de Engels de la sociedad de su tiempo, en los países capitalistas con mayor desarrollo capitalista, no se basaba en un análisis exhaustivo de la realidad social, en lo concerniente a las relaciones de producción y a las fuerzas productivas, ni estaba respaldada con datos estadísticos.

Si bien, la acumulación y la concentración del capital había llevado a fines del siglo XIX a la formación de grandes consorcios en los países capitalistas más desarrollados –trusts, cartels– esta concentración no abarcaba a la mayor parte de la actividad económica. A fines del siglo XIX, las medianas y pequeñas empresas y numerosas empresas grandes que mantenían su independencia seguían produciendo mucho más de la mitad del PBI. Esa concentración había dado lugar a la formación de oligopolios, pero no de monopolios. Sin embargo, por la influencia de las ideas del socialismo socialdemócrata y por la conveniencia de una parte del capitalismo, crecía la tendencia a entregar al Estado los servicios de transporte ferroviario y algunas empresas productoras de armamentos y otros bienes.

En cuanto a la clase obrera las expectativas de que esta se moviera por una revolución a la toma del poder quedaban condicionadas a su crecimiento y a que adoptara mayoritariamente ese propósito. Pero no se dieron ambas condiciones.

Durante el siglo XX, la clase obrera industrial cesó de crecer al ritmo del desarrollo capitalista. Al distribuirse la producción de los bienes y servicios en los sectores primario, secundario y terciario, la clase obrera tradicional industrial, que constituía el sector secundario, fue reduciéndose numéricamente hasta menos del 30% de la masa laboral empleada. Los trabajadores del sector terciario, dedicado a la producción de servicios pasaron a ser más del 60%, repartidos en varias clases de actividades a cargo sobre todo de medianas, pequeñas y microempresas; y los del sector primario, ocupado en la agricultura y la ganadería, descendieron a menos del 10%.

Tampoco la clase obrera se adhirió mayoritariamente a la ideología socialista revolucionaria. Hacia fines del siglo XIX, una parte de ella apoyó al socialismo reformista que participaba en las elecciones para la formación de los poderes Legislativo y Ejecutivo y propugnaba la obtención legal de ciertos derechos sociales; otra parte, la mayor, se mantuvo entre la indiferencia y una espera pasiva de lo que el gobierno o los sindicatos pudieran darles, y sólo una minoría integró los grupos comunistas.

La idea de un cambio revolucionario fue asumida, en su mayor parte, por intelectuales, profesionales y estudiantes universitarios, los que se entregaron a la militancia política con entereza y sinceridad, pensando en contribuir a la construcción de una nueva sociedad sin explotación, a pesar de las dificultades en su vida personal y la persecución emprendida contra ellos por los gobiernos del feudalismo y el capitalismo. ¿Por qué no llegaron a convencer a la mayor parte de las clases trabajadoras? Un factor importante fue el hecho de que la mente de los obreros estaba casi totalmente aplicada al trabajo y le era difícil asimilar una ideología liberadora cuya creación había requerido muchos años de trabajo intelectual intenso. Cuando cierto número de obreros se plegó al marxismo sus compañeros de trabajo advirtieron que podían confiar en ellos y los colocaron en la dirección de sus incipientes organizaciones sindicales. La dirección ideológica no procedía, sin embargo, de ellos, sino de los grupos dirigentes de los partidos o grupos que tenían el marxismo como ideología, casi todos intelectuales o profesionales.

 

El abandono de la vía revolucionaria

Al terminar la Primera Guerra Mundial, el movimiento socialista, ya dividido entre la Socialdemocracia que participaba en la mecánica electoral y el partido Bolchevique de Lenin que rechazaba esa participación y se manifestaba por una revolución, avanzó por estas vías predeterminadas.

La Socialdemocracia alemana, luego de la revolución de 1919, prefirió entenderse con una parte del capitalismo y con ella hizo aprobar una Constitución reformista en la asamblea de Weimar.

En cambio, Lenin y el partido Bolchevique tomaron el poder en Rusia por una revolución, en noviembre de 1917. Este país había sido hasta ese momento un enorme imperio autocrático con un capitalismo que empezaba recién a desarrollarse y una población agraria de más de las dos terceras partes del total sometida en su mayor parte a explotación feudal. Lenin y su partido, al que denominaron vanguardia de la clase obrera, implantaron allí el socialismo, estatizando la producción industrial y de servicios. Pero, ante el descalabro de la economía por la falta de dirigentes empresariales y la guerra que emprendieron contra este gobierno las potencias capitalistas, Lenin y su gobierno tuvieron que reinstalar el capitalismo en 1922. Fue la Nueva Política Económica. Recién a partir del Plan Quinquenal de 1929 se socializó allí de nuevo toda la economía.

