La visión tributaria de
Luis Aparicio Valdez
Dr. LUIS
DURÁN ROJO
Profesor de Seminario de Derecho Tributario-UNMSM
Hace nueve años, el jueves 25
de junio del 2009, falleció Luis Aparicio Valdez, reconocido jurista y profesor
universitario peruano que tuvo una notable relevancia nacional e internacional en
el mundo del Derecho. Su trayectoria intelectual y profesional en el Derecho
Laboral es extensa y ampliamente conocida, habiendo participado y dirigido
instituciones de orden mundial, como la Presidencia de la Asociación
Internacional de Relaciones de Trabajo (IIRA), así como ser gestor protagónico
de un sinnúmero de actividades de servicio al país.
El doctor Aparicio tuvo
también un importante rol en materia tributaria, especialmente por haber
fundado y sido el primer director de la revista Análisis Tributario, que desde
el año 1988 contribuye al país con reflexiones sobre la política fiscal, el
Derecho Tributario y la Contabilidad.
Un hombre con tan altas
calidades personales y que había recorrido y saboreado el mundo, no podía dejar
de tener una visión tributaria del país tan clara ni mucho menos dejar de
promover su sano estudio y aplicación.
El aporte del doctor Aparicio
en materia tributaria se plasmó con gran lucidez, y por muchos años, en las
páginas de Análisis Tributario y en especial en las de su sección editorial,
que hasta hoy son de gran actualidad. La clásica aspa (o la “cruz del Doc” como
la conocíamos) sobre los textos preparados por nosotros aseguraban que su
contenido era acertado y equilibrado, crítico con lo incorrecto, sea que proviniera
de la actuación de la administración tributaria o de algún(os)
contribuyente(s).
Entre otros, su impronta
conceptual puede verse en los siguientes aspectos de la dinámica tributaria,
que han servido –y sirven– para muchas líneas de investigación en el mundo
tributario.
Una
especial manera de mirar
El doctor Aparicio partía de
una mirada práctica de quien ha vivido intensamente y siempre con apertura, en
busca de entender a las personas y sus culturas e instituciones, sin imponer
una única visión del mundo. Esa postura inicial le permitía ver el fenómeno
tributario no solo como un hecho juridizado, sino también como uno complejo que
tenía varias aristas que abordar: la política, la administrativa, la
técnico-legal, la de reflejo contable, y, por cierto, la de costo empresarial.
A su vez, había seguido de cerca el proceso de autonomía del Derecho Tributario
europeo, de la mano de las escuelas de Grizziotti, Giannini y Berlini y las
aportaciones en España del maestro Sainz de Bujanda y García Añoveros (entre
otros). También había reflexionado sobre los aportes de Jarach, Valdez Costa,
De la Garza, Vidal Cárdenas, Castillo Vargas, entre otros ilustres profesores
en América Latina, para la búsqueda del sentido del estudio científico del
Derecho Tributario.
Capaz por todo eso, la
dogmática tributaria, para él, debía reflejar la realidad de los pueblos e
incardinarse en los contextos del espacio y el tiempo en el que se
desarrollaba, de modo que cualquier traspolación doctrinal de un contexto
determinado a otro debía hacerse con sumo cuidado y sobre la base del respeto a
la identidad de las instituciones jurídicas y económicas de las naciones.
El
gravamen fiscal
El doctor Aparicio siempre
decía que hay quienes creen que la tributación debe ser mínima (pocos tributos,
con alícuotas bajas e iguales) y focalizada en tributos indirectos, para lo que
necesariamente debe recortarse el gasto estatal, priorizando el que corresponde
a inversión (infraestructura y otros). Siguiendo esta postura se forjaron las
reformas tributarias emprendidas en América Latina en la década de 1990,
buscando recuperar la base tributaria y los ingresos fiscales en el más breve
lapso y con la mayor eficiencia posible, para ello había que echar mano a los
sectores más relacionados con la economía formal.
