ANTEPROYECTO DE UN CÓDIGO DEL TRABAJO: OTRO ENGAÑO PARA LOS TRABAJADORES - Por Jorge Rendón Vásquez

 

ANTEPROYECTO DE UN CÓDIGO DEL TRABAJO: OTRO ENGAÑO PARA LOS TRABAJADORES

Por Jorge Rendón Vásquez

Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

 

El 13 de abril pasado, la Ministra de Trabajo y PE expidió la Resolución Ministerial Nº 092-2022-TR autorizando la publicación de un Anteproyecto de Código del Trabajo elaborado por una comisión de funcionarios de su Ministerio, sobre la base de los proyectos de Ley General de Trabajo redactados desde 2001.

El único argumento acotado para justificar este anteproyecto es la “dispersión normativa” laboral, que no es de fondo ni ha impedido su conocimiento ni aplicación por los interesados. El hecho de que las normas laborales provengan de fuentes distintas es normal en todos los países: fuentes constitucionales, internacionales y nacionales de varios niveles, incluida la jurisprudencia. Quienes se dedican profesionalmente a manejarlas no tienen problemas para hallar las normas pertinentes a cada caso e invocarlas. Además, hay compilaciones que las presentan con índices clasificados.

Por lo tanto, no es esta la causa por la cual se pretende agrupar la legislación laboral en una ley general o código.

Lo que, en realidad, se busca es convalidar en bloque la legislación del trabajo dada por los gobiernos de Fujimori y posteriores, perpetrada por estudios jurídicos defensores o asesores de empresarios para negarles a los trabajadores ciertos derechos muy importantes, incluyéndola en una ley general o código.

En 2001, cuando algunos dirigentes sindicales pidieron que estos derechos les fueran restituidos, el ministro de Trabajo de entonces, un abogado empresarial, les señaló el Consejo Nacional de Trabajo para concertar allí con los empleadores el texto de la legislación laboral. Y, entonces, apareció el proyecto de Ley General de Trabajo que un grupo de abogados había preparado por encargo del presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para ser debatido en ese Consejo.

Lamentablemente, los dirigentes de las centrales sindicales  se entregaron a estas negociaciones que eran una trampa, en la cual, al parecer, querían caer: 1) porque eran atraídos a la discusión innecesaria de toda la legislación laboral, en lugar de plantear las disposiciones concretas que se debía cambiar o modificar; 2) porque a los empresarios nunca se les ocurrió perder en la mesa de negociaciones las disposiciones contra los trabajadores que habían obtenido del gobierno de Fujimori y otros; y 3) porque todo el paquete de ley general o código de trabajo quedaba pendiente hasta que el Congreso de la República lo debatiese, lo que era incierto por la extensión del proyecto y la oposición de los intereses comprometidos.

Y así fue. Se elaboraron varios proyectos de Ley General del Trabajo con la oposición de los representantes de los empresarios que se negaron a conciliar las disposiciones fundamentales que favorecían a sus mandantes, a pesar de que la mayor parte del articulado restante, concertado con los dirigentes sindicales, también los favorecía. Ninguno de estos proyectos fue considerado ni por el Poder Ejecutivo, ni por el Poder Legislativo, por la decisiva labor de esclarecimiento emprendida por algunos juristas, y en particular por el suscrito, y por la denodada acción de numerosos dirigentes de federaciones y sindicatos para impedir que los trabajadores quedaran sometidos a una legislación que asegura su superexplotación y que perduraría, tal vez, por varias décadas.

Tal situación no ha variado para los trabajadores y, al contrario, se ha vuelto más riesgosa por la composición actual del Congreso de la República. Tampoco ha cambiado la lógica de la dirigencia de las centrales sindicales empeñada en la expedición de una ley general o un código del trabajo, consistente en pedir el cambio total de la legislación laboral para impedir así que puedan ser cambiadas las normas más perjudiciales a los trabajadores.