Contradictoriamente, de allí en adelante, la postulación de una revolución –el leninismo– fue casi abandonada por los partidos comunistas de otros países, los que trataron de adaptarse a la mecánica electoral votando por algún “burgués progresista” o algún otro si no habían llegado a inscribirse en el padrón electoral por la prohibición de hacerlo o por su insuficiencia numérica, excepto en China por las particulares condiciones de este país.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los partidos comunistas de Francia e Italia, los más numerosos del mundo capitalista, renunciaron definitivamente a la revolución y se insertaron en los regímenes democráticos de sus países con renovación electoral periódica de la dirección del Estado. En los demás países capitalistas sucedió otro tanto en el marco de la Guerra Fría y el maccarthismo.

Una excepción a esta tendencia fueron algunos movimientos guerrilleros animados por grupos marxistas que no concitaron, empero, el apoyo de la mayor parte de trabajadores y otros sectores de la población y fueron derrotados o controlados, salvo en Indochina donde su propósito fue alcanzar la independencia nacional.

En las décadas del ochenta y noventa del siglo XX, los gobiernos comunistas de los países del Este europeo fueron erradicados por otros grupos políticos favorables al capitalismo con el apoyo de una parte de la población. Con la desaparición de la Unión Soviética terminó también el financiamiento de numerosos partidos comunistas de los países capitalistas que solo podían mantener sus burocracias dirigentes con esa ayuda.

Al terminar el siglo XX, los partidos comunistas se habían convertido en grupos muy pequeños, sin influencia en la mayor parte de las clases trabajadoras. Correlativamente, casi todas las organizaciones sindicales que habían formado parte de la Federación Sindical Mundial, una organización inspirada por el movimiento comunista, se desafiliaron de esta y se inscribieron en una central internacional afín al sistema capitalista.

Ahora, a la clase obrera, integralmente considerada, le es extraña la noción de una revolución social y no le interesa tenerla. Políticamente, los obreros distribuyen sus votos, como muchos otros votantes, inducidos por la alienación, entre partidos políticos emanados de otras clases sociales e incluso de aventureros. Tampoco, la mayor parte de la clase obrera tiende a afiliarse en sindicatos, a pesar de que estos podrían reportarle algunas mejoras. Prefiere esperar que otros las obtengan y beneficiarse luego con ellas.

Apartados de esta realidad social, los partidos y otros grupos comunistas residuales han seguido guiándose, no obstante, por ciertos eslóganes propios del siglo XIX y de la Unión Soviética con celo ortodoxo y calificando de réprobos y fraccionalistas a sus oponentes. De haber tenido lugar esas discusiones en la Unión Soviética, los disidentes de la línea oficial habrían terminado sus días fusilados o en una mazmorra. Tal militancia y sus debates y acciones no pasan de ser un desperdicio de energía y tiempo sin ninguna incidencia económica o social.

 

Evolución del capitalismo

Desde el siglo XIX, la sociedad capitalista ha continuado su evolución dialéctica, como una lucha permanente de contrarios, como Marx había descubierto, si bien hasta ahora solo como una acumulación de cambios cuantitativos y sin llegar aún a la formación de una nueva estructura económica. Junto a la clase obrera han surgido otros grupos laborales, de los cuales el más importante es la clase profesional a cargo de la dirección de las empresas y de la burocracia estatal.

A pesar de su magnitud creciente, las crisis económicas periódicas no han llegado a abatir al capitalismo el que ha aprendido a sobreponerse a ellas. Por el contrario, el enorme desarrollo de las fuerzas productivas, basado en invenciones y descubrimientos, en la educación del pueblo, en la creciente formación profesional de los trabajadores y en la acumulación de grandes masas de plusvalía, ha seguido acrecentando la producción y el consumo de bienes y servicios. Una parte de la plusvalía ha incrementado los derechos sociales y los servicios públicos administrados por el Estado.

El capitalismo novecentista, libre de la intervención estatal y sin derechos sociales, solo subsiste como producción y comercialización informales, sobre todo en los países en vías de desarrollo.

 

La estructura capitalista ahora

Es ya imposible negar el descubrimiento de Marx de que la plusvalía o el valor agregado procede del trabajo, si bien no solo del trabajo de los obreros, sino de todo trabajo comprometido en la producción y la circulación.

Estamos así ante una estructura capitalista modelada por la evolución social, en la cual los cambios cuantitativos se traducen principalmente en derechos de los trabajadores y de la sociedad en conjunto, cambios logrados en su mayor parte por la acción directa e indirecta de los grupos de inspiración marxista.

