Concentración económica, ambiente y trabajo: Formas de resistencia ante la precarización y reflexibilización neoliberal en Argentina y Brasil-
Jorge Luis Elizondo
Docente Universitario Universidad Nacional de Rosario, República Argentina
Antecedentes históricos:
Brasil y Argentina tienen un destino colectivo común, forjado por evoluciones paralelas, bajo el dominio de los imperios español y portugués y una misma pertenencia política y cultural al mundo occidental.
Brasil tiene un territorio extenso de 8.500.000 Km 2, el primero de América del Sur, igual a quince veces Francia y 97 veces Portugal, su “madre patria”. Argentina, la segunda del subcontinente, 2.780.400 Km2 , varias veces superior a Italia y España.
A diferencia de México, con su territorio amputado por EEUU en 2.200.000 Km2, y de los países de América Central, invadidos en forma permanente, Brasil y Argentina son a la vez que los más extensos de la región, los que no han sufrido una intervención militar directa de EE UU, quien utiliza para ellos estrategias más sutiles de dominación económica, política y cultural.
Otro de los rasgos comunes entre ambos es que sus experiencias de desarrollo y diversificación de su estructura productiva se produjeron en los momentos de desacople del orden internacional (Primera y Segunda Guerra Mundiales, y momentos de crisis mundial), como consecuencia de la interrupción o limitación de las importaciones que generaron políticas de sustitución de las mismas a través de la producción nacional. Como consecuencia de ello, se caracterizan por una mayor importancia demográfica, económica y política de la clase trabajadora industrial, que los diferencia del resto de los países de América Latina.
En ambos países existe una contradicción permanente entre las ideologías institucionales contenidas en las constituciones y los comportamientos sociales; y estas distorsiones no provienen de una pretendida incapacidad psicológica para el ejercicio de la democracia, sino de condiciones económicas y sociales objetivas.
La concentración del poder económico y social determina que cualquier ley o medida política que no refleje las relaciones de dominación o no se ajuste a las mismas, se convierta en ilegítima.
Las clases dominantes no se ajustan a la Constitución ni a las leyes, tienen un bill de indemnidad permanente, ciertas esferas de dominio que no pueden ser modificados por los gobiernos democráticos. Por ejemplo: la propiedad y la posesión de la tierra, el dominio de los medios de comunicación –que se identifica generalmente con la “libertad de prensa”-, el poder judicial, que no puede ser democratizado.
Es lo que ocurrió en la Argentina con la ley de medios de comunicación audiovisual, cuya aplicación fue impedida a través de insólitas medidas judiciales impulsadas por los grupos propietarios de las grandes cadenas monopólicas –particularmente el grupo “Clarín”-, y finalmente anulada por decreto del actual gobierno.
Cualquier política que afecte estas zonas sensibles acarrea la ilegitimidad del gobierno que la promueve. Todo lo que afecta la verticalidad de las relaciones sociales es considerado subversivo e inaceptable para las clases dominantes.
La democratización de los medios de comunicación y del Poder Judicial –medidas promovidas por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner- fueron atacadas en forma sistemática por el accionar conjunto de los medios hegemónicos, el poder judicial y las organizaciones políticas de la derecha.
Las Ligas Agrarias organizadas en el Nordeste brasileño por Francisco Juliao, con el apoyo del obispo de Recife Dom Helder Cámara, fueron uno de los detonantes del golpe de Estado militar de 1964. El Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MTS), dirigido por Joao Stedile, que alcanza hoy una extensión y fuerza mucho mayores en la lucha por la tierra, también fue uno de los factores del golpe de Estado institucional que destituyó a Dilma Roussef con falsos argumentos, y designó a Temer como presidente.
En la Argentina, el grado de intolerancia de la clase dominante hacia las medidas favorables a los sectores populares es superior al del resto de los países de América Latina. La sola idea de Reforma Agraria constituye un tabú para casi todas las organizaciones políticas, aún para las de izquierda. El impuesto territorial ha sido condenado por las organizaciones patronales agrarias y los terratenientes cono una medida colectivista y expropiatoria. Lo mismo ha ocurrido con las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que desató el primer intento de golpe de Estado contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2008; y que fueran eliminadas o reducidas en forma inmediata en Diciembre de 2015 por el actual gobierno conservador.
Tanto el impuesto a la renta potencial de la tierra aprobado por el gobierno peronista de Héctor J. Cámpora en 1973, y el aumento del gravamen sobre las exportaciones agropecuarias durante el gobierno de Cristina Fernández, desataron ofensivas de las entidades agrarias, hegemonizadas por la Sociedad Rural, fundada en 1866, y representante de los terratenientes, y acompañadas por un amplio arco de la derecha y centro-derecha, que alcanzó a un importante sector del propio Partido Justicialista gobernante.
Es que por detrás del juego de las instituciones republicanas existe un escenario donde necesariamente deben ponerse de acuerdo el gobierno y la clase dominante para garantiza la continuidad del pacto no escrito de subordinación del poder político al poder económico. Cuando esto no ocurre, si el gobierno se niega a ser monitoreado por la clase dominante, en cumplimiento de ese pacto no escrito, nada importa su legitimidad democrática a través de la voluntad colectiva, su situación se complica por el estado de desestabilización que provocarán los sectores del poder económico afectados por las medidas. Por eso hay gobiernos legales y legítimos, que no obstante haber cumplido estrictamente con las normas constitucionales, son acusados de corrupción y deslegitimados a través de la desestabilización y el acoso faccioso de la burguesía y un sector importante de las clases medias, instrumentados por los medios de comunicación, que puede desembocar en un golpe de Estado institucional.