La dación del decreto supremo sobre la tercerización, 001-2022-TR, que ha modificado algunas normas del Reglamento de la Ley 29245, el que, infringiendo esta, promovían la superexplotación de los trabajadores tercerizados, hizo suponer que esa sería la manera en que la Ministra de Trabajo encararía el cambio o la modificación de las normas más perjudiciales a los trabajadores, emitidas desde la década del noventa, cambios que podrían hacerse por decreto supremo que ella podría tramitar y cambios por ley, la mayor parte, cuyos proyectos serían propuestos al Congreso de la República.

No será asi, sin embargo, porque el respaldo de la Ministra de Trabajo al proyecto de un Código del Trabajo no deja dudas sobre su renuncia a proseguir los cambios que la legislación laboral requiere, ya que es evidente que, para ella, al estar propuestos en el articulado del proyecto del Código de Trabajo que patrocina no cabe ya proponerlos o realizarlos por separado.

Lo menos que se puede pensar es que se ha entregado a la táctica de los dirigentes de las centrales sindicales quienes, pidiendo el todo, donde va lo nocivo para los trabajadores, tratan de disfrazar su oposición a los cambios puntuales, que sí podrían hacerse.

La pregunta que surge es si la Ministra de Trabajo ha leído los 440 artículos y 27 disposiciones adicionales de su proyecto y si sabe o prevé lo que harán con ellos los abogados de los empresarios en contra de los trabajadores y la duración de años y años de los procesos judiciales a que den lugar. Abro al azar ese mamotreto y leo el artículo 238º: “El pago (de la remuneración) a los trabajadores se acredita con la respectiva boleta de pago física o electrónica debidamente notificada al trabajador.” Y adios a la firma del trabajador en la copia de la boleta que es legalmente un recibo que debe ser firmado por el receptor de la suma adeudada para acreditar que el pago fue efectuado; por lo tanto, a los empleadores les bastará afirmar que la boleta fue notificada, como sucedía antes de que la boleta fuese creada en 1971, e, igualmente, con el trabajo en horas extras que no se pagaban porque el trabajador no firmaba la planilla de ingreso y salida del centro de trabajo, situación que terminó en 2004, otro aspecto ignorado por el dichoso proyecto de Código del Trabajo. Y ni qué decir de la parte relativa a la negociación colectiva que repite lo que la dictadura de Pinochet impuso en el Código de Trabajo de Chile.

Es lamentable que la Ministra de Trabajo le cree al Presidente de la República problemas como el indicado, coincidiendo en esto, en los hechos, con la encarnizada campaña que contra él lleva a cabo el poder empresarial a través de los congresistas que lo representan en el Congreso de la República y sus medios de prensa.

(Comentos, 23/4/2022)

EL SUBDESARROLLO DEL PERÚ Y LA UNIVERSIDAD - Por Jorge Rendón Vásquez

EL SUBDESARROLLO DEL PERÚ Y LA UNIVERSIDAD

Por Jorge Rendón Vásquez

 

No hay en el Perú suficientes candidatos con las calidades intelectuales, formación superior, independencia de criterio y sindéresis para cubrir los cargos con poder de decisión en los aparatos de producción y estatal y las cátedras universitarias.

¿Por qué?

Muy simple. Porque las universidades peruanas los han formado así y porque, después, en la práctica profesional, han perfeccionado sus deformaciones de origen, con algunas excepciones laudables debidas a la perspicacia y entereza de quienes comprenden que deben formarse o reformarse por sí mismos o irse a alguna universidad extranjera de prestigio. Esto quiere decir que hay, en nuestro país, una compatibilidad perfecta entre nuestro subdesarrollo económico, social e intelectual y la universidad.

Nunca, la universidad peruana estuvo al nivel de las universidades europeas o norteamericanas con menor puntaje en el ranking o con sus homólogas de Argentina, Brasil y México; y sus leyes orgánicas legalizaron este pasar, con excepción de la última de 2014 que instituyó, por lo menos, una entidad de control de su calidad.