Las clases sociales integrantes de esta estructura cumplen funciones que se complementan para existir: 1) los capitalistas de todos los niveles detectan, precisan y crean las necesidades de la sociedad, acopian los recursos, técnicos, financieros y organizativos para satisfacerlas y lanzan al mercado la producción de los bienes y servicios correspondientes que los consumidores y usuarios pueden elegir y adquirir de inmediato; 2) los trabajadores, de dirección y ejecución, aportan su fuerza de trabajo sin la cual sería imposible la producción y la circulación. Se trata, en realidad, de dos funciones establecidas por la evolución social para satisfacer las necesidades de la sociedad. En esta asociación de facto, cuya unidad es la empresa, cada grupo queda obligado a ejecutar las tareas que le corresponden con eficiencia, mejorando sus resultados y sin causar daños, lo que, se diría, quiere la sociedad como usuaria y consumidora de los bienes y servicios producidos. Las condiciones de la participación de la fuerza de trabajo dimanan de su capacidad creadora del valor y dan lugar a las remuneraciones y otros derechos complementarios laborales y de Seguridad Social, a la estabilidad en el trabajo y a percibir las ayudas de desempleo, derechos que, por su importancia estructural, tienen la calidad de irrenunciables e indisponibles. Sobre ambos grupos se hierge el Estado como un poder de regulación, control y participación en el producto.

A este modelo se le ha denominado Economía Social de Mercado y es general ahora, con diversos grados de extensión de los derechos sociales. Se mantiene por la conciencia y voluntad de las mayorías sociales de que así debe ser, frente a las tentativas de algunos grupos capitalistas de reducir (ellos dicen flexibilizar) los derechos sociales para aumentar la parte de plusvalía con la que se quedan.

 

Una noción de socialismo perimida

La noción de socialismo como una economía estatizada ha quedado obsoleta.

La experiencia histórica ha demostrado que la burocracia estatal, tanto en los países socialistas como en los capitalistas, no es apta para cumplir la función indicada a cargo del capitalismo.

Recluidos en su apego a los reglamentos y sus rutinas y algunos dominados por la propensión a la arbitrariedad y la corrupción, a los burócratas le son extraños, incómodos o perjudiciales a su posición la iniciativa y el poder de la voluntad necesarios para identificar y satisfacer las necesidades de la sociedad que las empresas privadas pueden efectuar con eficacia y oportunidad.

Por esta causa, las empresas estatales sólo alcanzan la eficiencia si se les administra con técnicas de competitividad y, por lo general, en la producción de bienes y servicios de gran importancia estratégica o social.

 

El futuro inmediato

Se podría decir, como conclusión, que por conveniencia y conciencia quienes viven de su trabajo deben cuidar su status legal e impedir los retrocesos que implican casi siempre la pérdida de ciertos derechos adquiridos y, al contrario, lograr nuevos derechos sociales para todos, cubiertos con una parte creciente de la plusvalía, mas sin afectar la capacidad de crecimiento de la producción, en tanto la sociedad avanza hacia un cambio cualitativo cuyos caracteres aún no se vislumbran.

Es pertinente recordar aquí la conclusión a la que Marx llegara luego de estudiar la evolución dialéctica de la sociedad: “Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productivas que pueda contener, y las relaciones de producción nuevas y superiores no la sustituyen jamás antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad.”

(Comentos, 30/3/2024)

LA CRIMINALIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS- Por Jorge Rendón Vásquez

 

LA CRIMINALIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS

Por Jorge Rendón Vásquez

 

La pertenencia a una sociedad crea un conjunto de derechos y obligaciones a los que todos deben atenerse y con mayor razón si todos son esencialmente iguales ante la ley que se dan para convivir en sociedad.

El derecho subjetivo o de cada persona implica la titularidad o la posesión de un bien o de un servicio o la expectativa de recibirlo de otro. Recíprocamente, la obligación consiste en la abstinencia de privar a aquel de su derecho o en la exigencia de entregarle el bien que le hubiera dado o su equivalente o de prestarle el servicio al que se comprometió. De allí que no haya derecho sin obligación, ni obligación sin derecho. Ambos son términos unidos, contrapuestos y equivalentes.

Entre los derechos fundamentales de los seres humanos se hallan la vida y la integridad física y mental, y la propiedad.

Hay, sin embargo, personas que se inclinan a no cumplir las correspondientes obligaciones inherentes a esos derechos. Y ello quiere decir que los privan de sus derechos o los vulneran de diversos modos. En otros términos, les quitan la vida o los hieren y se apoderan de sus bienes contra su voluntad.

La humanidad ha evolucionado en la consideración y aplicación de las sanciones a esos infractores. En los primeros tiempos las sanciones se basaron en la ley del Talión por la cual si una persona había matado a otra debía ser también privada de la vida, o si le había causado un daño corporal debía ser objeto de otro daño igual, o si le debía algo se le desapoderaba de una cantidad de bienes equivalentes para dárselos al titular del derecho o si no los tenía se le recluía en una prisión o se le imponían ciertos trabajos forzados.

Durante muchos siglos, la pena de muerte les fue aplicada a cuantos cometían delitos contra la vida, la propiedad y la autoridad de los reyes o se apartaban de los dogmas religiosos. Cabe suponer que cuando en la localidad alemana de Hammelin, hacia el 1200, se vieron obligados a contratar a un flautista que les aseguró que tocando su flauta se llevaría a las ratas que asolaban ese territorio y las ahogaría en el río, como dice el cuento El flautista de Hammelin, de lo que, en realidad, se trataba era de exterminar a los ladrones.