El modelo de explotación de la tierra es de carácter extractivo como la minería; tanto en Brasil como la Argentina las extensiones dedicadas a la soja abarcan una extensión cada vez mayor, con las consecuencias ambientales ya conocidas. En América Latina se ha impuesto el dominio del capitalismo occidental, ahogando, ocultando y absorbiendo los elementos culturales y étnicos de los pueblos originarios. Dice René Dumont que la naturaleza ha sido violada y agredida por la depredación y el desperdicio de una “agricultura minera”. La agricultura sojera tiene las mismas características depredadoras que el modelo extractivo minero. Cabe recordar que mientras las teorías fisiocráticas implicaban la sumisión de la economía a los fenómenos de la naturaleza, el modelo liberal actual ni siquiera pretende dominarlos, simplemente los ignora
Marx denunció la explotación del hombre y de la naturaleza, planteando que en el marco del capitalismo, dentro de su construcción mecánica abstracta, los recursos vivos, ajenos a la ley del mercado, sólo encuentran su lugar en los términos de capital o trabajo, en una suerte de lógica de las cosas muertas. “La producción capitalista –dice- impide el regreso al suelo de esos elementos que el hombre consume a fin de alimentarse y vestirse. Por consiguiente ejerce una violencia sobre el acondicionamiento necesario a una fertilidad duradera de los suelos. Además, cada progreso de la agricultura capitalista representa un progreso no sólo en el arte de despojar al trabajador, sino también en el de empobrecer a la tierra: todo mejoramiento temporario de la fertilidad de los suelos aproxima las condiciones de una ruina definitiva de las fuentes de esa fertilidad. La producción capitalista no hace más que agotar las fuentes originarias de toda riqueza: la tierra y los trabajadores” (K. Marx, “El Capital”).
Desde hace mucho tiempo los economistas revisan sus análisis teniendo en cuenta la escasez de los recursos naturales, reconociendo la necesidad de incluir la naturaleza dentro de la economía; pero en nuestros países –con la hegemonía neoliberal- se impone la lógica de las cosas muertas y la depredación del suelo, con las consecuencias ya conocidas.
Cabe señalar que en el proyecto de presupuesto para el 2018, el gobierno argentino sólo asignó un 6,5 % de lo estipulado por la Ley de Bosques 26.331 para su conservación. Las asociaciones ambientalistas han denunciado que se está promoviendo una nueva oleada de reforestaciones mediante el fuerte recorte presupuestario.
La aplicación del dogma neoliberal:
Tanto en Brasil como en Argentina se expresa desde fines de los 80´ la influencia decisiva del pensamiento único de la llamada “revolución conservadora” de EE UU y Europa: el dogma de la desregulación económica, la idea de que el Estado es el problema y no la solución; la eliminación de las políticas de acuerdo social instauradas desde la posguerra. Quienes no comulgaban con las tesis neoliberales: eliminación del sector público empresarial y equilibrio presupuestario más allá de los ciclos económicos, fueron sistemáticamente marginados de los ámbitos académicos, consultorías, medios de comunicación dominantes y organismos internacionales.
En EE UU y Europa se marginó a los sindicatos y demás organizaciones sociales de la toma de decisiones y se impuso la idea de que sus demandas eran incompatibles con la racionalidad económica y el propio interés del país. Las consecuencias de la aplicación del dogma neoliberal produjo el mayor déficit fiscal de la historia, acrecentó la desigualdad y la exclusión social, y produjo una cadena de crisis que se expandió a toda la humanidad.
Pese a las consecuencias ya conocidas, el poder económico y las derechas de Brasil y Argentina están dispuestos a aplicar las mismas medidas a los fines de crear las mejores condiciones para garantizar el pleno dominio del capital financiero sobre la economía.
Como dice Nils Castro, “esa derecha viene a salvar el fondo y los afanes del sistema socio-económico vigente, buscando no apenas preservarlo, sino “liberarlo” del fárrago de restricciones que el humanismo, la tradición liberal y las conquistas del movimiento popular le habían impuesto en anteriores tiempos y reinstaurar las formas de hegemonía y de gestión de clase que más le convienen. Esta derecha busca “desnudar” la economía capitalista para restablecer las reglas del capitalismo salvaje y viene determinada a tomar un atajo para ejecutar este propósito sin lastrarlo con pudores, antes de que alguien más adelante a levantar otra alternativa. De allí el estilo “macho” propio de tal visión reaccionaria, que no aceptar perder tiempo en escrúpulos ni disposiciones”.
“Con lo cual esa derecha es “nueva” por sus métodos, formas y procedimientos, mientras que sus intenciones y contenidos son más retrógrados que conservadores. Sin viejos disimulos, sus objetivos vienen de época anterior al desarrollismo de tiempos de la posguerra”
Es por ello que Macri como Temer, comparten la misma visión, no tienen prejuicios en llevar adelante sus proyectos de restauración, aún cuando deban violar las reglas propias de la institucionalidad republicana.
El neoliberalismo no es sólo una ideología económica, y para su aplicación requiere del autoritarismo y la represión. Para ello han vuelto a aplicar políticas represivas contra los trabajadores y el movimiento popular, aún cuando ellas sean absolutamente innecesarias, porque la intención es eliminar preventivamente todo foco de resistencia, por más débil que sea. Es necesario para ellos restablecer el orden y la autoridad resquebrajados por doce años de gobiernos populares, no porque se haya puesto en peligro el sistema capitalista, sino porque los trabajadores y los sectores populares han adquirido conciencia y capacidad de organización para defender sus derechos, han sido empoderados, y ello conspira contra sus propósitos de aumento de la tasa de ganancia y restablecimiento del principio de autoridad dentro de las empresas. Porque los trabajadores y el Estado han adquirido demasiado poder para cuestionar o debilitar las decisiones del capital. Porque se han acostumbrado a los altos salarios y a un nivel de vida superior al para ellos aceptable. Porque sus decisiones de concentración y expansión se ven contrarrestados por una política que había privilegiado el mercado interno y con ello la mejora de las condiciones de vida de los sectores populares.