Dentro de su inferioridad, la universidad peruana ha experimentado una crisis de crecimiento deformado, caracterizado por la confluencia de tres factores: la llegada a sus aulas de oleadas de jóvenes de las clases sociales postergadas; la inexistencia de un nivel de formación profesional intermedio; y el bajo nivel general de sus docentes.

1) Los descendientes de las castas raciales subyugadas durante el Virreynato y la República, convertidos en sujetos de las clases obrera, campesina y pequeño burguesa provinciana comenzaron, con derecho, a acceder en masa a la universidad a partir de la mitad del siglo pasado, tras haber pasado el ciclo de la educación secundaria que el Estado extendió por la necesidad de la oligarquía y el capitalismo emergente de contar con un mayor número de obreros y empleados con los conocimientos de base indispensables para el manejo de los instrumentos de producción y la documentación en las oficinas. Las universidades, casi todas públicas, se sobrecargaron año a año y, muy lentamente después, aumentaron su infraestructura y el número de sus docentes para recibirlos, aunque apelando más a la cantidad que a la calidad. Las oleadas anuales de nuevos postulantes a las univesidades se incrementaron por el crecimiento de la población.

2) Para los dirigentes del Estado, siempre fue desconocida la necesidad de contar con un nivel intermedio de formación profesional de técnicos y personal de encuadramiento. Las únicas realizaciones en este campo se debieron: 1) a la Sociedad Nacional de Industrias que promovió y financió en 1961 la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial (SENATI) para la formación de obreros calificados en diversas especialidades y al que se le dio como marco legal la Ley 13771: y 2) a la Embajada Francesa que, con la ayuda de las asociaciones industriales de Francia, creó un centro de formación de técnicos que funcionó hasta comienzos de la década del 80. Mucho después fueron creados otros centros similares por iniciativa privada. Las carencias en este nivel determinan que la mayor parte de jóvenes que concluyen la educación secundaria y pueden seguir estudios superiores se dirijan, como por un canal directo, a la universidad, más para promoverse socialmente con una profesión universitaria, por lo general con estudios librescos y ajena a la producción de bienes y servicios materiales, que para insertarse útilmente en el mercado de personal técnico.

3) En las universidades europeas, norteamericanas y las más importantes de América Latina para ser docente universitario es imprescindible el grado de doctor. Más aún, en esas univesidades, la vocación de los estudios y las tesis doctorales es formar sus docentes. Las leyes universitarias peruanas ignoraron esta exigencia fundamental y permitieron el ejercicio de la docencia universitaria con simples licenciaturas o títulos profesionales. Y, de entrada, así, la universidad peruana fue condenada irremisiblemente a mantenerse en el subdesarrollo. Recién, la ley universitaria de 2014 ha comenzado a exigir, por lo menos, el grado de magister para los niveles de profesores auxiliar y asociado y el grado de doctor sólo para el nivel de profesor principal. Sin embargo, por una disposición transitoria, esta ley les dio a los docentes sin el grado de magister el plazo de cinco años para obtenerlo, ante la perspectiva inmediata de dejar sin profesores a las universidades. Vencido este plazo sólo una parte de ellos pudo llegar a ese grado en programas de maestría pagantes, improvisados en parte  y truqueando sobre el conocimiento de otra lengua extranjera y con tesis discutibles por su baja calidad. A los demás, ese grado les es inalcanzable porque, por su formación anterior y la edad, su mente rechaza el estudio concentrado, el planteamiento de las hipótesis a desarrollar, el fichaje y la propuesta de consecuencias y conclusiones. A ello se ha añadido el sobredimensionamiento de la autonomía universitaria que, en la práctica cotidiana, se ha convertido en la autonomía personal de cada docente universitario para enseñar lo que quiera, sin relación con la función principal de la universidad, consistente en suministrar los cuadros que requieren los aparatos productivo y estatal y el desarrollo económico, social y cultural del país. Esta noción tiene como remoto antecedente la libertad de cátedra, reconocida por la Constitución de 1933, pero que fue entendida como la libertad de enseñar lo que el docente quería. La introdujo en la Constitución de 1979, como autonomía universitaria, un representante transfuga de varios partidos y alcohólico irredento, en ese momento aprista, como autonomía a secas, a la que otro representante le añadió, por fortuna, la condición de sujetarse a la ley, y así pasó a la vigente Constitución de 1993, que no se refiere para nada a la necesidad de hacer de la universidad un sistema cuya razón de ser sea el servicio a la sociedad y a su progreso en todos los campos del conocimiento.