Luego de la Revolución Francesa de 1789, la sociedad, sin renunciar a la pena de muerte por lo delitos contra la vida, prefirió privar de la libertad por ciertos períodos a quienes hubieran infringido los derechos de otros, aunque condicionando su aplicación a ciertos procedimientos que debían seguirse al pie de la letra. Desde mediados del siglo XX se comenzó a abandonar la pena de muerte y a reemplazarla por la privación de la libertad.

Luego apareció una tendencia que asoció la privación de la libertad de los infractores a la idea de su corrección para convertirlos en personas de bien. Algunos criminalistas y penalistas de cátedra estimaron que la criminalidad podía reducirse, apelando a un cambio en la conciencia de los infractores, asociado al tiempo que pasaran en las prisiones.

Sin embargo, con este método, no se han obtenido los resultados esperados y la criminalidad aumenta, y, en algunos países incluso muy desarrollados económica y culturalmente, en proporciones incontrolables.

¿Por qué?

En primer lugar, porque en toda sociedad hay un porcentaje de personas que tienden a la comisión de delitos contra las personas, la propiedad, el Estado o la sociedad en general: matan, hieren, se apoderan de la propiedad ajena, extorsionan, trafican con productos prohibidos, o hacen, en general, lo que alguna ley prohibe.

A ello se añaden las insuficiencias educativas y de formación, la corrupción, la pobreza, las enfermedades mentales y la necesidad que predisponen al delito a cierto número de personas.

 También interviene el ambiente favorable de ciertas sociedades a la promoción del delito. Tal lo que ocurre en ciertos Estados cuya población de todos los estratos sociales y edades se ha habituado al consumo de drogas, creando un gran mercado altamente rentable a pesar de los riesgos. No se sanciona en ellos el consumo de drogas que es la causa, sino su producción y comercialización, de espaldas a la economía de mercado en la cual la demanda crea la oferta.

Otro floreciente vivero del delito es la confiscación ilegal de los recursos del Estado, la exacción a los particulares por políticos y funcionarios de todo nivel y la muerte y abusos contra los que protestan, prevaliéndose del ejercicio del poder.

Como un reflejo de las sociedades delincuenciales, la literatura y el cinematógrafo han hecho de los delitos y los delincuentes sus temas preferidos y, ahora, casi únicos. Los criminales, sus técnicas y artimañas son los actores principales frente a los cuales los detectives y policías solo triunfan por algunas disposiciones rectoras de esos relatos. Viendo esas películas y series o leyendo esas novelas muchos expectadores y lectores no pueden ocultar sus simpatías por los malos y su deseo de que tengan éxito. Es evidente que algunos o muchos de ellos se predisponen, aun sin advertirlo, a incursionar en la aventura del delito. Es como la droga, cuya primera dosis puede atrapar para siempre en el escenario de esas sociedades en decadencia.

La privación de la libertad de los delincuentes no ha resuelto el problema de la criminalidad. Al contrario, las cárceles, hacinadas sin límites, siguen siendo ambientes de barbarie y perfeccionamiento de una gran parte de los recluidos. Prescindiendo de esta realidad, en el Perú los legisladores siguen creyendo absurdamente que alargando las penas, incluso por delitos nímios, se reducirá la delincuencia. Es lo opuesto: esta aumenta y, en consecuencia, lleva a los políticos con esas ideas, que controlan el Estado, a preferir la construcción de cárceles en lugar de escuelas.

Hemos desembocado a una situación en la que los delincuentes se han convertido en pensionistas del Estado, puesto que este los alimenta y alberga gratuitamente, amén de los gastos en policías, fiscales, jueces y personal auxiliar. Junto a ellos se ha desarrollado extraordinariamente la industria de la defensa jurídica de los delincuentes, por el número de estos y la elevada tasa de ganancia que reporta, una profesión cuyo éxito y respetabilidad, para algunos, se mide por la cantidad de delincuentes que lograr liberar o impedir que los condenen. Hace muchos años, un abogado penalista, ya bastante obeso, pero que en sus tiempos de rebelde estudiante universitario había sido muy delgado, me dijo que la libertad costaba. Aunque no me dio más explicaciones, lo entendí. Para empezar, cuando me lo dijo, cada trámite de libertad condicional costaba no menos de diez mil dólares y los delincuentes, sobre todo narcotraficantes, los tenían o mandaban procurárselos a sus complices en libertad. También, por ese tiempo, un presidente de la República, igualmente obeso, se dedicó a indultar a narcotraficantes con la empeñosa cooperación de los adláteres de su partido nombrados como sus auxiliares.

No hay estadísticas de la cantidad de delitos y delincuentes, detenidos, con procesos en curso, que duran una eternidad, y condenados, ni de la relación entre el número de agentes del Estado ocupados en la seguridad y el procesamiento de los delincuentes y el número de estos. Quizás, en algún momento, todos ellos lleguen a consumir la mayor parte del presupuesto público sin la obligación de devolverla.