Por eso, se generó un proceso
de simplificación de la tributación de las empresas y personas naturales,
dejándose de lado la fiscalización sobre los ingresos de los ciudadanos (más
allá de las rentas del trabajo) por lo costoso que significaba, especialmente
por la poca información disponible sobre los ingresos o movimientos trabajadores
estatales. Hoy la tendencia es seguir el segundo enfoque, para extender la
recaudación hacia el sector informal y, por eso mismo, volver la mirada sobre
la tributación de las personas físicas, no solo con el fin de promover mayores
ingresos fiscales, sino también para tratar de compensar la dispareja
distribución del ingreso que existe.
En el fondo, según Aparicio,
se trata de combatir el problema de la “informalidad tributaria” . Por eso, si
la tendencia va en el sentido descrito, en los próximos años será importante:
(i) aumento de ingresos directos, especialmente el IR, modernizando y
eliminando injusticias e inconsistencias técnicas; (ii) una reformulación técnica
de los impuestos indirectos, que implique eliminar cualquier tipo de
perforación o antitecnicismo; (iii) un esfuerzo por proseguir con el aumento de
la base tributaria; y, (iv) el combate al narcotráfico, el contrabando y
cualquier otra forma de evasión o elusión.
Contribuir
con base en derechos
En segundo lugar, fue un
incansable defensor de la necesidad de que los ciudadanos contribuyamos a
financiar el Estado, el mismo que a su vez debe estar al servicio de su
población, pues entendía que ese deber era el fundamento del progreso de
nuestra patria y del proceso de ciudadanía plena al que debe enrumbar el país.
Fue la primera persona a quien
escuchamos reflexionar con asombrosa naturalidad y sabiduría sobre el deber
constitucional de contribuir al Perú y fue él mismo quien alentó que algunos de
nosotros empezáramos a desarrollar reflexiones a ese respecto.
Evidentemente, sabía también
que ese deber existía de la mano de los derechos fundamentales que el Estado
tenía que cumplir clara e irrestrictamente en favor de los ciudadanos y del
conjunto social, y por eso fomentó siempre que en Análisis Tributario se
defienda sin excusas a las personas ante cualquier atropello por alguna
actuación estatal en materia tributaria.
En ese marco, entendía el
porqué de la evasión, cuando reconocía que un ciudadano que no valora su
Estado, bien porque nunca estuvo presente en los momentos trascendentales de su
vida porque fue formándose –por los medios de comunicación, escuela, familia,
etc.– con la idea de que el Estado es un mal con el que tiene que convivir, no
verá la “acción de tributar” como algo positivo o un deber por desarrollar.
Pero a su vez, si al frente encuentra un Estado fantasmagórico que tiene a la
Sunat como única, real y seria presencia (que se encarga del cobro de
tributos), mantendrá una enorme resistencia cotidiana en su imaginario a la
obligación de tributar.
Para él, el problema
trasciende en el tiempo, y tiene sus raíces en el pasado, en concreto en dos
fenómenos importantes sucedidos en el Perú: (i) los sectores excluidos
–indígenas básicamente– fueron obligados durante los primeros años de la
República a tributar para un Estado que nunca respondió a sus necesidades y que
además les negaba la posibilidad de participar en su formación (el Perú debe
ser uno de los pocos países en el que muchos de los que tributaban –los
indígenas– no eran electores porque eran analfabetos), y, (ii) los grupos
políticos han visto siempre que es necesario beneficiar a sectores sociales o
productivos exonerándolos del pago de impuestos, en lugar de promover su
participación en la tributación, lo que de alguna manera los volvería
ciudadanos de primer nivel.
Para luchar contra un fenómeno
cultural tan amplio, en nuestras tertulias académicas, ideamos la idea del proceso
de “reculturización” tributaria al que le atribuíamos una composición a varios
niveles, entre otros, una campaña nacional educativa que ligue la tributación
al desarrollo y a la construcción de ciudadanía, que suponga que estemos en
capacidad de exigir tributar a otros lo que les corresponde (especialmente
exigiendo nuestros comprobantes de pago por las compras realizadas), pero que
también aprendamos a que es necesario que contribuyamos con los tributos a
promover nuestro Estado, lo que sin duda nos hará ciudadanos de primera clase.