Los objetivos del gobierno argentino se desarrollan con una notable precisión: devaluación (que no aumenta las exportaciones, sino la ganancia de los exportadores), eliminación y rebaja de retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras, eliminación y rebaja de los impuestos que gravan la riqueza, desregulación y levantamiento de controles cambiarios (eliminación de aranceles al comercio exterior, principal requerimiento de las multinacionales que exigen la libre circulación de los capitales y las mercancías), redolarización de las tarifas eléctricas y del gas (de un 400 a 1.000 %), baja de salarios (alrededor de un 7 %), política monetaria con elevada tasa de interés que atrae inversiones especulativas que alimentan la bicicleta financiera y la fuga de divisas. El déficit fiscal –que ha crecido hasta un 7 %- se compensa con un endeudamiento desaforado, sin plan alguno para conjurar el déficit externo. El programa persigue la apropiación de los bienes públicos que aún permanecen bajo control estatal –se ha resuelto privatizar Vialidad Nacional- y –como ha quedado al descubierto recientemente, con la represión al pueblo mapuche y la desaparición forzada de Sebastián Maldonado- la decisión de apoderarse de la tierra y los recursos naturales de la Patagonia argentina (Benetton, Lewis, Ted Turner, etc.).
Como lo señala Ugo Mattei, con el nombre de “reformismo”, forma institucional e ideológica del capitalismo actual, verdadero y propio síntoma de la gobernabilidad neoliberal, se ha designado –negándolo- uno de los más importantes y masivos procesos de extensión y concentración de la propiedad privada jamás registrados. “Hacer las reformas” (o “Cambiemos”, como se denomina el frente político macrista en la Argentina) quiere decir “saquear lo que es producto de la cooperación social para apropiárselo privadamente”.
La contraofensiva neoliberal que llevan adelante los representantes del poder económico que ocupan el Poder Ejecutivo en Brasil y Argentina requieren una profunda modificación de la superestructura jurídica para reforzar el dominio político, social y cultural del capitalismo financiero.
La contrarreforma laboral brasileña:
La reforma aprobada en Brasil no es más que la destrucción del Derecho del Trabajo, que -desde su origen en la segunda mitad del siglo XIX, y de acuerdo a las normas y principios del Constitucionalismo Social a partir de 1917 , y en la totalidad de las constituciones latinoamericanas, códigos y leyes dictados en consecuencia- se identifica como conjunto de normas protectorias de la parte débil de la relación laboral: el trabajador, y como un límite a la explotación y al autoritarismo empresario.
Los puntos principales de la reforma son:
1. Tercerización: Se autoriza a las empresas a tercerizar cualquier actividad, aún su propia actividad principal. Permitir dicha práctica sin limitaciones viola el principio de igual remuneración por igual tarea, ya que autoriza a la empresa a pagar remuneraciones diferentes a trabajadores que cumplen la misma actividad. Se aplica también a las empresas estatales y mixtas, lo que implica que se viola la norma constitucional brasileña que establece concursos públicos para la contratación de los empleados del Estado.
2. Posibilidad de pagar sueldos inferiores al salario mínimo vital: El derecho al salario mínimo, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, puede ser burlado por las empresas de dos formas: a) a través de la contratación de un trabajador autónomo en forma continua y exclusiva, sin que se lo reconozca como trabajador en relación de dependencia; y b) los casos en que el trabajador permanezca a disposición de la empresa durante un largo período, pero sólo se le pagará por las horas efectivamente trabajadas. No hay garantía en este caso de que el trabajador cumplirá las horas necesarias para ganar el salario mínimo.
3. Flexibilización de la jornada de trabajo, o en otros términos la disposición del tiempo de trabajo en interés del empleador: Se permiten jornadas de trabajo superiores a las 8 horas diarias; establecidas por medio de acuerdos privados entre el empleador y el trabajador. Se autoriza que la jornada se extienda a 12 horas diarias, con un descanso semanal de 36 horas. Se viola la jornada máxima prevista por la Constitución de Brasil y por las normas internacionales.
4. Posibilidad de reducir las horas de descanso: Se admite la flexibilización de las horas de descanso, que pueden ser decididas por acuerdo colectivo, afirmando la ley aprobada que “las reglas sobre duración del trabajo y descansos no son consideradas como normas de salud, higiene y seguridad”. Tal norma contrasta con la realidad que el Ministerio Público de Trabajo de Brasil ha confirmado: la mayor parte de los accidentes de trabajo ocurren en las últimas dos horas de la jornada, justamente debido al cansancio del trabajador.
5. Prevalencia de las convenciones y los acuerdos colectivos sobre la ley: Las condiciones establecidas por los convenios y acuerdos colectivos prevalecerán sobre el texto de la ley; excepto cuando se trate del salario mínimo, adicional nocturno, reposo semanal remunerado, etc. Esos acuerdos pueden llegar a extinguir o reducir derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
6. Representación por fuera de las organizaciones sindicales: Las empresas con más de 200 empleados pueden tener “representantes de trabajadores”(no sindicales) que negocien con los empleadores para buscar la solución de los conflictos. De esta forma se persigue debilitar al sindicato, que –según la Constitución de Brasil- es quien debe defender “los derechos e intereses colectivos o individuales de categoría, inclusive en cuestiones judiciales o administrativas”.
7. Acceso a la Justicia del Trabajo: El pago de los gastos procesales es responsabilidad de quien inicia la acción judicial, aún cuando tuviere derecho al beneficio de litigar sin gastos. Y tal disposición viola la Constitución de Brasil, que garantiza la gratuidad judicial para quien compruebe no tener recursos para pagar los gastos del juicio.
Las normas aprobadas por el Congreso de Brasil están orientadas a la acumulación del capital y la recomposición de la tasa de ganancia, y violan principios fundamentales de la Constitución; afectan el principio de protección social del trabajo y los pactos internacionales de Derechos Humanos a los que ha adherido el Brasil, lo mismo que nuestro país.
La Constitución Brasileña de 1988 contiene normas que definen al Brasil como Estado Social (no de mercado), solidario y plural, que protegen los derechos sociales con iguales garantías que el resto de los derechos fundamentales, que establecen el control público de los recursos económicos estratégicos, como lo hiciera el Art. 40 de la Constitución Justicialista de 1949 en Argentina, derogada por la dictadura militar en 1956.