Ante la insuficiencia del Estado, ya es posible advertir la privatización de la protección: servicios particulares de vigilancia e investigación, aparatos de detección de intrusos y alarma, intermediarios en la negociación, permisos para adquirir armas, legítima defensa. En Estados Unidos, por la Constitución, todos pueden comprar armas y portarlas.

Con la lógica de encerrar a los delincuentes para suprimir el delito en las calles, el presidente de la República de El Salvador Bukele los ha puesto en las cárceles por millares, desde los más peligrosos reclutados por las maras (bandas) hasta los ladrones de poca monta. Y ha tenido éxito. El delito ha desaparecido en El Salvador. No podrá, sin embargo, retenerlos allí para siempre. Cuando cumplan su condena, la justicia los libere o su gobierno termine recuperarán su libertad sin que Bukele pueda asegurar que saldrán redimidos. Por lo tanto, el problema solo ha sido envasado mientras él esté en el gobierno. ¿Sabe esto su sociedad o prefiere ignorarlo mientras disfruta de un momento de tranquilidad?

Ya se han pronunciado contra Bukele ciertos defensores de los derechos humanos, basándose en el presupuesto de que esos delincuentes los tienen y que deben ser respetados. No han dicho, sin embargo, si los delincuentes deben respetar los derechos humanos de sus víctimas. Y este es el tema central de la convivencia social. Los derechos humanos son de todos, y el delito implica la violación absoluta de los derechos de otros. A partir de allí queda entendido que la delincuencia es el apartamiento de la convivencia social. Cuando a comienzos del siglo XX, se debatía en el parlamento de Francia la abolición de la pena de muerte, uno de los diputados que se oponía convenció a sus colegas diciendo: Nos piden que renunciemos a la pena de muerte. Yo les digo: que los asesinos renuncien primero a ella. La pena de muerte fue abolida en este país recién en 1981, a propuesta del ministro de Justicia Robert Badinter, durante el gobierno de François Mitterrand.

En conclusión, el examen de la delincuencia debería ser replanteado como un tema conjunto de Sociología, Psicología, Economía, Pedagogía y Derecho, es decir como un tema fundamental de la Ciencia Política. El Derecho, en este caso, es un tema final y complementario que aporta la casuística delictiva. La clase, causas y duración de las penas corresponden a la Ciencia Política especializada en la criminalidad.

El cupo de delincuencia en la sociedad podría ser reducido elevando el nivel de educación de la población, dotando a esta de mayor igualdad en la distribución de la riqueza producida, elevando la formación de los agentes del Estado como servidores de la sociedad, instalando y desarrollando la noción de la solidaridad en todas las personas y reeducando a los condenados en prisión por el trabajo productivo y la cultura.

Si no se recurriese a estos u otros métodos similares y la plaga de la delincuencia se desbordase en el futuro, tal vez la sociedad se vea obligada a encontrar otros flautistas de Hammelin.

(Comentos, 17/3/2024)

EL DERECHO Y EL ESCÁNDALO DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA- Por Jorge Rendón Vásquez

 

EL DERECHO Y EL ESCÁNDALO DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Por Jorge Rendón Vásquez

 

Los romanos de la Antigüedad crearon dos aforismos para definir su sistema legal: Dura lex, sed lex y Dura lex, sed servanda que se traducen como La ley es dura, pero es la ley y La ley es dura, pero debe ser cumplida. Ambos expresan la naturaleza del derecho en todas partes y en todos los tiempos.

Irnerio y Beccaria precisaron la manera como las normas jurídicas deben ser aplicadas a los hechos de relación social al señalar que si los hechos ingresan dentro de los supuestos de la ley debe seguir la sanción; de otro modo, no.

Viene a cuento esto por la decisión de los miembros de la Junta Nacional de Justicia de aprobar la permanencia en esta de uno de ellos que ya había excedido la edad máxima para pertenecer a ella prescripta por la Constitución. Esta dice, en efecto, muy claramente: “Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere: 3. Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años, y menor de setenta y cinco (75) años.” (art. 156º).

Ante esta anomalía, el Congreso de la República tuvo que intervenir, por disposición del art. 157º de la Constitución: “Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (ahora la Junta Nacional de Justicia) pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado por el voto conforme de dos tercios del número legal de miembros.” (art. 157º).

Hasta ahora solo han sido removidos una mujer que tiene más de 75 años y otro miembro de la Junta Nacional de Justicia. Los congresistas que no votaron por la remoción no han dado un argumento convincente. Y ello, porque han sobrepuesto la política a la ley, en pared con los diarios y revistas que aducen la inocencia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para contrariar a diversos grupos del Congreso. Lo que queda claro es que para ellos la Constitución puede ser dejada sin efecto cuando tiene que aplicarse a personas de su simpatía que la contravienen o, en otros términos, que la ley se cocina a la carta.