El
papel del legislador
Para el doctor Aparicio era
claro que se necesita una claridad desde el entorno político que haga que
nuestros gobernantes no vean el tema tributario como uno que solo dé réditos
cuando se establecen beneficios para grupos específicos o sectores de la
economía determinados. También se requiere que haya un proyecto concreto que
permita que el Estado y las instituciones tributarias funcionen sin presiones
de determinados grupos políticos o económicos.
En ese marco, entendía que el
legislador es, sin duda, una variable clave en todo ordenamiento jurídico, pues
es quien establece las reglas de juego para todos los participantes, incluido
el Estado.
Por eso, no le parecía
adecuado que los procesos de modificaciones tributarias se lleven a cabo por la
vía de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que al final del día
tendrá un sesgo recaudatorio inocultable.
Reconocía que en los últimos
veinte años, algunos decretos legislativos dictados abordaron aspectos del
régimen tributario que en el pasado no habían sido desarrollados adecuadamente,
y ello está bien. Además, hubo disposiciones modificatorias destinadas a cerrar
esquemas elusivos planteados por ciertos deudores tributarios, brindar nuevas
facultades a la Administración Tributaria y diseñar mecanismos de incentivo de
la recaudación.
Empero, consideraba que
propiamente el otorgamiento de las facultades había sido una renuncia anunciada
de los actores políticos a poder plantear un “modelo tributario” partiendo de
la discusión democrática.
Con ello, entendía, no se
permitió el robustecimiento de la sociedad civil tributaria, porque ha sido
cortejada a participar de un proceso sin consecuencias definidas, como habría
ocurrido si la producción normativa se hubiera planteado en términos
democráticos.
Sentía claramente que había
una disociación entre tributación y democracia, que partía de error de pensar
que un sistema tributario eficiente y justo se encuentra en las antípodas de la
promoción y del desarrollo de un proceso democrático de recojo de los intereses
de los ciudadanos y sus miradas respecto a lo tributario.
Promovía la necesidad de
recuperar el procedimiento racional de establecer reglas de juego que hagan
posible acuerdos de calidad entre todas las partes de cada fenómeno social. En
nuestro caso, ello significa que las reglas respecto al fenómeno tributario
surjan del necesario consenso entre los intereses del Estado y de los
particulares, y no en la imposición de una de las partes.
La
institucionalidad tributaria
El doctor Aparicio creía en la
seguridad jurídica y entendía que no es adecuado un sistema basado en la
transitoriedad, en el que la modificación constante de la normatividad
tributaria se convierta en regla, pues genera incertidumbre, nerviosismo y
litigiosidad en los contribuyentes, sobrecargando las instancias resolutoras de
conflictos.
En ese sentido, entendía que
se requiere un régimen tributario en el que los cambios normativos se den de
manera ordenada y previsora, pues no cabe duda de que la labor legislativa en
general siempre está a la zaga de la realidad y, por lo tanto, se hace
necesario normar nuevos aspectos de la misma.
Le parecía que el modelo
tributario y el proceso de modificación normativa deben basarse en el irrestricto
respeto a los principios y derechos constitucionales, especialmente los
tributarios, pues de lo contrario podrían generarse grandes costos de
litigiosidad o de devolución, en especial porque cada vez más se abren
mecanismos de defensa de los derechos de los contribuyentes.
En ese marco, para el doctor
Aparicio era claro que un régimen tributario justo y sano debía basarse en la
institucionalización de los órganos administradores de los tributos y, por
supuesto, de quienes están llamados a resolver las contiendas tributarias, a
fin de que lo hagan adecuadamente y conforme con la justicia.
En ese sentido, en estas
convicciones, siempre promovió la independencia funcional y orgánica de la
Sunat y del Tribunal Fiscal, y reclamó cuando el poder político la ponía en
cuestión. A su vez, impulsó en el Poder Judicial y en el Tribunal
Constitucional el conocimiento de la importancia del aspecto tributario y la
necesidad de que sus sentencias llegaran a ser instrumentos de la justicia
tributaria.