En la década del noventa, el gobierno de Fujimori decidió incrementar la oferta del servicio universitario recurriendo a la creación de universidades privadas para acoger, sobre todo, a una creciente masa de postulantes salidos de la pequeña burguesía y de las clases trabajadoras que podían pagar las pensiones fijadas con criterio comercial. La autorización de funcionamiento de estas nuevas universidades fue encomendada a una comisión de cinco exrectores nombrados por la Asamblea Universitaria. Se crearon así, sin ton ni son, innumerables universidades con capitales privados de reducido monto. Se prescindió absolutamente de la calidad de los docentes. Como para serlo bastaba poseer un título universitario se improvisó docentes por doquier. Alguien dijo que los rectores de algunas de estas universidades se colocaban en la puerta de sus locales ofreciendo las plazas de docentes a cuanta persona  pasaba por allí. En algunas, privadas, los rectores llegaron a fijarse sueldos exhorbitantes. Y, por supuesto, la fortuna de los inversores aumentó de mes en mes por una demanda en aumento, estimulada por complacientes exámenes de ingreso y de las asignaturas, pensiones que debían pagarse sí o sí, sueldos de los “catedráticos”, no muy encima de la remuneración mínima, y por la colaboración del Estado que, por la Constitución (que para eso ha sido hecha así), exonera del pago de todo impuesto directo e indirecto a estas universidades. Firmes en su poder económico, algunos de estos propietarios tentaron suerte en la política y se convirtieron en jefes de partidos y representantes al Congreso.

¿Cómo sacar del subdesarrollo a la universidad peruana? ¿Cómo redirigirla a enseñar e investigar lo que nuestro país necesita? ¿Cómo hacerla que forme a los profesionales en la cantidad y calidad que requieren sus aparatos productivo y estatal, y no profesionales en exceso en ciertas ocupaciones, que devienen parasitarios, distrayendo una fuerza de trabajo necesaria en las actividades de producción? ¿Cómo arrancarla del interés, el autoritatismo y la comodidad de las camarillas de docentes parapetados en sus nichos autónomos?

La respuesta a estas preguntas conduce a fijarse en la normativa que legaliza tan absurda y lamentable situación. Es preciso reformar los artículos de la Constitución relativos a la educación y a la formación universitaria. Pero eso solo no bastaría.

Por una parte, es preciso crear en las capitales de departamento centros estatales de formación profesional intermedia con las especialidades apropiadas a las actividades productivas de cada región.

Por otra, se debe formar masivamente a los docentes que la universidad reformada requiere y, para ello, el Estado peruano debería financiar algunos centenares de becas anuales para hacer los doctorados en universidades europeas, norteamericanas, asiáticas y de ciertos países latinoamericanos, como Argentina, Brasil y México. La determinación de las universidades y especialidades de formación en esos países, los acuerdos con esas universidades y la organización de los concursos para seleccionar a los postulantes a las becas, de no más de 35 años, deberían estar a cargo de una entidad central, como el SUNEDU. Diez años después del comienzo de este proyecto, si se llevara a cabo, los nuevos docentes comenzarían a sacar a nuestro país del subdesarrollo.

(Comentos, 18/4/2022)