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia han acudido a ciertos abogados (diz que constitucionalistas) quienes han “interpretado” las normas constitucionales pertinentes al gusto de sus clientes (dicen que por la plata baila el mono). Una de sus afirmaciones ha sido que los límites de edad para ser miembro de la Junta de Justicia solo se aplican para el concurso de ingreso a esta, y otra que su duración en el cargo es de cinco años sin condiciones. La Constitución no dice, sin embargo, que para postular a estos cargos se debe tener más de 45 años y menos de 75, ni que una vez nombrados sus miembros puedan quedarse en el cargo si cumplen 75 años. Lo que la Constitución establece muy claramente es que “para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser mayor de 45 y menos de 75 años”. Obviamente, durante los 5 años deben  estar entre esos límites de edad, y si cumplen 75 años años su mandato termina en ese momento.

Permanecer en el cargo más allá de la edad límite dispuesta por la Constitución tipifica del delito de usurpación de una función pública. Asimismo, la aprobación de esa permanencia por la Junta Nacional de Justicia constituye el mismo delito, ya que esta entidad no tiene esa función (Constitución, art. 154º).

Algunos de los abogados de los miembros de la Junta Nacional de Justicia son profesores universitarios. ¿Qué les enseñan a sus alumnos? ¿A qué nivel en la enseñanza universitaria del derecho han llegado?

Al que esto escribe no le fue fácil ingresar a la docencia en la Universidad de San Marcos en el primer concurso de esta de 1964, no por ausencia de méritos que los tenía de sobra, sino por la conspiración de ciertos profesores contra mi nombramiento por el Consejo de Facultad, pese a haber ganado yo el concurso. Me condenaban por mi vocación ideológica al servicio de las mayorías sociales, pero quedaron en minoría frente a los votos del tercio estudiantil y de varios profesores dignos de esta calidad. Luego, nunca se me ocurrió prevalerme de mi poder como docente para discriminar a mis alumnos. Al contrario, mis calificaciones han sido siempre objetivas y claras punto por punto respondido y sin dejar de entregarles sus exámenes. Fue el mismo mi comportamiento en los exámenes de fin de carrera, sustentaciones de tesis y concursos para el ingreso de profesores. Calificaba los exámenes, no a las personas, aquí y en el extranjero. Jamás la política y la ideología intervinieron en la formación de mi criterio. No puedo, sin embargo, decir lo mismo de otros: de estudiantes que rehuyeron someterse a mis exámenes y de ciertos profesores aleccionados en sus antros políticos. Pero allá ellos y su conciencia, si la tienen.

¿No les parece que la democracia, la igualdad de todos ante la ley y el Estado de Derecho no serían posibles sin las máximas Dura lex, sed lex. Dura lex, sed servanda?

(Comentos, 9/3/2024)

DEMOCRACIA: “SE HACE CAMINO AL ANDAR”- Por Jorge Rendón Vásquez

 

DEMOCRACIA: “SE HACE CAMINO AL ANDAR”

Por Jorge Rendón Vásquez

 

La democracia es un sistema por el cual los ciudadanos de un Estado–nación, considerados iguales ante la ley, deciden por su voto la forma de gobierno que quieren darse y eligen a quienes habrán de aprobar las leyes y administrar el Estado. Es, según una definición ya clásica, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (Abraham Lincoln, Gettysburg, 1863). El pueblo es el conjunto de ciudadanos.

 

La democracia como noción

La noción de democracia ha sido plasmada en la ley fundamental del Estado o Constitución que todos están obligados a acatar como la condición de su pertenencia al Estado–nación.

La humanidad llegó a esta noción luego de milenios de creer que el poder de mandar en los imperios, reinos, principados y otras circunscripciones territoriales pertenecía a los reyes y a la nobleza por derecho divino, reconocido o santificado por los altos jerarcas de las iglesias. Las leyes y otras disposiciones obligatorias, casi todas arbitrarias entonces, emanaban de estos personajes, y los miembros del gobierno que ellos designaban las hacían cumplir de la manera más brutal, sobre todo cuando las aplicaban a las personas de más baja condición social. Casi todos los habitantes en esos tiempos creían que esa forma de gobierno era normal y que así debía ser, y colaboraban con los reyes, nobles, Iglesia y fuerzas represivas en la aplicación de las decisiones de estos, aunque fueran en su perjuicio.

Llegar a la implantación de las nociones de igualdad de todos ante la ley y de gobierno del pueblo por el pueblo en una parte creciente del pueblo le tomó a la intelectualidad burguesa europea más de doscientos años, luego de lo cual sus partidarios asumieron el poder del Estado y desde allí las aprobaron como leyes. En adelante, el Estado aseguró esta forma de ser social. Los países donde esto sucedió, hacia fines del siglo XVIII, fueron las colonias inglesas de América del Norte, convertidas en los Estados Unidos, y Francia. A estas nociones se asoció en Francia la vindicta de las clases subyugadas contra los reyes, nobles y sus sujetos que los habían tiranizado, resultante de su odio acumulado durante siglos, que entre 1789 y 1793 hizo rodar más de 50,000 cabezas.