Por ello el Ministerio Público del Trabajo de la república hermana ha manifestado públicamente su oposición a la reforma y ve dos caminos posibles contra la misma: promover una acción directa de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal o iniciar acciones civiles públicas en instancias judiciales inferiores.
Más allá de la resistencia de las organizaciones sindicales, el gobierno ilegítimo y cuestionado por numerosos actos de corrupción de Temer ha logrado la aprobación de un proyecto de ley que implica la demolición del Derecho del Trabajo que desde 1943 –bajo la presidencia de Getulio Vargas- se codificó en la Consolidación de las Leyes del Trabajo. La ley no hace más que legalizar los objetivos que desde siempre persiguieron las grandes corporaciones: la tercerización sin límites, la posibilidad de imponer los salarios en forma unilateral mediante acuerdos privados, el debilitamiento y la virtual desaparición de los sindicatos en la determinación de los salarios y demás condiciones de trabajo.
Repercusión de la reforma brasileña en la Argentina:
Sin ninguna duda, el macrismo coincide con el gobierno de Temer en un proyecto socio-económico y político basado en la valorización financiera, el aumento de la plusvalía absoluta y la tasa de ganancia de las grandes empresas, lo que sólo puede ser logrado a través de la derrota política y social de la clase trabajadora y sus organizaciones.
Las consecuencias de la política económica desarrollada por el gobierno de “Cambiemos” están a la vista: el aumento del desempleo y de la precarización laboral, aumento de la inflación, baja del poder adquisitivo de los salarios con la consecuente caída del consumo interno, aumento exponencial de la pobreza y de la indigencia, brutal transferencia de ingresos del trabajo al capital, crecimiento de la cantidad de conflictos sociales y colectivos, baja de la actividad industrial y comercial, en un combo que no sorprende tanto como preocupa, que se retroalimenta y que no es el fruto de meros errores de concepción y de cálculo sino el resultado de un modelo que, precisamente, busca –en su costado laboral- el disciplinamiento de la clase obrera para la aceptación forzada de peores condiciones de trabajo y, mediante las mismas, poder retornar a los niveles históricos de la tasa de ganancia empresaria .
En dos años, el salario real de los trabajadores argentinos cayó 7,3 %, con picos de 13 % en los sectores menos calificados: portuarios, panaderos y trabajadores de la industria plástica. El promedio de aumento salarial en 2017 fue de un 23 a 25 %, cercano al índice de inflación proyectado hasta el resto del año; pero en el año anterior se estima que los salarios perdieron un 6 % respecto a la inflación.
El Derecho del Trabajo argentino es –a juicio de los ideólogos de la clase dominante- excesivamente rígido. La reducción de los salarios de los trabajadores argentinos –que consideran demasiado altos-, el aumento de la plusvalía absoluta y el incremento de la tasa de ganancia son los objetivos principales del gobierno actual.
Ya en Julio de 2016, el diario La Nación advertía que “las dificultades por las que atraviesa la economía debido a la herencia recibida, reclaman, entre otras necesidades, el aumento del empleo privado y una mejora de la competitividad. El cumplimiento de ambos objetivos permitirían absorber el empleo público excedente e incrementar genuinamente el nivel real de los salarios. Sin embargo, ninguno de estos propósitos podrán lograrse sin una reforma del modelo vigente de relaciones laborales en la Argentina. Se requieren modificaciones legales y estructurales, tanto en las reglas de alcance individual sobre el trabajador, como en las que hacen a los acuerdos colectivos. Si bien la creación de nuevos puestos de trabajo es consecuencia, principalmente, de la inversión y del crecimiento de la economía, las normas laborales juegan un papel importante. Deben ser lo suficientemente equilibradas para proteger a quienes aportan su trabajo, pero sin por ello alcanzar a desalentar la inversión ni afectar la productividad”.
Es por ello que el gobierno de Macri prepara una profunda reforma de la legislación que tratará de hacer aprobar por el Congreso después de las elecciones de Octubre. Se trata en realidad de un proyecto de reflexibilización, por cuanto se aplicaría a una fuerza de trabajo que ya se encuentra en gran medida flexibilizada desde los 90.
En efecto, en nuestro país existe el despido sin causa , y la indemnización prevista por el art. 245 de la LCT es insuficiente no sólo para reparar el daño causado, sino para permitir la subsistencia del trabajador y su familia durante un cada vez más prolongado tiempo de desempleo.
Sin haberse modificado la jornada de ocho horas aprobada en 1929 por la ley 11.544, la jornada de trabajo se ha alargado de hecho a través de los llamados “turnos americanos” de doce horas en la industria automotriz y otras actividades, y de la generalización de los turnos rotativos, por lo que el tiempo de descanso diario y semanal se ve disminuido.
La pregunta que debemos formularnos es: ¿qué es lo que quieren flexibilizar que ya no se encuentre flexibilizado?
La nueva flexibilización apunta a objetivos estratégicos de la clase dominante que no se circunscriben al Derecho Laboral, sino a la totalidad de la superestructura jurídica, que continúan y superan los exigidos por las transnacionales y los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial, etc.) en la década del 90.
Porque “las políticas neoliberales sustituyen a la ciudadanía por consumidores, a la ley por el contrato, a la lógica legislativa por la lógica contractual, al Derecho Público por normas privadas, la superioridad de los poderes ejecutivos sobre los legislativos, a las regulaciones laborales y derechos sociales por privatizaciones y desregulaciones, a la democracia representativa por disputas electorales y al Estado de Derecho por estados al servicio de las empresas transnacionales. El binomio democracia-desarrollo humano está siendo sustituido por elecciones formales-mercado”.
Y las exigencias de rebaja del “costo laboral argentino” y la recomposición de la tasa de ganancia apuntan a los siguientes objetivos:
1. La supresión de la indemnización por despido, que se pretende reemplazar con un fondo de desempleo similar al régimen de los trabajadores de la construcción, vigente desde 1967. Se trata de un objetivo de máxima de los sectores más concentrados y conservadores del capital nacional y trasnacional. La magnitud del despojo de derechos y de la derrota política y simbólica de los trabajadores que supondría semejante retroceso a la década del 30 (la primera ley que estableció la indemnización por despido sin causa fue la ley 11.729 de 1934) puede medirse por el hecho de que suprimiría la indemnización por despido arbitrario, cuando en virtud del Convenio 158 de la OIT nuestro país debería haber reconocido la estabilidad propia.
