LA INFORMALIDAD
Jorge
Rendón Vásquez
Derecho
del Trabajo, Teoría General I (2007)
Es la
práctica de una actividad, el goce de una ventaja o la permanencia en una
situación sin sujetarse a las reglas que las rigen.
Tocante al ejercicio de una actividad económica pueden haber empresas total o parcialmente informales y trabajadores informales.
Una empresa es informal cuando
evade la aplicación de las disposiciones legales para obtener un provecho
económico ilegítimo.
Tres son las manifestaciones
de esta evasión: incumplir las leyes tributarias; inaplicar la legislación
laboral a sus trabajadores; y evitar los gastos y molestias del registro y
control. Sus grados y modalidades son variados, según las conveniencias de la
empresa infractora y la extensión y la eficacia del control estatal. Una
persona o un conjunto de personas que deciden situarse en la informalidad
empiezan por realizar sus actividades productoras de bienes o servicios,
prescindiendo de los registros iniciales en las dependencias pertinentes de la
administración pública. Puede suceder también que esas personas se registren,
pero que luego eludan las disposiciones tributarias y laborales[1].
La informalidad tiende a
aumentar cuan más pequeña es la empresa, y se hace casi general en las
microempresas.[2]
Los trabajadores son
informales si prestan sus servicios sin sujetarse a las disposiciones que les
son pertinentes. De hecho, los trabajadores de una empresa informal también lo
son. Los trabajadores independientes, cuya actividad económica es el empleo de
su fuerza laboral por cuenta propia, ingresan en el campo de los microempresarios
unipersonales, incluso si requieren el concurso de ayudantes.
En los niveles más bajos, la
informalidad es una manifestación del subempleo si la persona que practica
alguna actividad laboral lo hace como un trabajador independiente, por la que
recibe ingresos menores a la remuneración mínima vital. Es lo que sucede con
los millones de personas refugiadas en el comercio ambulatorio o en actividades
artesanales. Sólo eufemísticamente se les podría llamar empresarios.
Las causas de la informalidad
son inmediatas y mediatas. Su intensidad y amplitud son diversas, y pueden ser
concurrentes:
Son causas inmediatas:
1. Las restricciones o
dificultades y la exuberancia de los trámites para el registro en las entidades
del Estado: centrales, regionales o municipales, y para el suministro de
información a éstas, y su costo que puede ser elevado.
2. La posibilidad de practicar
la actividad empresarial con capitales relativamente exiguos.
3. Las dificultades para
conseguir crédito y el alto costo de éste.
4. El ejercicio de la
actividad económica con una formación profesional reducida, tanto en la fase de
producción como en la de comercialización, en Correspondencia con las
exigencias del mercado al cual se destinan los bienes materiales y servicios ofrecidos,
que, en su mayor parte, es nacional y de bienes de consumo personal.
5. La indiferencia estatal o el reducido apoyo prestado por
el Estado.
6. La evasión del pago de
impuestos, sobre todo si éstos son eleva-dos respecto de la magnitud de las
operaciones económicas que desarrolla la empresa, el trámite para declararlos y
pagarlos es complicado, y el control insuficiente.
7. La evasión del pago de
derechos sociales, particularmente si el control de las autoridades
administrativas de trabajo es insuficiente o nulo.
Como causas mediatas pueden
señalarse:
1. La inmigración del campo a
la ciudad.
2. El crecimiento de la
población frente a una insuficiente creación de puestos de trabajo.
3. La incorporación cada vez
mayor de la mujer al trabajo.
4. La centralización de las
actividades económicas en determinadas grandes ciudades.
La afluencia de mano de obra
frente a una reducida creación de puestos de trabajo suscita en muchos
empresarios una propensión a utilizarla super explotándola.
Desde el punto de vista
económico, la informalidad presenta los siguientes caracteres:
1) Es una expresión del
liberalismo, puesto que, excluida la intervención del Estado, las actividades
informales se rigen en ese nivel por las leyes del mercado. En relación al uso
de la fuerza de trabajo, ello que, siendo mayor la oferta de ésta sobre su
demanda, las remuneraciones tienden a descender hasta límites inferiores a los
niveles de subsistencia de los trabajadores y que la duración del trabajo se
prolonga más allá del límite máximo legal[3].
2) Los reducidos costos de
producción de las empresas informales, debidos a la inaplicación de la
legislación laboral, y, en diverso grado, tributaria, y a las exacciones de los
acopiadores de sus productos dan lugar a precios al público también bajos.
Estos precios, por la magnitud de la producción y del mercado informales tanto
en el campo como en la ciudad, contribuyen a determinar el costo de la fuerza
de trabajo, que se integra, en gran parte, por los precios de esos bienes y
servicios. Las remuneraciones tienden a ser fijadas siguiendo los niveles de
ese costo, que es bajo, lo que favorece, en definitiva, a las empresas de todo
tamaño[4]. En otros términos, el
monto de las remuneraciones reales, en el país, no puede separarse del nivel de
vida impuesto por la informalidad. Esta regula, en gran parte, la capacidad
adquisitiva general de la población y la mantiene embalsada en ese nivel.