Luego la noción de democracia fue asumida por los pueblos de otros Estados y se generalizó en el mundo, tras décadas de luchas, ejercicio y retrocesos.

 

El funcionamiento de la democracia

A la noción básica de democracia se añaden las que determinan su vigencia o cumplimiento efectivo, que exige: la creación en el Estado de ciertas dependencias encargadas de la organización de los actos de votación por los ciudadanos; la existencia de partidos políticos que postulan la representación de los ciudadanos; y la manera como estos entienden qué es la democracia y por quiénes deben votar en los comicios.

Por pequeña que sea la población de un Estado no es posible reunir a sus ciudadanos en asambleas. Deben haber, por lo tanto, ciertos órganos estatales encargados del reconocimiento de la ciudadanía, la inscripción de los grupos o partidos políticos, la organización de los comicios y la solución de las controversias. Los integrantes de estos órganos deben ser imparciales.

Tampoco es posible en los Estados, la elección directa por los ciudadanos de las personas que quieran que los representen. Han surgido para ello los partidos políticos con la función de presentar a los candidatos por los cuales deberán votar los ciudadanos para la conformación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y, en el Perú, de los gobiernos regionales y locales o concejos municipales.

Además, se ha hecho obligatorio el voto por la necesidad de fundar la dirección del Estado en la voluntad colectiva de los ciudadanos y porque la democracia no solo atribuye derechos sino también obligaciones, y una de las más importantes es la de participar en la conformación de los órganos electivos del Estado.

Sin embargo, en la realidad social, la democracia no se comporta tan esquemáticamente. Hay ciertos hechos que la distorsionan, dando lugar a la elección casi cautiva de ciertos candidatos cuyas intensiones difieren de las de sus votantes y, en muchos casos, son inconvenientes o perjudiciales para estos.

Uno de ellos consiste en que la noción de democracia en los ciudadanos no es unívoca. Depende de lo que cada uno crea que ella es y de la manera como considere que él deba o pueda intervenir. Y esto es muy variable: va desde la ausencia de esa noción en numerosos ciudadanos hasta un conocimiento teórico y práctico muy completo en algunos. Esto implica que la mayor parte de ellos decide su voto por la obligación de votar y, en gran medida, por la propaganda de los partidos más organizados y ricos y sus candidatos.

La realidad histórica demuestra que la mayor parte de ciudadanos, luego de las declaraciones de derechos del fines del siglo XVIII, se fueron sumiendo en el desconocimiento de la democracia, en la indiferencia ante ella y en la impotencia, y dejaron actuar a los grupos que asumieron el poder político o se quedaron en él más allá de los períodos legales, contra las leyes y la voluntad popular o respaldados por las armas del ejército y la policía. Tales fueron los casos emblemáticos de Napoleón Bonaparte, quien se coronó él mismo como emperador en 1804, y de los reyes en Francia en 1815 y 1830, y de los innumerables dictadores de América Latina y otras latitudes.

 

Los dos momentos de la democracia

En la práctica de la democracia hay dos momentos: el preelectoral y el de la actuación de las personas elegidas.

Los actores del primer momento son los partidos políticos inscritos. Son ellos los titulares de la facultad de seleccionar a los candidatos, inscribirlos en los registros pertinentes y organizar las campañas de propaganda para tratar de convencer a los electores de que voten por ellos. Legalmente, los partidos son conjuntos de ciudadanos que cumplieron los requisitos para obtener la personería política; en nuestro país, acreditar cierto número de afiliados, contar con cierto número de comités y locales, tener un ideario o programa y una dirección. En realidad, los partidos son creaciones de algunos grupos de las clases sociales para acceder al poder del Estado y, desde este, aprobar las leyes y otras disposiciones convenientes a los intereses de sus miembros, incluida la corrupción en algunos partidos. Como el costo de su funcionamiento: en organización, empleados, locales, viajes, hoteles, pago de derechos, propaganda y otros, es, por lo general, elevado, son los grupos de mayor poder económico los que pueden promoverlos y financiarlos. En cambio, a las clases sociales dependientes o a los grupos salidos de estas o identificados con ellas no les ha sido posible, por lo menos hasta ahora en el Perú, ni siquiera convencer al número de ciudadanos requerido para la inscripción de un partido político y, menos aún, para que cubran el pago de los gastos, con lo cual quedan fuera de la lid electoral. Los electores de las clases sociales de menores recursos con cierta conciencia política lo advierten y optan por otras opciones legalmente posibles que consideran menos malas.