2. La sustitución de los convenios de actividad por los convenios de empresa o sectoriales, apuntando gradualmente al reemplazo de los convenios colectivos de trabajo por los acuerdos individuales de la empresa con los trabajadores.
3. La generalización de los contratos temporarios que irían sustituyendo al personal con estabilidad relativa por personal nuevo sin ningún tipo de estabilidad. En condiciones de aumento de la legión de desocupados, ésta presionaría en un sentido favorable a la reducción salarial y al acceso a nuevos empleos con contratos basura.
4. Otro objetivo del actual gobierno es eliminar la periodicidad anual de las paritarias. El poder ejecutivo no convocará más a las partes de los convenios colectivos para negociar un aumento salarial; sino que ello dependerá de la voluntad de las partes o de la capacidad de lucha de los trabajadores.
Una buena parte de las direcciones sindicales han venido aceptando los convenios de empresa desde los 90, e incluso acuerdos sectoriales in peius para los trabajadores, los que fueron homologados invariablemente por el Ministerio de Trabajo bajo diversos gobiernos. El objetivo de la “reforma” es fomentar estas prácticas mediante la firma de acuerdos simples, obviando el requisito de la homologación.
La flexibilización de hecho ha avanzado a través de acuerdos impulsados por el gobierno actual. Los principales ejemplos son: el acuerdo suscripto por las corporaciones y el sindicato de petroleros de Vaca Muerta en la Patagonia, y el acuerdo marco que –explotando la situación de endeudamiento de Sancor, entidad cooperativa integrada por productores lácteos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires- obliga al sindicato de los trabajadores lácteos ATILRA a abrir el convenio colectivo 2/88 a los fines de reducir los beneficios obtenidos en materia de descansos, licencias, pagos de horas extras, etc.
Como ocurriera en los 90, la flexibilización de hecho se anticipa y prepara las condiciones para la flexibilización de derecho.
Las posibilidades de implementar una reforma regresiva como la de Brasil depende de la correlación de fuerzas, de la capacidad de resistencia de las organizaciones sindicales y sus direcciones, y de la posibilidad de que se fortalezca un bloque legislativo de oposición en ambas cámaras que rechace estos proyectos. Es importante destacar que el nivel de sindicalización en Argentina alcanza al 37 %, en Uruguay el 34 %, mientras que en Brasil llega sólo al 17 % y en Chile al 14 % de los trabajadores ocupados, lo que permite medir comparativamente la fuerza de las organizaciones sindicales.
El nivel de informalidad laboral alcanza a un 33,8 % en la Argentina, y a un 36 % en Brasil, en ambos casos un elevado índice, que aumenta en la medida en que se acrecienta la precarización del empleo. Cuando el gobierno argentino se refiere a un “aumento” de la ocupación en el año 2017, oculta el hecho de que la mayor parte de los nuevos ocupados son monotributistas, es decir que se encuentran en situación de precariedad laboral, sin estabilidad ni aportes a la seguridad social. Las diferencias salariales entre los trabajadores registrados y los informales son muy importantes, además de existir una brecha considerable en perjuicio de las mujeres. Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, el promedio percibido por un trabajador varón registrado es de $ 17.038.-, mientras el de una trabajadora es de $ 13.587.- (diferencia entre un 21 y un 24 %). En el empleo informal, la brecha es de un 35 %, ya que mientras los varones perciben un promedio de $ 8.300.-, las mujeres $ 5.426.- En ambos casos, los salarios se ubican por debajo del actual salario mínimo, vital y móvil, que es de $ 8.860.- Existe una baja inserción de la tasa de empleo registrado de la mujer, que pese a representar más de la mitad de la población del país, alcanza sólo el 43,1 %, mientras la de los varones supera el 66 %, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de 2017. Cabe destacar que una familia requiere un ingreso de $ 15.245.- para no ser pobre; y $ 6.248 para no ser indigente.
La embestida contra los abogados laboralistas y jueces del trabajo y la escalada de represión contra los trabajadores (docentes, Pepsico y otros), así como la pretensión de naturalizar los despidos masivos, aumentando la legión de los desocupados –que se aproximan a los dos dígitos en todo el país- crean las condiciones para la rebaja salarial y el crecimiento de la redistribución regresiva del ingreso. Esta nueva realidad servirá de justificación para imponer los proyectos de flexibilización de las relaciones de trabajo, el autoritarismo patronal y debilitamiento de los sindicatos.
El gobierno argentino –a través del Presidente y del Ministerio de Trabajo- ha planteado que una reforma de la legislación laboral y la renovación de los convenios colectivos de trabajo son indispensables para la rebaja del costo laboral, a fin de que la Argentina no pierda competitividad en el mundo. El gobierno argentino se ha reendeudado compulsivamente, sigue una política de “metas de inflación”, fijadas en el pasado por el Consenso de Washington, y su economía será controlada nuevamente por la banca acreedora y los organismos internacionales de crédito; con su política de devaluación y libertad de importaciones ha promovido la desindustrialización del país, aplicando en la práctica la llamada ley de ventajas comparativas (“granero del mundo” o “supermercado del mundo”), la reducción de los salarios a través del aumento de la legión de desocupados hasta dos dígitos, la pulverización de los convenios de actividad mediante los acuerdos de empresa. Tal visión obedece a la lógica agro-exportadora del actual gobierno, que omite la necesidad del crecimiento del mercado interno, y la rebaja salarial no hará más que deprimirlo aún más, reduciendo nuestras posibilidades de desarrollo como país industrial. Pero el desarrollo industrial alcanzado y la estructura de clases generada por el mismo resisten; pues –como se ha señalado en opinión que compartimos- “a más desarrollo, más diversificación y menores posibilidades de volver al mítico pasado armónico. De hecho los países que menos diversificaron su estructura productiva son aquellos en los cuales la dominación social presenta menos resistencia y problemas de legitimación”
La ofensiva flexibilizadora como violación de los pactos internacionales de derechos humanos:
Tanto la reforma de la legislación laboral en Brasil como los proyectos del gobierno en la Argentina son violatorios de los pactos internacionales de derechos humanos, que ambas constituciones reconocen expresamente:
1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948 determina que “1.- toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2.- Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3.- Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4.- Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. La Declaración insta a los Estados a adoptar medidas progresivas de carácter nacional e internacional que aseguren el reconocimiento y aplicación universales de los derechos.