3) El comercio informal,
además de ser un medio de distribución y venta de la producción de las empresas
informales, lo es también de la producción de las empresas formales,
particularmente de bienes de consumo. Por su extensión a la mayor parte de la
población, el comercio informal es un componente fundamental del mercado
interno.
4) El margen de ganancia de
los empresarios informales, descontada la parte aportada por su trabajo
personal, puede ser no menor que el de los empresarios formales, sobre todo por
la evasión tributaria y la superexplotación laboral. Ese margen de ganancia
permite una cierta tasa de acumulación que se vuelca en parte a la reinversión.
Se podría decir que es la tasa de ganancia arrojada por un capitalismo salvaje.
Es explicable, entonces, la
renuencia de los grupos gobernantes, vinculados a los grandes y medianos
empresarios, a desplegar una acción de control efectiva para atacar esa manera
de producir. La informalidad se extiende como la base de la estructura de
producción y comercialización de éstos, y como una fuente de ganancias organizada
sobre los niveles de remuneraciones determinados por los ínfimos costos de la
fuerza de trabajo derivados de los precios en el mercado informal.
La erradicación de la
producción y el comercio informales obligaría a incorporar en el precio de la
producción informal el monto de las sumas ahora escamoteadas que deberían pagar
sus consumidores. Esas sumas les son necesarias a los productores informales
para contar con los servicios de salud de la seguridad social, con pensiones de
vejez, de invalidez y de sobrevivientes, y con la posibilidad de una calidad de
vida mejor. A su vez, los consumidores presionarían para un aumento de sus
ingresos hasta el establecimiento de un nuevo equilibrio entre productores y
consumidores. El resultado sería el crecimiento del mercado y una elevación
general del nivel de vida de la población.
No se podría aseverar que la
erradicación de la informalidad podría ser total e inmediata. Pero tampoco
sería verosímil sostener que una campaña sistemática administrativa, pedagógica
y de control más enérgico y eficiente no la podría reducir con cierta celeridad[5].
[1] Al comenzar la década del 90', Hernando DE SOTO, un paladín
del liberalismo, propuso la erradicación de la informalidad, apelando a la
supresión de los innumerables trámites burocráticos para el registro de las
empresas. Véase El otro sendero. Sensibilizados por esta prédica, el Gobierno y
el Congreso de entonces expidieron varias disposiciones para aligerar los
procedimientos administrativos. Sin embargo, los empresarios informales no
demostraron la misma sensibilidad y la mayor parte de ellos prefirió continuar
en la informalidad. Tampoco los empresarios formales manifestaron entusiasmo
para combatirla, por su lealtad al liberalismo.
[2] Una clasificación legal (Ley 28015 de Promoción y Formalización de la Micro Pequeña Empresa, del 2/7/2003) agrupa como microempresas a las que tienen de uno a diez trabajadores y sus ventas anuales alcanzan un monto máximo de ciento cincuenta UIT (UIT: Unidad Impositiva Tributaria: 3400 nuevos soles en 2006, o 988 dólares USA); y como pequeñas empresas a las que tienen de uno de uno a 50 trabajadores y cuyas ventas anuales llegan como máximo a 850 UIT.
[3]
La abolición de
los derechos sociales patrocinada por la mayor parte de empresarios, obedeciendo
al credo liberal, trasladaría las relaciones laborales al plano donde las ha
colocado la informalidad; en otros términos, las retrotraería al siglo XIX.
[4] Véase n° 155. La importancia atribuida por el capitalismo inglés, en la primera mitad del siglo XIX, al precio de los alimentos determinó su exigencia de importar libremente trigo más barato del continente europeo.
[5] Con la Ley 28015, del
2/7/2003, se buscó formalizar a las empresas pequeñas y a las microempresas informales.
La ventaja más importante dada por ella a las microempresas fue una reducción
de los derechos sociales de los trabajadores por cinco años: 15 días de
vacaciones (en lugar de un mes); 15 días de remuneración por cada año de
servicios en el caso de despido arbitrario (en lugar de 45 días); y la
eliminación de las gratificaciones de Fiestas Patrias y de Fin de Año (un mes
de remuneración cada una), de la compensación por tiempo de servicios
(equivalente a la doceava parte de la remuneración anual) y de la remuneración
familiar (el 10% de la remuneración mínima por mes). El Ministro de Trabajo de
ese momento, Fernando Villarán, quien promovió la expedición de esta ley como
la suprema panacea para la ampliación del mercado interno, las exportaciones y
la tributación, había propuesto también una reducción de remuneración mínima
para esas empresas a casi la mitad de la remuneración mínima vital general,
posición que no fue admitida por el Congreso. Cuatro años después de haber
entrado en vigencia la ley indicada, apenas se habían registrado algunos
cientos de empresas informales de los varios cientos de miles que se dijo
existían. Este fracaso demostró que la reducción de la informalidad tiene muy
poco que ver con la disminución o eliminación de ciertos derechos sociales en
las microempresas. En realidad, lo que se quería con esta Ley era crear un
precedente para la supresión o reducción de los mismos derechos sociales en las
demás empresas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario