SITUACIÓN LABORAL: ÓPTIMAS SEÑALES PARA LOS EMPRESARIOS, PÉSIMAS PARA LOS TRABAJADORES Por Dr. Jorge Rendón Vásquez Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docteur en Droit por l’Université Paris I (Sorbonne)
La tramitación del Proyecto de Ley General del Trabajo me recuerda la famosa exclamación de Horacio, personaje de la tragedia Hamlet de William Shakespeare: “¡Hay algo podrido en Dinamarca!”.
En el acto I de esta obra, en el que Shakespeare introduce esta afirmación, se describen las intrigas palaciegas que llevan al asesinato del padre de Hamlet.
En nuestro país, asistimos a una trama semejante, mutatis mutandis, tejida entre algunos congresistas de la República y el Ministerio de Trabajo, cuyo propósito sería matar las esperanzas de doce millones de trabajadores de cambiar su lamentable situación con la nueva composición de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
En efecto, ese proyecto fue presentado el 2 de setiembre de este año por el Presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, del grupo parlamentario fujimorista, acompañado por las firmas de los otros miembros de su bancada, de la bancada nacionalista, excepto Emiliano Apaza Condori, y de los demás integrantes de esta Comisión pertenecientes a otros grupos.
Simultáneamente, el Ministro de Trabajo constituyó un equipo de seis abogados: tres asesores de empresarios y tres connaturales del sistema para revisar el Proyecto de Ley General del Trabajo, —el presentado en el Congreso, pues no hay otro, en cuya redacción inicial habían intervenido cuatro de ellos.
Esta coincidencia no es casual. Ni en la economía ni en la política suele intervenir el azar, salvo cuando se ignora una o más causas de los hechos. Si alguna duda le cupiera a alguien, ella se disiparía con la presencia del Presidente del Congreso de la República y jefe del grupo parlamentario nacionalista en el lanzamiento público del Proyecto de Ley General del Trabajo en la Oficina Regional de la OIT, cerrada al público —con el beneplácito de esta entidad, se presume, que ya estaba extrañando la iluminación publicitaria. En otros términos, habría un acuerdo para llevar adelante ese Proyecto, que es nada más que la repetición de la legislación del trabajo expedida en la década fujimorista, complementada en la década siguiente, con el ánimo de consolidarla como un texto único, inconmovible per secula seculorum. Esa común intención, no había sido anunciada en el período prelectoral.
En su “Propuesta”, el Partido Nacionalista ofreció la siguiente declaración sobre las relaciones laborales: “La promoción del emprendimiento y el trabajo decente para los peruanos que labran el futuro desde todos los rincones de la patria, así como salarios justos y pensiones dignas para una vejez sin sobresaltos”, una escueta promesa con la difusa consistencia de una nube, a la que, no obstante, la mayor parte de trabajadores concedió una lectura optimista, justificadora de su preferencia por el candidato nacionalista frente a los candidatos de la derecha, patronales hasta la médula. Luego de la primera vuelta, el apoyo al candidato nacionalista se convirtió en un deber cívico de los trabajadores para impedir el triunfo de la hija dictador Fujimori, apoyado por la derecha ultramontana y su poder mediático.
Y este candidato ganó en segunda vuelta, con una ventaja de 2.9%.Tras anunciarse el resultado oficial de las elecciones, el panorama político del país cambió cualitativamente para los trabajadores. Con su permanencia asegurada en el Poder Ejecutivo y en el Congreso de la República por los cinco años siguientes, a ciertos dirigentes y representantes del Partido Nacionalista cesó de serles necesario el apoyo de los trabajadores.
Más importantes para ellos son los empresarios, con cuyos exponentes teóricos y prácticos han constituido un cogobierno de hecho. El Proyecto de Ley General del Trabajo forma parte de este panorama. Cuando los trabajadores y quienes los defendemos desde la cátedra y la actividad profesional planteamos la modificación puntual de las normas de la legislación laboral más perniciosas para ellos no pedimos, sin embargo, mucho. Personalmente, yo admito la economía de mercado, pero complementada con el ingrediente social, vale decir con una remuneración y derechos sociales que procuren a los trabajadores y sus familias una remuneración equitativa y suficiente y el bienestar material y espiritual, como dispone el art. 24º de la Constitución Política, pese a su sesgo liberal. En el campo económico, los ingresos laborales se convierten en capacidad de compra Y esto, que no es una exageración, implica exigir sólo una reducción de la superexplotación de la fuerza de trabajo, cuyo efecto será una ampliación del mercado interno, seguida del aumento de la producción. Aunque el alza de la remuneración mínima decretada cumple esta finalidad, llega como la solitaria concesión de una capacidad de compra de desesperante subsistencia a millones de trabajadores.
Precisadas así las reglas del juego y para cambiar la correlación de fuerzas que les es desfavorable, los trabajadores deberían incrementar sus conocimientos, aguzar la claridad de sus ideas y fortalecer su unidad organizativa. De lograrlo, se convertirían en el contrapeso social de los empresarios, con la fuerza suficiente para defenderse de la explotación y la arbitrariedad patronales, y obligar a los poderes Legislativo y Ejecutivo a legislar y gobernar a favor de sus derechos, intereses y expectativas de mejora. La llamada inclusión social es asistencialismo a los grupos marginalizados de la economía. Los trabajadores no buscan compasión ni asistencialismo; quieren una participación en el producto equivalente a su aporte en la actividad productiva.
El primer resultado de la acción de los trabajadores opuestos al patronal Proyecto de Ley General del Trabajo ha sido lograr que la Comisión de Trabajo del Congreso de la República disponga su publicación en el diario oficial “El Peruano”, venciendo la resistencia de su presidente, del grupo fujimorista, empeñado en hacer aprobar ese Proyecto entre gallos y medianoche.
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