2. Recién a partir de 1966 -cuando se aprueban el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- se avanza desde el nivel de las declaraciones al de su concreción efectiva.
3. La libertad de reunión pacífica y asociación son derechos básicos de los trabajadores que han sido ratificados por organismos internacionales: A) La Asamblea del 14/9/2016 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; b) El OG 23 Art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por ambos países.
4. La prevención del fraude, la exclusión discriminatoria y la protección contra el despido arbitrario son expresamente reconocidos como derechos de los trabajadores en la Asamblea General de la ONU del 21/12/2005, Arts. 3 y 8; así como por la Resolución 32/3 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Asamblea General del 2016.
5. Pero no existe a nivel internacional la garantía de su cumplimiento. El Comité de Derechos Humanos creado por el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos sólo puede emitir dictámenes y no resoluciones que puedan imponerse a los Estados. No existe en el ámbito de las Naciones Unidas un poder jurisdiccional que tenga competencia para hacer cumplir estos Pactos y los principios consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Condiciones estructurales e ideológicas de la resistencia sindical y política de los trabajadores:
Las contrarreformas brasileña y las que se intentan imponer en Europa tienden a individualizar la relación de trabajo, aislando a los trabajadores, disolviendo el colectivo laboral, desregulando cualquier control sobre el ejercicio del poder empresario y facilitando actos de violencia privados tales como el despido.
No es lo mismo para una sociedad que los trabajadores tengan derecho efectivo a un puesto de trabajo estable, por tiempo indeterminado; que una realidad en la que la mayoría de los trabajadores se hallan precarizados en diversas formas: no registrados o “en negro”, pasantes, contratos de colaboración, etc.
No es lo mismo tener un dígito que dos dígitos de desocupación.
No es lo mismo trabajar 14 horas diarias, que hacerlo durante 6 o 35 semanales. Porque la reducción del tiempo de trabajo no sólo garantiza la salud física y psíquica de los trabajadores, sino que crea nuevos puestos de trabajo.
No es lo mismo garantizar la estabilidad o la propiedad del puesto de trabajo, conforme al Convenio 158 de la OIT, que tener un sistema jurídico basado en la inestabilidad en el trabajo. Porque la estabilidad en el trabajo y la ciudadanía en la empresa son los derechos que condicionan la posibilidad de luchar por otros derechos; y el trabajador que carece de estabilidad teme por su trabajo si decide organizarse para defender su derecho al salario, a condiciones dignas de trabajo, a una organización sindical libre y democrática,
No creemos tampoco en la flexsecurity, que algunos sectores políticos en la Unión Europea ven como una solución para el problema del creciente desempleo; creando puestos de trabajo inestables, asegurando una mayor flexibilidad en la entrada y salida de los trabajadores, convertidos en piezas descartables de la empresa, con la atenuante de un sistema de seguridad social que se encuentra amenazado por las medidas impuestas por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI. El profesor de la Universidad de Bolonia, Umberto Romagnoli, lo descalifica irónicamente en duros términos: “el proyecto de flexsecurity elaborado en la Unión Europea tiene las propiedades de un anestésico suministrado para obedecer a los dictámenes de una ética opaca. Sirve para amortiguar los daños sociales producidos por el retorno a las épocas en las que el principio de igualdad formal entre las partes dominaba sin matices el derecho del contrato de trabajo: también ésta es solidaridad”
Se pretende presentar al despido sin causa como un acto normal, políticamente neutro, derivado de exigencias organizativas, de la racionalidad y el cálculo económico de la empresa.
Se trata de convencer a la sociedad, y a los propios trabajadores que el despido es un hecho natural, casi fisiológico de la sociedad capitalista, y que debe ser aceptado sin resistencia alguna.
Los objetivos de estas reformas se concentran en despojar a la relación laboral de todo carácter colectivo, y particularmente eliminar todo obstáculo o regulación de los despidos colectivos (en nuestro país el procedimiento preventivo de crisis de empresas, en España expedientes de regulación de empleo), dejando a los empleadores las manos libres para las deslocalizaciones, cierres totales o parciales, fusiones, etc.
Gramsci decía que “el proceso de producción capitalista, considerado en su nexo complejo, es decir como proceso de reproducción, no produce sólo mercancías, no produce sólo plusvalía, sino que produce y reproduce la relación capitalista misma: de una parte el capitalista, de la otra el obrero. El proceso revolucionario se actúa en el campo de la producción, en la fábrica, donde las relaciones son de opresor y oprimido, donde no existe libertad para el obrero, donde no existe democracia; el proceso revolucionario se actúa donde el operario es nada y quiere ser todo, donde el poder del propietario es ilimitado, es poder de vida y de muerte sobre el obrero y su familia. En el fondo de cada problema de producción está el problema político, es decir el de las relaciones sociales, del funcionamiento orgánico de la sociedad. Para organizar seriamente la producción se necesita primero, o mejor contemporáneamente, organizar en relación a la misma a toda la sociedad, que en la producción tiene su expresión más genérica y directa. La producción es el alma de la sociedad, su símbolo más comprensivo e inmediato”.
“La reflexión sobre la relación entre política y producción determina que sólo partiendo de esta realidad es como la clase obrera, identificándose a sí misma como alternativa, puede integrar, organizar y dirigir otros estratos sociales intermedios, definiéndolos a la luz del puesto que ocupan en el proceso productivo respecto a la clase obrera”.
“El consejo de empresa da a la clase conciencia de su valor actual, de su función real en la sociedad, de su responsabilidad, de su futuro. La clase obrera trae la consecuencia de la suma de experiencias positivas que los individuos singulares cumplen personalmente, adquiere la psicología y el carácter de clase dominante, se organiza como tal”.
El capitalismo en su etapa actual tiende a descentralizar la empresa (tercerizaciones, empresas en red, etc.), fragmentando a la clase trabajadora, impidiendo que la fábrica o el lugar de trabajo sea el territorio donde los explotados tomen conciencia de las relaciones sociales, que siempre son relaciones de poder.
Se busca evitar la recomposición del sujeto de clase, la politización de las luchas y el desarrollo de las organizaciones sindicales, particularmente su expresión interna dentro de la empresa: las comisiones internas, de gran desarrollo en la Argentina.
En este contexto, los objetivos políticos de la clase dominante son tanto o más importantes que los económicos. Anular o debilitar la acción de los sindicatos, impedir que éstos puedan incidir en la fijación del salario real, en la lucha contra los despidos y por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, y cualquier propósito de participar en las decisiones organizativas de la empresa.
De esta forma se impide que los trabajadores puedan reflexionar sobre la relación entre política y producción, entre la organización de ésta y de la sociedad, sobre la contradicción entre una sociedad aparentemente democrática y una empresa autoritaria; entre el carácter de ciudadanos que se les reconoce en la sociedad, y el sometimiento al que se hallan sujetos en la empresa capitalista, hasta el extremo de que pueden ser desalojados de la misma sin que exista causa alguna.
Habrá quienes sostengan que la clase obrera ha desaparecido. Estas teorías sobre desaparición o dilución de la clase trabajadora reaparecen en períodos de bajo nivel de las luchas y de ofensiva de las derechas y el capitalismo, de repliegue y actitud defensiva de los trabajadores en un momento de ofensiva patronal.
Pero la historia ha demostrado que tal desaparición está muy lejos de haberse cumplido, y que en realidad se ha producido el fenómeno contrario: un mayor número de asalariados e incorporación de los técnicos a la clase trabajadora. Por otra parte, el repliegue de los sectores populares no implica que la lucha no vuelva a tomar nuevos impulsos y formas.
Existen condiciones específicas propias de la estructura sindical que determinan las posibilidades, las formas y el alcance de la resistencia de los trabajadores en ambos países.
En Brasil, a partir de la revolución de 1930, con la presidencia provisional de Getulio Vargas y luego el Estado Novo (1937) se impone un esquema corporativista “incorporando la clase obrera a la sociedad sin ruptura del orden social tradicional”. La Consolidación de las Leyes del Trabajo (1943) define los deberes de los sindicatos:
1. Colaborar con los poderes públicos para el desarrollo de la solidaridad social.
2. Promover la conciliación en los conflictos laborales.
Durante varias décadas, la democratización se detiene a las puertas de los sindicatos, manteniendo su dependencia del Estado como condición de su existencia. Luego del interregno democrático de Joao Goulart, donde se persigue revertir estas condiciones, con una mayor autonomía de los sindicatos, la dictadura militar iniciada con el golpe de 1964 aplica estrictamente la legislación del Estado Novo, destituyendo autoridades sindicales elegidas y reemplazándolas por interventores designados por el gobierno (536 casos).
La fundación de la CUT (Central Unica de Trabajadores) y del Partido de los Trabajadores por Luis Ignacio Lula Da Silva transforma y fortalece el poder sindical, pero sin producir una gran modificación en la estructura jurídica tradicional.
Pero en Argentina los sindicatos tienen una mayor presencia dentro de las empresas, pues los cuerpos de delegados y las comisiones internas adquirieron a partir del peronismo una importancia fundamental. El sindicato se conforma como una realidad interna dentro de la propia empresa, y en esto reside principalmente su fuerza, y no en una supuesta unidad por rama de la producción, que en realidad nunca ha existido. Por tal razón, la represión de la dictadura de 1976-1983 se concentró en las comisiones internas, más que en las direcciones sindicales, generalmente más negociadoras. De ahí la importancia de la actual resistencia de las comisiones internas (Pepsico y otras empresas), si bien no han alcanzado la importancia que tuvieron en los 60 y 70.
La tercerización es el principal instrumento de flexibilización, precarización y fragmentación de la clase trabajadora como sujeto social. No sólo tiene objetivos económicos como rebajar el costo laboral e incrementar la tasa de ganancia de las grandes empresas, sino objetivos políticos: fragmentar el colectivo laboral y debilitar la fuerza de los sindicatos.
Por eso la reforma laboral brasileña permite la tercerización hasta de la propia actividad principal de la empresa; y se prevé una representación no sindical de los trabajadores que negociarán condiciones de trabajo y salarios inferiores a los reconocidos por la ley y los convenios colectivos.
En la Argentina, el paro y movilización docente del 6, la imponente marcha convocada por la CGT el 7, y el paro y movilización de las mujeres del 8 de Marzo de 2017 muestran un punto de inflexión y un crecimiento del nivel de conciencia y capacidad organizativa de los trabajadores y los sectores populares.
En el plano sindical no sólo fueron rebasados los fines de la marcha, convocada por la jerarquía sindical para descomprimir la agudización del conflicto social. Lasa masas han puesto al descubierto el papel conciliador del triunvirato que dirige la mayor central sindical durante más de un año, que hicieron posible la enorme transferencia de ingresos desde el sector del trabajo a los capitales más concentrados, los despidos masivos tanto en el sector público como en las empresas privadas y demás medidas antipopulares pudieran ser concretadas sin mayores obstáculos por el gobierno. La huelga resuelta finalmente no ha conmovido en lo más mínimo la continuidad de los planes oficiales; dada la inexistencia de un plan de lucha que constituya una respuesta adecuada a la magnitud de la agresión desplegada contra los trabajadores.
No obstante ello, la resistencia se expresa en la acción de organizaciones sindicales nucleadas en la Corriente Sindical Federal, que se hallan dentro de la CGT, aunque no coincidan con la política negociadora de la actual dirección de la misma, en la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, y en la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que nuclea a trabajadores que se encuentran al margen de las empresas, sin relación de dependencia, que motorizan actividades productivas a través del trabajo autogestionario.
Los trabajadores azucareros de Ingenio Ledesma S.A., grupo económico perteneciente a Blaquier –responsable de desapariciones de obreros durante la dictadura cívico-militar- llevan adelante una huelga que lleva más de veinte días por aumentos de salarios en Jujuy, han realizado varias “marchas de la dignidad azucarera” y cortaron junto a sus familias la Ruta 34, enfrentando la represión del gobierno provincial de Gerardo Morales, el mismo que mantiene ilegalmente en prisión a la dirigente popular Milagro Sala, contra la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los trabajadores estatales y su organización ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) luchan contra los despidos y la precarización, reclamando recientemente a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires el pase a planta permanente de 19.500 trabajadores. Los trabajadores despedidos de Pepsico, luego de la toma de la empresa ante la notificación de los despidos y la dura represión de las fuerzas de seguridad, luchan por la expropiación de la planta que esa empresa cerró en Vicente López, Provincia de Buenos Aires.
En la Argentina –y también en otros países de América y Europa- se desarrolla un nuevo fenómeno social: los estudiantes luchan junto a los trabajadores contra la flexibilización laboral impuesta por los gobiernos neoliberales. El gobierno de Macri pretende obligar a los jóvenes del último año de la secundaria a trabajar en empresas sin remuneración alguna; siguiendo la opinión del ideólogo liberal Guy Sorman, quien decía hace unos años: “¿Cómo conciliar el mundo de la empresa con los jóvenes excluidos?. Si la escuela es obligatoria, ¿por qué la formación profesional en empresas no puede serlo?”. Los estudiantes secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizados en sus centros estudiantiles y en la Coordinadora de Estudiantes de Base, con el respaldo de una amplia multisectorial, manifestaron su rechazo a este proyecto de trabajo obligatorio sin paga alguna, ocupando 140 escuelas.
En la Argentina existe –como correlato de la restauración neoliberal- una desnaturalización del sistema republicano, basado en la inexistencia de mediaciones entre el poder económico y el poder político, reforzando el dominio total del capital más concentrado sobre los trabajadores y los sectores populares.
Las instituciones del Estado han quedado reducidas a un solo poder real: el Ejecutivo, que domina de hecho al Congreso, al que se le adjudica el rol de legitimar los cambios políticos, económicos y sociales regresivos, con la complicidad, la inacción o inocuidad del Poder Judicial.
Es el sistema democrático el que está en peligro cuando es el poder económico –en ejercicio del poder político, sin mediaciones, desde el propio Presidente hasta cada uno los ministros, CEOs o accionistas de la banca y grandes empresas- el que impone las reglas, la dirección fundamental, los objetivos centrales, con la apariencia o la ficción de que estas decisiones estarían respaldadas por la voluntad mayoritaria del pueblo expresada en elecciones. El pueblo sólo es reconocido por la clase dominante como “cuerpo electoral”, que desaparece apenas terminada una elección. Es por ello que la resistencia no sólo se expresa en una alternativa electoral de oposición, sino en la recuperación del protagonismo del pueblo en las luchas sociales y políticas para defender sus derechos económicos y sociales, y las libertades democráticas amenazadas.
El nivel de represión ha excedido los límites de un Estado de Derecho.
El caso Milagro Sala, dirigente social y política de la organización popular Tupac Amaru y diputada del Parlasur, ilegalmente detenida pocos días después de la asunción del gobierno, hoy vuelta a prisión después de una breve prisión domiciliaria que ha burlado las normas procesales vigentes tanto como su insólita revocatoria, implica una grave violación de la ley penal argentina y de los pactos internacionales de derechos humanos, y demuestra el grado de dependencia y degradación del poder judicial.
La desaparición forzada de Santiago Maldonado ejecutada por la Gendarmería Nacional determina la responsabilidad política y penal del gobierno argentino, que ha encubierto la responsabilidad de dicha fuerza, y significa un grave retroceso de nuestro país en materia de derechos humanos. Ella se produce en el marco de la represión de la comunidad mapuche y en momentos en que los terratenientes extranjeros y argentinos persiguen el desalojo de los territorios recuperados por las comunidades cuando en Noviembre caduque la ley que suspende los mismos. El art. 75 inc. 17 de la Constitución Argentina reformada en 1994 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, garantizando el respeto a su identidad y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. El Convenio 169 de la OIT resguarda el derecho de los pueblos indígenas, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas habla de restitución de territorios y recursos que tradicionalmente hayan poseído y hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados. El objetivo del gran capital es la reapropiación de la tierra, el avance de la frontera agrícola para desarrollar el modelo productivo basado en la agroindustria, la producción de agro-combustibles, la explotación minera a cielo abierto, con las consecuencias ambientales ya conocidas, que son parte de la destrucción del planeta. La lucha de los pueblos originarios por la recuperación y la preservación de sus comunidades, es por lo tanto una lucha por la defensa de la tierra, el agua y demás recursos naturales, contra la explotación y la lógica depredadora del capitalismo.
Las políticas de los gobiernos argentino y brasileño están destruyendo la economía real en aras del equilibrio fiscal, el poder de los bancos y el cobro de las deudas.
Es la libertad del hombre la que está en juego, cuando en nombre de la libertad de los mercados y los capitales se lo esclaviza, recortando o eliminando los derechos sociales.
Es por ello que en Argentina y Brasil, como en el resto de los países de América Latina, la resistencia deberá confluir en un bloque político y social de los trabajadores, los campesinos pobres y los sectores no comprometidos con los intereses imperiales, para luchar por el pleno reconocimiento de los derechos sociales y políticos, por la remoción de todos los obstáculos que se oponen a la democratización de las relaciones sociales y por la construcción de las bases de una sociedad igualitaria, sin explotación ni opresión.