En consecuencia, el primer momento de la democracia se caracteriza por las campañas de propaganda de los partidos políticos para convencer a los electores que voten por sus candidatos. La función de los electores es pasiva. Para obtener sus votos, desde comienzos de la práctica de la democracia han sido elaboradas ciertas técnicas basadas en la nula o insuficiente noción de democracia en los ciudadanos de las clases de menor poder económico, que conforman la mayor parte de electores, una forma de alienación y procedimiento comercial de manipulación. Su resultado es la elección mayoritaria de los candidatos de los partidos representativos de los grupos económicos de mayor poder. El caso más aberrante de esta manera de decidir de los electores fue el de Alemania en 1933 que invistió a Adolfo Hitler de la plenitud de poderes del Estado, decisión con la que él y su partido nazi precipitaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial y al asesinato de más de seis millones de judíos por las tropas del ejército y las SS.

En el segundo momento de la democracia, los políticos que asumen la dirección de los órganos del Estado proceden a operar según los intereses de los grupos que los postularon o, desvinculándose de estos, de otros grupos o de sus conveniencias y ventajas personales, puesto que, según la Constitución, ellos representan a la Nación y no hay normas que ciñan ese mandato a los intereses y preferencias de quienes los inscribieron y tampoco a los de quienes les confirieron el mandato con su voto. En otros términos, los políticos elegidos reciben una autorización para legislar y gobernar como ellos quieran, o una carta en blanco regida por las exiguas normas de la Constitución sobre la manera de comportarse y sin la obligación de responder por sus votos y decisiones si transgreden sus compromisos y promesas.

En este momento, los electores pierden totalmente protagonismo. Su opinión queda en su fuero interno y, por lo tanto, deja de interesar. La contienda verbal en los órganos colegiados del Estado y en los medios de prensa tiene como actores a los políticos elegidos y a los periodistas, opinólogos y otros personajes que los sirven, que se atacan, malquistan, injurian y defienden: un espectáculo permanente que llena las páginas de los diarios y revistas y los espacios de la TV, y que se vende con los chismes de la farándula, el fútbol y la crónica policial. Es obvio que sus críticas y diatrivas jamás culpan a los electores que pusieron a esos políticos en los cargos estatales. Estos ya son nadie, y solo algunos los imaginan como remotos o fantasmagóricos testigos que declararán por sus votos en el próximo proceso electoral, aunque ya se sabe que en este la manipulación podrá imponer a otros candidatos.

En muchos otros Estados es también así, aunque en los subdesarrollados económica y culturalmente las transgresiones a la Constitución, disfrazadas frecuentemente con atuendos legales, son normales. Por lo demás, siempre les es posible a muchos políticos elegidos convalidar sus hechos ilegales, sobre todo su enriquecimiento ilícito y el de sus parientes y amigos a expensas de los caudales del Estado, valiéndose de los órganos judiciales y electorales proclives a apartarse de la ley y al impulso de abogados fértiles en sofismas.

 

¿Qué hacer, entonces?

La democracia podría avanzar hacia estadios de mayor conciencia en las mayorías electoras y de perfeccionamiento del mandato recibido por los políticos elegidos. El factor fundamental de su vigencia real es la conciencia que de ella tenga la mayor parte de la ciudadanía. Pero para ello deben concurrir varios factores: una educación acendrada y extensa de los niños y adolescentes; una información veraz y ausente de manipulación por los medios de prensa; un sistema de formación profesional compatible con el progreso material e intelectual de nuestra sociedad; una labor pedagógica del Estado, los partidos políticos democráticos y las organizaciones que se creen para este fin sobre el significado y el funcionamiento de la democracia; y una visión más realista en los intelectuales y estudiantes universitarios que a la larga lops mueva a la acción.

Los programas políticos deberían servir para la promoción de la economía, el aumento de la riqueza, la necesidad de dar empleo, una distribución más equitativa del producto, la eliminación de la corrupción, disponer de servicios públicos más extendidos y mejores, incluida una solución rápida y ajustada a las leyes de los conflictos legales, sin lugar para las utopías, sino solo para los cambios que la realidad social requiera.

 

Addenda

En nuestro país hay una grave anomalía concerniente a los partidos políticos y a los candidatos que ellos presentan. Luego de ser estos elegidos nada obsta para que se aparten del partido al que pertenecen o que desacaten sus disposiciones, no obstante que sin la postulación por ese partido no habrían podido competir, y perdiéndose de vista que son los partidos las agrupaciones con personería política y no sus candidatos. En todo caso, queda entendido que estos se comprometen a promover el ideario y los proyectos de sus partidos en el ejercicio de la función legislativa, ejecutiva, regional o municipal. Una exclusión del representante elegido del partido que lo postuló, por renuncia o causa grave legalmente definida, debería implicar su retiro de la función legislativa o de otro orden y su reemplazo por el accesitario declarado. Sería esta una manera de establecer cierto orden y limpieza en el funcionamiento de la democracia en nuestro país.

Además, por la importancia de las funciones electivas, se debería sancionar penalmente a los políticos elegidos que infrinjan la Constitución con sus votos y hechos.

(Comentos, 2/3/2024)